Si bien existen normas que establecen un uso específico para estos recursos, se empleará una parte en el pago de una renta para mayores de 60 años. Tres expertos sugieren que el dinero se invierta en sectores estratégicos para la producción y el desarrollo.
“Todos los beneficiarios destinarán los recursos recibidos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo”, señala un fragmento del artículo 57 de la Ley 3058.
Denuncias de ida y vuelta entre el Ejecutivo y las regiones, municipios y universidades con respecto al uso de estos recursos; el anuncio de que el 30% del IDH será destinado al pago de la renta Dignidad para los mayores de 60 años y un proyecto de ley para financiar rentas a los heridos y familiares de los fallecidos en la guerra del gas con una parte del impuesto han develado que la disposición de este dinero carece de una estrategia, pese a lo que instruye la norma.
Horst Grebe, economista y ex ministro de Desarrollo Económico, sostiene que, en lugar de ampliar las capacidades de inversión, “hay una tentación de parte de los gobiernos de asignar el gasto para fines de efecto político”, como sucedió con el Bonosol, el Bolivida y ahora con la renta Dignidad.
La ex autoridad afirma que los recursos del IDH tienen un destino establecido que se debe respetar.
“Cuando el Gobierno decide sin un mecanismo legal cambiar el destino del IDH está lesionando el acuerdo que hubo en el referéndum (del gas) y después en la Ley de Hidrocarburos”, agrega.
Mientras, el economista y ex ministro de Finanzas Juan Cariaga indica que el dinero se debe invertir en la compra de bienes de capital, “porque esto es lo único que hace crecer la economía”. “No debe usarse para el gasto corriente ni mucho menos para el pago de bonos, porque éstos no contribuyen al crecimiento de la economía”.
Cariaga plantea que el uso de los recursos esté dirigido a la inversión en rubros como la agricultura, la minería o el turismo, todos ellos con grandes posibilidades de generar crecimiento y empleo.
Andrés Soliz Rada, ex ministro de Hidrocarburos, cuestiona el destino que se está dando al IDH y se pregunta si el Gobierno ha contemplado invertir estos recursos en el desarrollo de proyectos para el sector energético.
Este medio solicitó entrevistas con los ministros de Hidrocarburos (Carlos Villegas) y de Hacienda (Luis Arce) y con el presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-YPFB (Guillermo Aruquipa) para conocer la estrategia gubernamental sobre el uso de los recursos del IDH.
Ninguna de estas autoridades atendió el requerimiento. El primero se encontraba fuera del país y los segundos, a través de sus respectivas asesorías de Comunicación, señalaron que no tenían espacio en sus agendas.
No obstante, en el capítulo séptimo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) —que se presentó en junio del año pasado—, referido a la Sostenibilidad Macroeconómica, Institucional y Política, el Ejecutivo afirma que la distribución del IDH no siguió la lógica de emplear este dinero “en la solución de los problemas económicos y sociales fundamentales”.
A continuación, el PND anunciaba un proyecto de ley que sería propuesto por el Gobierno para obligar a prefecturas, municipios y universidades a utilizar los recursos del IDH “exclusivamente en actividades productivas que generen empleo e ingresos”.
“Por otro lado, se acepta esta distribución y usos hasta el 2006. A partir del 2007, a través de un proyecto de ley, se propondrá la conformación de un Fondo de Desarrollo Productivo y generación de empleo con recursos provenientes de recursos adicionales, resultado de nuevos proyectos de exportación e industrialización del gas natural” , agrega el texto.
A la fecha, se desconoce si estos proyectos de ley mencionados en el PND están siendo trabajados. La única modificación a la distribución del IDH planteada por el Gobierno es la que asigna un 30% del IDH al pago de la renta Dignidad para los mayores de 60 años.
En el caso de las regiones, Horst Grebe indica que el problema con el uso de los recursos en estos ámbitos es que las disposiciones legales vigentes no han sido complementadas con el necesario reforzamiento de la capacidad institucional de los gobiernos locales.
“En parte, el Gobierno tiene razón, hay una ejecución insuficiente de algunas regiones, pero eso no es exclusivamente atribuible a éstas. Por una parte hay impedimentos burocráticos en el Gobierno central. Por otra parte, hay deficiencias institucionales en las regiones”.
Mientras, Juan Cariaga remarca que es importante que el Ejecutivo “desarrolle pautas obligatorias de cumplimiento para que la mayor parte de estos recursos sean utilizados en inversión y no en gasto corriente”, tanto en prefecturas, municipios y universidades como por el propio Tesoro General.
EL IDH
Norma • El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) fue establecido en el artículo 53 de la Ley 3058, de Hidrocarburos. La alícuota del tributo es del 32% del total de la producción de energéticos en el punto de fiscalización.
Distribución • El decreto 28421 establece la distribución del impuesto a prefecturas, alcaldías, universidades y al Tesoro. También define los marcos de inversión, el control y penalizaciones al uso incorrecto de los recursos.
Cambio • El lunes 15, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de la Renta Universal, que establece el pago mensual de Bs 200 a los mayores de 60 años que no tienen jubilación. Uno de los financiadores de esta renta es el IDH.
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