Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) usará los fondos previsionales de las petroleras nacionalizadas Transredes y Chaco para pagar los adeudos tributarios que éstas tienen con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por más de 246,5 millones de bolivianos.
El ministro del Hidrocarburos, Carlos Villegas, aseguró ayer que en el momento de la nacionalización se establecieron recursos para ese tipo de contingencias fiscales por parte de esas empresas.
La autoridad fijó esa posición luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor del SIN en el proceso que seguía contra Transredes, Chaco y Maxus por un valor de 306,5 millones de bolivianos.
Hace más de dos años, la entidad recaudadora inició procesos contra esas compañías, además de Maxus, por la omisión del pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el Impuesto a las Transacciones (IT) al gas licuado de petróleo y por crédito fiscal indebido, entre otros, por un valor aproximado de 306,5 millones de bolivianos.
El 2 de junio de este año, el Gobierno nacionalizó todas las acciones de la transportadora de hidrocarburos Transredes luego de que fracasaran las negociaciones con su ex dueño TR Holding, consorcio formado por la británica Ashmore y la petrolera anglo-holandesa Shell. Meses después llegó a un arreglo con la segunda de esas socias, con Ashmore, el diálogo continúa.
El 1 de mayo, el Ejecutivo nacionalizó también el 1,08 por ciento de las acciones en Chaco para lograr mayoría accionaria. Las negociaciones continúan y el Gobierno espera llegar a un buen término.
Éste es el segundo proceso que vence el SIN a las petroleras. En uno anterior, en febrero, también venció en la competencia en esa disciplina.
Más datos
Durante la nacionalización, el Gobierno reservó un monto para cubrir contingencias.
De allí sacarán los recursos para responder a la demanda de Impuestos.
Transredes adeudaba alrededor de 200 millones de bolivianos aproximadamente.
Chaco debía alrededor de 47,3 millones y la extranjera Maxus, unos de 59,1 millones.
Las dos primeras pasaron a manos del Estado entre mayo y junio de esta gestión.
Así, YPFB tiene mayoría accionaria y puede decidir las políticas internas a aplicarse.
El ministro del Hidrocarburos, Carlos Villegas, aseguró ayer que en el momento de la nacionalización se establecieron recursos para ese tipo de contingencias fiscales por parte de esas empresas.
La autoridad fijó esa posición luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor del SIN en el proceso que seguía contra Transredes, Chaco y Maxus por un valor de 306,5 millones de bolivianos.
Hace más de dos años, la entidad recaudadora inició procesos contra esas compañías, además de Maxus, por la omisión del pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el Impuesto a las Transacciones (IT) al gas licuado de petróleo y por crédito fiscal indebido, entre otros, por un valor aproximado de 306,5 millones de bolivianos.
El 2 de junio de este año, el Gobierno nacionalizó todas las acciones de la transportadora de hidrocarburos Transredes luego de que fracasaran las negociaciones con su ex dueño TR Holding, consorcio formado por la británica Ashmore y la petrolera anglo-holandesa Shell. Meses después llegó a un arreglo con la segunda de esas socias, con Ashmore, el diálogo continúa.
El 1 de mayo, el Ejecutivo nacionalizó también el 1,08 por ciento de las acciones en Chaco para lograr mayoría accionaria. Las negociaciones continúan y el Gobierno espera llegar a un buen término.
Éste es el segundo proceso que vence el SIN a las petroleras. En uno anterior, en febrero, también venció en la competencia en esa disciplina.
Más datos
Durante la nacionalización, el Gobierno reservó un monto para cubrir contingencias.
De allí sacarán los recursos para responder a la demanda de Impuestos.
Transredes adeudaba alrededor de 200 millones de bolivianos aproximadamente.
Chaco debía alrededor de 47,3 millones y la extranjera Maxus, unos de 59,1 millones.
Las dos primeras pasaron a manos del Estado entre mayo y junio de esta gestión.
Así, YPFB tiene mayoría accionaria y puede decidir las políticas internas a aplicarse.
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