A los tres años de la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), la empresa estatal aún no despega y se encuentra golpeada por la corrupción, ineficiencia y con problemas de producción. En la otra vereda está Entel, que fue estatizada el año pasado y ya muestra resultados positivos y una estrategia clara para ampliar la cobertura de telefonía móvil y otros servicios.
Según expertos del ramo, también afronta la improvisación debido al frecuente cambio de presidentes y la falta de personal calificado.
El asesor del Ministerio de Hidrocarburos y ex presidente de la estatal petrolera Manuel Morales admitió que los hechos de corrupción descubiertos en la entidad perjudicaron a la empresa y que el diagnóstico de los planes de desarrollo e inversiones de las empresas petroleras está retrasado, al igual que el proceso de industrialización; sin embargo, aseguró que hoy se tiene una empresa estable con pleno control de los hidrocarburos y con capacidad de decisión sobre los precios de exportación.
La estatal petrolera fue nacionalizada el 1 de mayo de 2006 por el Decreto Supremo 28701, que le permitió tomar control de los campos petroleros que estaban operados hasta entonces por empresas privadas.
Poco después y luego de arduas negociaciones logró la suscripción de 44 contratos de servicios con compañías transnacionales y la compra de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell.
El 1 de mayo del año pasado consolidó la recuperación y control accionario de las empresas capitalizadas Chaco, Andina y Transredes y la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB). Ese día también tomó posesión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), capitalizada en 1995.
El ex gerente de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) Armando Álvarez señaló que, a diferencia de YPFB, la telefónica ha mostrado un adecuado funcionamiento y perspectivas de crecimiento. En su criterio el desafío de la empresa es seguir ampliando la cobertura y servicios con tecnología de punta y acompañar ese proceso con la infraestructura y soporte adecuados en materia de redes.
Expertos observan ineficiencia en la estatal petrolera
Analistas observan que, a los tres años de la nacionalización, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afronta problemas de eficiencia y gestión que le han impedido consolidar su presencia en la cadena del sector y garantizar carburantes a la población.
El Gobierno admitió que los hechos de corrupción en la empresa perjudicaron la labor, sin embargo asegura que la empresa saldrá adelante en el marco de una reestructuración.
El ex director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Téllez señaló que en general la producción del rubro ha disminuido por falta de inversiones y porque la empresa no controla el sector.
Los campos son operados por empresas privadas y la estatal es sólo un observador y carece del personal calificado para esta labor. Debido a estos problemas, la petrolera tampoco puede enviar mayores volúmenes de petróleo para la refinación a las plantas Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz, y Gualberto Villarroel, en Cochabamba.
Datos de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) revelan que la producción de petróleo bajó de 50.756 barriles por día a 47.017 barriles entre 2005 y 2008.
Según Téllez la estatal tampoco ha avanzado en la exploración porque las áreas reservadas fueron entregadas a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Además, el taladro que se trajo desde el país caribeño y con el que se iba a impulsar esta actividad fue cedido a la firma YPFB- SIPSA, creada por Santos Ramírez, y todavía no ha comenzado a operar.
Datos de la CBH revelaron que el año pasado en el país apenas se perforaron cuatro pozos, en cambio en Argentina se impulsaron 1.105 pozos, en Colombia 82 y en Perú 153.
Con la nacionalización, YPFB también ingresó a controlar el eslabón del comercio, pero también afronta problemas porque, si no existe la oferta, poco se puede hacer para garantizar la provisión a la población.
En cuanto al almacenamiento, los tanques se encuentran con capacidad ociosa porque, a falta de productos y derivados de los hidrocarburos, no existe nada para guardar como reserva. La industrialización tampoco avanza porque la empresa sólo firmó acuerdos de intenciones con varias empresas.
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente añadió que, políticamente, la nacionalización fue un éxito para el Gobierno porque avanzó más allá de sus objetivos. Esto porque terminó controlando el 100 por ciento de las empresas Transredes, Chaco y Andina, lo cual supera los objetivos del Decreto Supremo 28701, de mayo de 2006.
En principio el Órgano Ejecutivo sólo pretendía alcanzar un 51 por ciento de participación en las empresas
Empero, en la parte operativa las acciones de la empresa fueron deficientes y la inversión, un fracaso. “Esto se ha traducido en una nula exploración y explotación y en un declive en la producción de gas natural, petróleo, líquidos, diésel y gas licuado de petróleo (GLP)”.
