A través de una resolución administrativa, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) decidió cancelar la contratación de un bufete de abogados externos para asumir su defensa en el proceso de arbitraje iniciado por el consorcio Catler-Uniservice, por el caso del contrato para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
“La Responsable del Proceso de Contratación, en el marco del Decreto Supremo Nº 0070 del 8 de abril del 2009 y en uso de las facultades conferidas en la misma norma legal, resuelve cancelar el proceso de contratación por comparación de ofertas de un bufete de abogados externos, bajo la forma de prestación de servicio con monto definido”, señala la Resolución Administrativa 001/2009, reproducida en una nota de la gubernamental ABI.
El anuncio del arbitraje fue realizado por el consorcio en respuesta a la suspensión de pagos y a la anulación del proceso de contratación de Catler-Uniservice por parte de YPFB. Ambos hechos se dieron debido a las irregularidades detectadas en la adjudicación de la obra y en la firma del contrato, destapadas tras la muerte del empresario Jorge O’Connor D’Arlach en enero, y el robo de $us 450.000, de una presunta coima para el ex presidente de la estatal, Santos Ramírez.
Pese a rechazar el arbitraje, el Ejecutivo emitió el Decreto 70, que autorizaba a la estatal la contratación de abogados y asesores externos. Ahora, YPFB decidió que asumirá “la defensa de los intereses del Estado por sí misma”.
ANTECEDENTES
Contrato • El 14 de julio del 2008, la estatal y el consorcio Catler-Uniservice firmaron el contrato para la construcción de la planta en Río Grande.
Proceso • Hace tres semanas, Yacimientos presentó una demanda de nulidad del cuestionado contrato ante la Corte Suprema de Justicia, en Sucre.
“La Responsable del Proceso de Contratación, en el marco del Decreto Supremo Nº 0070 del 8 de abril del 2009 y en uso de las facultades conferidas en la misma norma legal, resuelve cancelar el proceso de contratación por comparación de ofertas de un bufete de abogados externos, bajo la forma de prestación de servicio con monto definido”, señala la Resolución Administrativa 001/2009, reproducida en una nota de la gubernamental ABI.
El anuncio del arbitraje fue realizado por el consorcio en respuesta a la suspensión de pagos y a la anulación del proceso de contratación de Catler-Uniservice por parte de YPFB. Ambos hechos se dieron debido a las irregularidades detectadas en la adjudicación de la obra y en la firma del contrato, destapadas tras la muerte del empresario Jorge O’Connor D’Arlach en enero, y el robo de $us 450.000, de una presunta coima para el ex presidente de la estatal, Santos Ramírez.
Pese a rechazar el arbitraje, el Ejecutivo emitió el Decreto 70, que autorizaba a la estatal la contratación de abogados y asesores externos. Ahora, YPFB decidió que asumirá “la defensa de los intereses del Estado por sí misma”.
ANTECEDENTES
Contrato • El 14 de julio del 2008, la estatal y el consorcio Catler-Uniservice firmaron el contrato para la construcción de la planta en Río Grande.
Proceso • Hace tres semanas, Yacimientos presentó una demanda de nulidad del cuestionado contrato ante la Corte Suprema de Justicia, en Sucre.
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