lunes, 22 de octubre de 2012

LEY obliga auditoría a explotación de los hidrocarburos y minerales

La Ley de la Madre Tierra busca mitigar los impactos ambientales que ocasiona la explotación de recursos no renovables en el territorio nacional.

La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien establece que se auditarán las actividades de extracción de minerales e hidrocarburos para preservar el medio ambiente de las comunidades.

La norma en vigencia tiene por objetivo establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, y garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas del entorno natural.

El artículo 26 de la ley señala que: “Los procesos productivos mineros e hidrocarburíferos se desarrollarán en el marco de instrumentos específicos de regulación y gestión de los sistemas de vida, que estarán sujetos a procesos de monitoreo técnico integral recurrente y a auditorías de los sistemas de vida con participación de la población afectada por estos procesos productivos”.

Las auditorías ambientales se realizarán en relación con las normas y procedimientos de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

En ese sentido, se establece que los procesos de extracción de los recursos naturales se harán de manera gradual y progresiva, mediante el uso de tecnologías adecuadas y limpias que contribuyan a reducir los impactos ambientales.

Según la ley, las comunidades indígenas retrasan la aprobación de algunos proyectos estratégicos para el Estado porque piden que se respete el derecho a la consulta.

Con la aprobación de esta norma se garantiza que la explotación de los recursos no renovables beneficien de manera equitativa a todos los pueblos indígenas.

Las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras o cooperativas, que desarrollen actividades o proyectos extractivos, deben realizar procesos de restauración de las zonas de vida y de mitigación de daños.

Una de las actividades que genera mayor impacto ambiental es la minería, en ese entendido, los pequeños productores del sector y cooperativas llevarán a cabo los procesos de mitigación de manera conjunta con las comunidades en las que explotan los recursos.

“Las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras o cooperativas mineras e hidrocarburíferas, que ocasionen daños irreversibles a los componentes de la Madre Tierra, serán sujetas a responsabilidades de acuerdo con la ley específica”, señala la ley.

En el caso del acceso al agua en todos sus ciclos, superficiales y subterráneas, éste no podrá ser privado ni mercantilizado, y estará sujeto a las autorizaciones dictadas por una ley específica.

Respecto del uso de los bosques, éstos se explotarán de manera sostenible y en favor de los pueblos indígenas.


Distribución equitativa de tierras fiscales

En el artículo 28 de la Ley de la Madre Tierra se sientan las bases para el Vivir Bien, a través del desarrollo integral en tierra y territorio.

“Las tierras fiscales serán dotadas, distribuidas y redistribuidas de manera equitativa con prioridad a las mujeres, pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas que no las posean”, menciona la ley.

El Gobierno garantizará instrumentos técnicos y jurídicos sobre el uso de la tierra que se ajusten a las características de cada zona y tomen en cuenta el ciclo productivo de la región.

De acuerdo con informes del Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, los pequeños productores son los que garantizan la seguridad alimentaria y por lo general no producen en más de cinco hectáreas.

Con el precepto se analizará el proceso de redistribución equitativa de las tierras fiscales, principalmente a los pequeños productores de alimentos, quienes dan prioridad a los cultivos orgánicos.

Sobre los impactos del cambio climático, producto del calentamiento global, se desarrollarán técnicas de monitoreo para tener pronósticos del tiempo y planificar la producción.

También se promoverán la recuperación y aplicación de prácticas, tecnologías, saberes y conocimientos ancestrales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Y se creará la Unidad del Observatorio de Producción de Alimentos, que permitirá identificar los impactos del cambio climático.

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