Por lo menos hasta mediados de diciembre del año pasado, la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) intentó buscar una conciliación con el Gobierno boliviano antes de proceder con el arbitraje por la nacionalización de ductos y tanques petroleros, en mayo de 2008, que afectó a esta firma.
La información fue publicada ayer por el periódico peruano Correo que a mediados de diciembre se entrevistó con Francisco Dulanto, gerente general de Graña y Montero Petrolera (GMP). Según este medio, la empresa “estaba esperando la última palabra de Bolivia antes de proceder (con el proceso judicial)”.
Este pedido es de larga data. Hace casi un año que GMP y la otra empresa afectada, Oil Tanking, estaban en conversaciones con el Gobierno boliviano respecto de la compensación que deberán recibir por la expropiación.
Pero debido a que no se llegó a un acuerdo entre las partes, entonces se anunció el arbitraje de las empresas al Estado boliviano. Éste será llevado a cabo por un tribunal ad hoc.
El Gobierno, mediante el Ministerio de Defensa Legal del Estado, anunció que se defenderá del proceso y convocó a consorcios jurídicos para tal efecto. El Tesoro General de la Nación entregará 450.000 dólares a cada firma contratante y el plazo vence el 3 de marzo próximo.
La CLHB fue nacionalizada en mayo de 2006 y se convirtió en YPFB Logística después de que se intentara un proceso de negociación que no dio resultados. El Gobierno y la firma debían fijar el monto de inversión para establecer la compensación. Nada de esto sucedió.
A pesar del anunciado arbitraje, la ministra Elizabeth Arismendi Chumacero anunció el lunes que el Gobierno mantiene abierto el proceso de negociación.
La “negociación” entre el Estado y la empresa data del año pasado.
Los otros dos procesos
El arbitraje de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana no es el único contra el Estado boliviano. Otras dos firmas internacionales iniciaron procesos.
La primera empresa que lleva adelante un proceso es Euro Telecom Internacional N.V. (ETI) que administró la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) hasta que ésta fue nacionalizada en 2008. La demanda ante un tribunal ad hoc en la Corte Permanente de Arbitrajes, de Naciones Unidas, es por 700 millones de dólares.
La empresa chilena Química Industrial del Bórax (Quiborax) también inició un proceso por la reversión de la concesión de un yacimiento de ulexita en el Salar de Uyuni hace más de seis años.
La información fue publicada ayer por el periódico peruano Correo que a mediados de diciembre se entrevistó con Francisco Dulanto, gerente general de Graña y Montero Petrolera (GMP). Según este medio, la empresa “estaba esperando la última palabra de Bolivia antes de proceder (con el proceso judicial)”.
Este pedido es de larga data. Hace casi un año que GMP y la otra empresa afectada, Oil Tanking, estaban en conversaciones con el Gobierno boliviano respecto de la compensación que deberán recibir por la expropiación.
Pero debido a que no se llegó a un acuerdo entre las partes, entonces se anunció el arbitraje de las empresas al Estado boliviano. Éste será llevado a cabo por un tribunal ad hoc.
El Gobierno, mediante el Ministerio de Defensa Legal del Estado, anunció que se defenderá del proceso y convocó a consorcios jurídicos para tal efecto. El Tesoro General de la Nación entregará 450.000 dólares a cada firma contratante y el plazo vence el 3 de marzo próximo.
La CLHB fue nacionalizada en mayo de 2006 y se convirtió en YPFB Logística después de que se intentara un proceso de negociación que no dio resultados. El Gobierno y la firma debían fijar el monto de inversión para establecer la compensación. Nada de esto sucedió.
A pesar del anunciado arbitraje, la ministra Elizabeth Arismendi Chumacero anunció el lunes que el Gobierno mantiene abierto el proceso de negociación.
La “negociación” entre el Estado y la empresa data del año pasado.
Los otros dos procesos
El arbitraje de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana no es el único contra el Estado boliviano. Otras dos firmas internacionales iniciaron procesos.
La primera empresa que lleva adelante un proceso es Euro Telecom Internacional N.V. (ETI) que administró la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) hasta que ésta fue nacionalizada en 2008. La demanda ante un tribunal ad hoc en la Corte Permanente de Arbitrajes, de Naciones Unidas, es por 700 millones de dólares.
La empresa chilena Química Industrial del Bórax (Quiborax) también inició un proceso por la reversión de la concesión de un yacimiento de ulexita en el Salar de Uyuni hace más de seis años.
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