Las autoridades del Gran Chaco cerraron filas en torno a la defensa del 45% de las Regalías y no darán lugar a la discusión del proyecto de ley que propone la redistribución de ingresos por ese concepto.
En el marco de la reunión de autoridades del Gran Chaco, realizada en Caraparí, el ejecutivo regional José Quecaña expresó que el espíritu de ese encuentro fue de unidad y rechazo rotundo al proyecto de ley de la Redistribución de las Regalías departamentales, así como a todo intento de despojar a la región de una conquista histórica.
“Decirle al departamento de Tarija y a toda Bolivia, que como Gobierno del Gran Chaco, alcaldes y concejales municipales, también los asambleístas regionales, departamentales y nacionales, que el Chaco está unido, para todos nosotros el tema del 45% está cerrado, no hay nada que discutir con la Brigada Parlamentaria porque esa una conquista histórica del pueblo”, enfatizó el MAE del Gran Chaco.
De igual manera, aseveró que la Brigada Parlamentaria departamental, no puede parcializarse con dos o tres municipios y provincias, porque representa a todo Tarija. Sin embargo, aseguró que frente a esta situación, las instituciones y organizaciones estarán de pie para defender sus sagrados intereses y preparados para frenar cualquier intento de vulnerar la ley y la Constitución, que reconocen los derechos del pueblo chaqueño.
Quecaña propuso que ese escenario debería servir para debatir la redistribución del 55% de las regalías departamentales, que aún siguen siendo administradas por el Gobernador de Tarija, considerando que el centralismo capitalino es el que ha postergado la esperanza de los pueblos, de ser arquitectos de su propio destino. Así, invitó a la brigada a discutir el tema en el Gran Chaco.
INSISTENCIA PARLAMENTARIA
Luego de la posición del presidente Evo Morales, la presidenta de la Brigada Parlamentaria, Jaqueline Mendieta, decidió convocar al debate a diferentes autoridades, lo que ha sido calificado como “desconcertante” por los masistas. Mendieta ya recibió críticas al asistir al Cabildo del 28 de marzo en Bermejo en el que las provincias productoras impulsaron medidas para exigir el cambio. Actualmente, los líderes de aquella convocatoria calculan sus siguientes pasos para lograr sus objetivos sin enojar al presidente. Entre sus opciones está acudir al Tribunal Constitucional para lograr una interpretación de la ley.
La presidenta Jaqueline Mendieta indicó que la intención de la socialización es poner de acuerdo a todas las provincias y analizar los alcances de la ley y no enfrentar a nadie.
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