La Asociación de Surtidores (Asosur) le puso precio a las estaciones que administra, pero aún no logró un acuerdo para ajustar el proyecto de ley de Desarrollo de las Fronteras, que se encuentra en análisis en la Cámara Alta.
La futura norma entre otros puntos plantea la expropiación de estaciones de servicio ubicados en frontera.
La gerente general de Asosur, Susy Dorado, explicó que el costo de una estación de servicio varía entre 400 mil y 1,3 millones de dólares, dependiendo de su ubicación, la infraestructura construida y el número de bombas con las que cuenta, entre otros aspectos a tomar en cuenta.
El asesor jurídico de Asosur La Paz, Pedro Pérez, informó que existe la posibilidad de conformar una comisión técnica con participación de ejecutivos de YPFB para “ver precios”.
El proyecto de Ley plantea la expropiación de surtidores que se encuentren en zonas fronterizas, por utilidad pública.
Según el ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, las estaciones de servicio en esas localidades no son más de 23.
Ayer, representantes de Asosur y el ministro Gutiérrez se reunieron para operativizar la aplicación de la norma, la cual pese a las observaciones de los dueños de estaciones de servicio seguirá su curso de aprobación, por lo que las partes no llegaron a ningún acuerdo.
Dorado manifestó que por determinación de una asamblea se decidió suspender la devolución de las licencias de funcionamiento de los surtidores, mientras dure la negociación con el Gobierno.
Contrariamente en La Paz la organización aún mantiene puestas a la venta todas sus estaciones de servicio.
Pérez indicó que su sector está de acuerdo con una trasferencia voluntaria de los surtidores y no así con una expropiación.
Gutiérrez explicó que el diálogo no se agotó, en oportunidad del encuentro de ayer se propuso instalar un sistema tecnológico que permita otorgar facturas y una base de datos controlada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Así también, dijo, que se planteó sistematizar las ventas de combustible y registrar a los compradores para evitar el contrabando. “El problema es el destinatario, que si resulta un contrabandista el vendedor también queda implicado en el delito”, dijo.
No obstante, la autoridad garantizó la provisión de combustible a la población sin importar quién administre las estaciones. “(Las estaciones ) no se van a cerrar, habrá continuidad en el servicio, de eso los bolivianos deben estar tranquilos y seguros”, precisó.
23
son los surtidores que se ubican en zonas fronterizas y son pasibles a expropiación.
El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Roberto Ugarte, informó que gracias a dos operativos realizados para verificar la emisión de facturas, se permitió reflexionar a los propietarios a cumplir con esa obligación porque regularizaron su accionar.
Sin embargo, se proseguirá con los controles respectivos.
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