Incahuasi: Demandarán retención de las regalías

REGALÍAS ESTIMADAS

La Gobernación de Santa Cruz calculó que recibirá Bs 250 millones anuales por la explotación del campo de gas natural Incahuasi, que fue inaugurado en septiembre del año pasado.

Chuquisaca acudirá a la justicia constitucional para buscar suspender la asignación de regalías petroleras al departamento de Santa Cruz por la explotación del campo Incahuasi, que está en operación comercial desde el año pasado.

La Gobernación pretende lograr esta medida precautoria con la presentación de un amparo constitucional en contra de YPFB, por haber validado una "incorrecta aplicación" de datos técnicos, legales e históricos en la realización del estudio de la consultora GLJ, que basado en límites referenciales, estableció que el 100% del Incahuasi está en territorio de Santa Cruz.

“Sustanciados en el posible daño que podamos recibir como departamento al no dejarnos percibir recursos económicos, estamos pidiendo que un tribunal de garantías establezca como una medida precautoria, momentánea, que se evite la distribución de recursos hasta que se defina el tema de los límites”, informó el secretario Jurídico de la Gobernación de Chuquisaca, Armin Cortez.

OTRA DEMANDA

La Gobernación también prevé accionar un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución suprema del 20 de noviembre de 1914, que para el extinto Ministerio de Autonomías es un marco normativo aplicable en el tema de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz y que, según Cortez, "de forma errada se pretende su aplicación preferente sobre las leyes de 1898 y en la de 1912", por cuanto este hecho quebrantaría el principio de supremacía normativa establecido por el artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

"Entonces a ese efecto tenemos que accionar el recurso concreto de inconstitucionalidad en contra de la resolución de 1914, elemento que nos permitirá exigirle al Ministerio de la Presidencia, del que ahora depende el Viceministerio de Autonomías, que se dé preferencia y cumplimiento a la ley de 1898 y a la complementaria de 1912 con relación a los límites interdepartamentales", remarcó.

La autoridad indicó que la Dirección de Límites junto con la Secretaría Jurídica estuvieron trabajando en este tiempo en la recopilación de elementos históricos y sobre todo técnicos que permitan sustentar la posición del Departamento y poder presentar un recurso que permita garantizar un resultado favorable.

REFORZARÁN EQUIPO TÉCNICO Y JURÍDICO

Este año, la Gobernación asignó recursos para la contratación de especialistas técnicos y jurídicos que puedan coadyuvar en la defensa de los intereses del Departamento.

Estos especialistas tendrán salarios superiores incluso al del propio Gobernador.

"Vamos a materializar la contratación hasta la próxima semana y ese hecho permitirá que la Gobernación asuma inmediatamente las acciones", dijo Cortez.

El Secretario Jurídico remarcó que la Gobernación tiene profesionales técnicos y jurídicos, pero requiere del apoyo de profesionales con alto conocimiento en determinadas áreas.

Estos consultores altamente calificados serán parte de la Secretaría de Hidrocarburos y de la Secretaría de Planificación, de la que ahora depende la Jefatura de Límites.

"Estamos poniendo exigencias por ejemplo de experiencias mayores a 20 años en el caso de los abogados, la maestría en materia constitucional es habilitante", detalló.

De los abogados, dos dependerán de la Secretaría de Hidrocarburos y uno de la Secretaría de Planificación para la Jefatura de Límites; todos coordinarán a su vez con la Secretaría Jurídica.

En cuanto a los ingenieros petroleros, se contratará tres por producto y tres en línea e igual con 15 años de experiencia general y cinco años de experiencia específica.

MINISTERIO DE AUTONOMÍAS

Para la Gobernación, la disolución del Ministerio de Autonomías, que atendía la demanda de delimitación de Chuquisaca, implicará simplemente una validación de actos a través de informes técnicos y legales que serán evacuados a la nueva autoridad conciliadora.

Sostiene que independientemente de qué autoridad asuma ese cargo y se haga responsable del proceso de conciliación, su intención siempre será la de hacer prevalecer los derechos del Departamento.