Defensa
El asesor del Ministerio de Hidrocarburos Manuel Morales Olivera defendió el proceso de nacionalización, aunque admitió que los recientes hechos irregulares que rodearon a la empresa perjudicaron su labor e imagen.
Por ejemplo, la empresa recién se ha abocado a revisar los planes de desarrollo e inversión de las empresas privadas
Explicó que el Decreto 28701 permitió a la firma recuperar su patrimonio enajenado en los años 90 y negociar mejores precios de exportación a Brasil y Argentina
Morales reconoció que el retraso que hubo en la nacionalización de Transredes impidió acelerar los trabajos que se necesitan encarar en el sistema de ductos para mejorar la oferta de gas natural hacia el occidente.
Lo mismo sucede en materia de industrialización, que es una tarea pendiente.
El funcionario admitió la carencia de recursos humanos más especializados en YPFB debido a que la mayoría de los profesionales ingresó a trabajar en las empresas privadas.
La actual Presidencia de YPFB encaró un proceso de reestructuración que terminó en el despido de 900 trabajadores que en su mayoría desarrollaban labores en la administración central y no en los campos petroleros y que habían sido contratados por Ramírez.
El presidente de la estatal, Carlos Villegas, manifestó entonces que la empresa es eminentemente operativa y no agencia de empleos
Industrialización
El hasta hace poco gerente de Industrialización de YPFB Saúl Escalera aseguró que en su gestión se impulsaron varios proyectos de industrialización que no recibieron apoyo de los seis presidentes nombrados en los últimos tres años y por la politización de la empresa
“El Presidente de YPFB, nombrado directamente por el entorno palaciego, manejaba la empresa con discursos políticos de que hay que reorganizar todo, porque los técnicos actuales son de derecha y por lo tanto deben ser removidos y reemplazados por gente del partido”.
Según Escalera, la experiencia fue negativa debido a que esas personas no cumplían los requisitos profesionales mínimos para conducir una empresa a buen destino. “Es que también se nombraron a maestros rurales en posiciones técnicas dentro la empresa”.
“Los técnicos expertos no podíamos expresar nuestra opinión porque sólo el presidente de la empresa, junto a su entorno político de asesores, era quien decidía todo”.
Escalera aseguró que, junto con profesionales de universidades de Cochabamba, se desarrollaron seis proyectos de prefactibilidad en petroquímica para impulsar industrias de urea, amoniaco y etanol-aminas.
Entel anuncia inversiones y mayor desarrollo del sector
Al año de la nacionalización, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) se apresta a implementar 14 proyectos estratégicos que mejorarán la cobertura y el grado de penetración en el mercado.
Mediante el Decreto Supremo 29544, el Estado pasó a controlar el 100 por ciento del paquete accionario de la capitalizadora italiana.
La recuperación de la empresa capitalizada en 1995 y que estaba administrada por Euro Telecom Internacional fue anunciada el 1 de mayo de 2008.
Al cabo de una año de gestión, el presidente de la telefónica, Leonardo Bascopé, aseguró que la empresa apuesta por la democratización de las telecomunicaciones y trascender el interés comercial por el social.
Entre los proyectos anunció la instalación de 225 nuevos sitios GSM para mejorar la cobertura en áreas urbanas congestionadas y barrios marginales con señal débil en los nueve departamentos del país.
De manera paralela se impulsará desde junio un plan para la instalación de 50 radiobases o antenas en un periodo de 30 a 40 días, a diferencia del pasado, cuando en ese tiempo sólo se levantaba una antena.
Cinco empresas, con diez equipos de trabajo cada una, estarán encargadas de esa tarea en paralelo y otras dos estarán en espera de nuevos requerimientos.
Además se pretende que para junio las centrales telefónicas de Entel incrementen su capacidad hasta en un millón de nuevas líneas, lo que asegurará una mayor capacidad de expansión del mercado y calidad en el servicio, toda vez que serán superados todos los problemas de saturación.
Otro de los proyectos de la empresa consiste en completar la cobertura a 11.969 comunidades rurales, llegando a una población de un millón y medio de habitantes con telefonía básica, móvil y otros servicios.
Según el Gobierno, los socios capitalizadores de Entel no mejoraron la cobertura rural e incumplieron metas de expansión bajo el argumento de la rentabilidad, situación que precipitó la decisión de la nacionalización.
Bascopé informó que la empresa impulsará el despliegue de una plataforma móvil de banda ancha 3,75G, que podría llegar a 3,9G de acceso inalámbrico a internet en las ciudades capitales de departamento, tecnología que supera ampliamente a la competencia.
