Bolivia tiene uno de los precios más bajos de combustible de la región con $us 0,53 por litro (Bs 3,74), según informe del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Clapes UC). Solo es superado por Venezuela con $us 0,01 y Ecuador con $us 0,39.
El rankig sitúa a Uruguay, Brasil y Chile como los países que tienen los carburantes más caros con $us 1,57; $us 1,17; y $us 1,14 respectivamente, reportó este lunes el diario chileno La Tercera.
Luis Edwin González, investigador de Clapes-UC, señaló “que en la región se está fortaleciendo el dólar respecto de las divisas locales, perjudicando aún más a los países importadores netos como Chile”.
El estudio tiene como referencia los promedios de precios de los carburantes de 93 y 95 octanos o similares entre la semana del 26 y 30 de diciembre de 2016.
El diario chileno da cuenta de que la subida de los precios se registró tras la determinación asumida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), casi un mes antes de finalizar el año pasado, de rebajar la producción del crudo por primera vez en ocho años, lo que impactó elevando su valor por sobre los $us 50 el barril del WTI.
En países como Chile, los carburantes automotores están compuestos además del valor fijado por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) por un 32% de impuesto específico y un 11% de IVA (Impuesto al Valor Agregado).
En el caso boliviano, el Gobierno central subvenciona parte del costo de la gasolina y el diésel.
En un informe que brindó la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, a principios de 2016, señaló que este aporte estatal se redujo aproximadamente en 55%, de $us 790 millones (Bs 5.500 millones) en 2014 a $us 359 millones (Bs 2.500 millones) en 2015.
Para 2016, el Gobierno destinó Bs 2.437 millones en la subvención.
En vísperas de la navidad de 2010, el Gobierno decretó incrementar el precio de la gasolina de Bs 3,74 a Bs 6,47 y el diésel de Bs 3,71 a Bs 6,80.
La norma fue calificada por la población como un evidente “gasolinazo” que motivó marchas callejeras. La presión popular, en particular del transporte organizado, obligó al Ejecutivo a derogar el decreto dos horas y media antes del año nuevo de 2011.
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