Además de los ex presidentes, ejecutivos de las empresas petroleras extranjeras también son acusados y podrían ser enjuiciados por el presunto delito de contratos lesivos al Estado, pues suscribieron contratos hidrocarburíferos entre 1997 y 2004.
Casi 40 ejecutivos de las empresas petroleras forman parte de la lista de acusados en la proposición acusatoria del Ministerio Público. Éstos pueden ser enjuiciados por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
El Estado boliviano firmó con las empresas petroleras contratos de riesgo compartido para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos en diferentes campos del territorio nacional.
Estos contratos, que de acuerdo al artículo 59 de la Constitución abrogada debieron ser autorizados y aprobados por el anterior Congreso, no fueron enviados a esa instancia, según señala la acusación fiscal, elemento considerado irregular.
Asimismo, refiere que los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Además, ninguna concesión o contrato puede conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos.
Por lo tanto, la exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados corresponden al Estado.
La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Cámara de Diputados analiza actualmente la solicitud de la Corte Suprema de Justicia, en la que pide que la Asamblea Legislativa Plurinacional, ex Congreso Nacional, autorice el enjuiciamiento de los ex presidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga Ramírez y Gonzalo Sánchez de Lozada, quienes según el fiscal general, tienen responsabilidad penal en la suscripción de los contratos.
La comisión, tras analizar el requerimiento fiscal, puede determinar recomendar al plenario de la Asamblea Legislativa la “autorización” para el enjuiciamiento de los acusados, por encontrar suficiente materia justiciable o en su caso puede plantear el rechazo a la petición.
Si la Asamblea autoriza el juicio, el caso volverá a la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo, para el inicio del juicio de responsabilidades.
Si bien los ex presidentes y ex ministros gozan de “juicio de privilegio” en aplicación de la Ley 2445, el resto de los acusados ex viceministros, ex presidentes de YPFB y ejecutivos de las empresas petroleras serán procesados de forma conjunta en la Corte de Justicia.
Son varias las empresas petroleras que están incluidas en el requerimiento (ver lista).
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