“Esta tecnología permite además del tráfico de voz, la navegación en internet móvil a velocidades muy superiores a las permitidas por GSM. Su fortaleza en cuanto a ancho de banda permite la convergencia tecnológica de servicios existentes”, además del diseño de nuevas ofertas, como videoconferencia, internet móvil de alta velocidad, video streaming e IPTv (televisión por la red).
Por otra parte, la empresa, a través de un convenio con entidades microfinancieras, otorgará a los sectores de menores ingresos la posibilidad de adquirir teléfonos móviles a precios módicos y en cuotas desde tres dólares mensuales.
“Se pondrá a la venta celulares con facturador, de manera que cualquier persona que tenga una tienda de dulces, de helados o tenga una farmacia o cualquier tipo de negocio en el área urbana o rural se convierte en socio”.
El costo de cada equipo será de 130 dólares, financiados por las mismas empresas de microcrédito, las que tendrán sus cajeros en todos los multicentros Entel.
A través de una red de puntos en Estados Unidos, España, Brasil y próximamente en Argentina se podrá recargar automáticamente el crédito a teléfonos móviles de Bolivia.
De esta forma, los familiares que residen en el extranjero podrán apoyar con los costos de telefonía a sus parientes en Bolivia. De manera paralela, el acceso a las tarifas corporativas de telefonía móvil, que antes beneficiaban únicamente a clientes de alto consumo, llegará a gremiales, clase media, universitarios, obreros y campesinos. Bascopé señaló que de esta manera las tarifas se reducirán hasta llegar a 50 centavos el minuto, un tercio del costo prepago.
“A través de la tarifa WIN, la comunicación será gratuita entre todos los abonados que se suscriban a ella”.
Hasta el primer semestre de 2008, la nacionalizada Entel había perdido el 13 por ciento de su participación en el mercado de telefonía móvil a favor de sus competidoras NuevaTel y Tigo. Esta situación, sin embargo, será revertida plenamente con el plan.
Antecedentes
La nacionalización de Entel había sido anunciada en 2007, pero las negociaciones se estancaron después de que la firma italiana presentara una demanda de arbitraje ante el CIADI, que Bolivia abandonó el año pasado.
Telecom ETI controlaba Entel desde 1996, cuando comprometió una inversión de 610 millones de dólares para asumir la propiedad del 50,9 por ciento de las acciones.
A las pocas horas de haber declarado la nacionalización de las acciones de Entel, el Gobierno ofreció pagar no más de 100 millones de dólares por su paquete accionario, que llegaba a 50,9 por ciento.
El costo total de las acciones de la firma italiana fluctuaba entre 75 y 100 millones de dólares. ETI tenía el 50,9 por ciento de Entel; el Estado, 47 por ciento de las acciones, y los trabajadores, 3 por ciento.
Hace dos años, Profin Consultores determinó que el costo de las acciones era de 140 millones de dólares y hasta 2005, año de la auditoría, ascendió a 150 millones. Los italianos habían pedido 170 millones por su paquete accionario, pero el Ejecutivo lo rechazó.
Más datos
El 1 de mayo de 2006, el Gobierno, mediante el Decreto Supremo 28701, procedió con la nacionalización de los hidrocarburos en el campo San Alberto, en Tarija.
Ese mismo día tomó el control de los campos petroleros con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Para el operativo desplazó 3.139 militares en 56 instalaciones petroleras, 26 de ellas, centros de distribución en zonas urbanas.
Posteriormente obligó a las empresas petroleras asentadas en el país a renegociar y firmar nuevos contratos con YPFB en el control del sector.
Entre 2007 y 2008 recuperó las refinerías Gualberto Villarroel, de Cochabamba, y Guillermo
Elder Bell, en Santa Cruz, de propiedad de Petrobras.
Hizo lo propio con las empresas de transportes Transredes y las petroleras Chaco y Andina, que habían tomado control del ramo tras la capitalización.
La nacionalización de Entel se produjo el 1 de mayo del año pasado, de manera sorpresiva, porque la intención del Gobierno era una negociación amistosa para comprar las acciones de ETI Telecom.
La decisión se apresuró tras la decisión de ETI de demandar al país ante el CIADI.
AntecedentesLa actual administración de la estatal analiza la renovación de la petrolera.
Para este fin se trabaja con el apoyo de organismos multilaterales de crédito.
Entidades como el Banco Mundial o el BID y países amigos respaldan el proceso.
