Incahuasi: El plazo a YPFB corre desde el 22 de marzo

¿Y LAS REGALÍAS?

Hasta que la Gobernación de Chuquisaca no active una acción popular, que podría dejar en suspenso este pago, Santa Cruz seguirá cobrando las regalías que genere el campo gasífero Incahuasi.

El plazo de 30 días que dio un juez a YPFB para que elabore un nuevo estudio sobre la delimitación del campo Incahuasi corre oficialmente desde el pasado 22 de marzo, según informó ayer la Gobernación de Chuquisaca, tras algunas declaraciones que alertaron que este plazo ya estaría por vencerse.

El 8 de marzo, el juez público 4° de Familia constituido en Tribunal de Garantías, Wilfredo Núñez, llegó a la conclusión de que YPFB vulneró el derecho al debido proceso al proporcionar límites referenciales para el estudio que otorgó a Santa Cruz el 100% de la propiedad del campo Incahuasi, y conminó a realizar un nuevo estudio sobre Incahuasi.

“Se ha dispuesto que YPFB dentro de un término de 30 días elabore un nuevo estudio y de los resultados de este trabajo se proceda a determinar si efectivamente Chuquisaca no tiene derecho alguno a percibir regalías o por el contrario sí”, sostuvo en ese entonces Núñez.

El portavoz jurídico de la Comisión para la defensa del Campo Incahuasi, Germán Gutiérrez, dijo el miércoles que el plazo de 30 días que dio el juez a YPFB estaba al borde de cumplirse.

“Los plazos son inamovibles, irrevisables y tienen que cumplirse sí o sí y repito habrá que consultar esta vez a la Gobernación qué seguimientos está haciendo para que no nos metan gato por liebre como sucedió la anterior vez”, señaló.

Sin embargo, ayer, el secretario Departamental Jurídico, Armin Cortez, informó que el plazo corre desde el 22 de marzo, fecha en la que se notificó a las partes con el resultado de la enmienda y complementación que interpuso la Gobernación.

La sentencia ahora radica en el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuya Comisión de Admisión todavía no efectuó el sorteo del caso al magistrado relator.

En materia de amparos constitucionales, como es el que presentó la Gobernación para invalidar el estudio de YPFB sobre Incahuasi, la norma establece un plazo de 30 días para pronunciarse una vez que sea sorteado el juez relator.

Hay una salvedad, sin embargo. El plazo puede ampliarse en casos excepcionales por 15 días más.

El Tribunal Constitucional tardaba de dos años y medio a tres años para pronunciarse por la carga procesal que tenía, pero ahora está resolviendo estos casos dentro de cinco a seis meses.

Cortez dijo que YPFB no tiene excusas para incumplir el plazo pese a que incluso la resolución del juez fue remitido en revisión al Tribunal Constitucional.

“Si YPFB se negase a cumplir la resolución de amparo constitucional nosotros tendríamos que accionar inmediatamente un proceso penal por incumplimiento a resoluciones judiciales en contra del Presidente Ejecutivo de YPFB para que cumpla”, sostuvo.

Comisión pide procesar a Achá

La Comisión técnico jurídica para la defensa del Campo Incahuasi planteó procesar penalmente al presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, por incumplir la Ley de Hidrocarburos al descartar el traslado de la Gerencia de Redes y Ductos, de La Paz a Sucre.

El portavoz jurídico de la Comisión para la defensa del Campo Incahuasi, Germán Gutiérrez, expresó que Achá respondió al pedido de cumplir la ley pero habría descartado esa posibilidad.

"El Presidente (de Yacimientos) nos respondió, y con esto ya lo procesaba penalmente, dice que administrativamente han cambiado la estructura de YPFB (...)", afirmó Gutiérrez al denunciar que Achá se arroga ilegalmente una función que le compete a los parlamentarios.

En octubre pasado, el vicepresidente Álvaro García Linera se reunió con los representantes de Chuquisaca y en esa oportunidad, habría dicho que la ley es para cumplir y que este tema va a ser respondido y comunicado por el propio presidente Evo Morales en una próxima oportunidad.

Según Gutiérrez, la Gerencia de Redes y Ductos de YPFB actualmente funciona en La Paz con 300 funcionarios.

La Gerencia Nacional de Redes y Ductos, que debería estar en Sucre así como funcionan otras reparticiones similares de YPFB en los demás departamentos productores e incluso en La Paz, por mandato de la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005.