El informe de una auditoría técnica realizada a Gulsby Process Sistems LLP, del 1 de junio de 2009, concluye que dicha empresa posee las capacidades técnicas para desarrollar la planta de Río Grande (Santa Cruz), y recomienda a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) establecer una relación jurídica.
El ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, dijo que no hubo “la suficiente voluntad” de la compañía para llegar a este acuerdo, pero aseguró que “la empresa existe y se le han desembolsado recursos, ha construido partes de la planta por un valor, por los informes que hemos recibido, aun mayor que los 13 millones de dólares” que ya recibió.
Los resultados de la auditoría se encuentran en la Resolución 21/2009 del 2 de julio de 2009 del directorio de la estatal petrolera, firmado por ocho de sus diez miembros, entre éstos el presidente de Yacimientos, Carlos Villegas, y el actual Ministro de Hidrocarburos, quien fue representante del Ministerio de la Presidencia ante esa instancia.
Gulsby es la subcontratista de la asociación accidental Catler-Uniservice, sociedad que el 14 de julio de 2008 firmó un contrato con YPFB para la construcción de una planta de separación de líquidos que debió instalarse en el campo Río Grande (Santa Cruz).
El 5 de diciembre de 2008, el Banco Unión emitió una carta de crédito por 35 millones de dólares en favor de Gulsby a solicitud de YPFB, dinero que fue depositado en el Commerce Bank de EEUU.
El dinero correspondía a un fideicomiso de 45 millones de dólares que fue desembolsado por el Tesoro General de la Nación para el proyecto que tenía un costo de 86 millones de dólares. De la carta de crédito, Gulsby ya cobró 13,3 millones.
Según la parte resolutiva del documento, la firma de abogados Morgan Lewis, que representa a la compañía extranjera, el 18 y 25 de junio de 2009 envió notas a YPFB en las que reclamó el pago de 8,3 millones de dólares adicionales por obras concluidas.
Estas tareas, también dice la resolución, fueron corroboradas por Yacimientos en la auditoría.
Vincenti aclaró que este dinero no fue pagado por una razón: “El problema fundamental después radicó en la imposibilidad de orden normativo legal, habida cuenta de que no podíamos pagar la exigencia que nos planteaba Gulsby de un monto equivalente a otros 13 millones de dólares porque no había ni hay una relación contractual entre YPFB y Gulsby”. En enero, Villegas aseguró que la compañía extranjera no tenía patrimonio ni activos, tampoco estados financieros, situación que no otorgaba supuestamente la confianza para firmar un contrato.
Esta semana, YPFB inició el proceso de licitación para construir nuevamente la planta de Río Grande.
Según información de la compañía, el proyecto lo consolidará la estatal petrolera, puesto que demandó ante la Corte Suprema de Justicia la conclusión del contrato que existe con Catler. Además, existen otros dos procesos judiciales que se siguen ante la Fiscalía, uno por la firma del contrato y otro por ganancias ilícitas.
El ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, dijo que no hubo “la suficiente voluntad” de la compañía para llegar a este acuerdo, pero aseguró que “la empresa existe y se le han desembolsado recursos, ha construido partes de la planta por un valor, por los informes que hemos recibido, aun mayor que los 13 millones de dólares” que ya recibió.
Los resultados de la auditoría se encuentran en la Resolución 21/2009 del 2 de julio de 2009 del directorio de la estatal petrolera, firmado por ocho de sus diez miembros, entre éstos el presidente de Yacimientos, Carlos Villegas, y el actual Ministro de Hidrocarburos, quien fue representante del Ministerio de la Presidencia ante esa instancia.
Gulsby es la subcontratista de la asociación accidental Catler-Uniservice, sociedad que el 14 de julio de 2008 firmó un contrato con YPFB para la construcción de una planta de separación de líquidos que debió instalarse en el campo Río Grande (Santa Cruz).
El 5 de diciembre de 2008, el Banco Unión emitió una carta de crédito por 35 millones de dólares en favor de Gulsby a solicitud de YPFB, dinero que fue depositado en el Commerce Bank de EEUU.
El dinero correspondía a un fideicomiso de 45 millones de dólares que fue desembolsado por el Tesoro General de la Nación para el proyecto que tenía un costo de 86 millones de dólares. De la carta de crédito, Gulsby ya cobró 13,3 millones.
Según la parte resolutiva del documento, la firma de abogados Morgan Lewis, que representa a la compañía extranjera, el 18 y 25 de junio de 2009 envió notas a YPFB en las que reclamó el pago de 8,3 millones de dólares adicionales por obras concluidas.
Estas tareas, también dice la resolución, fueron corroboradas por Yacimientos en la auditoría.
Vincenti aclaró que este dinero no fue pagado por una razón: “El problema fundamental después radicó en la imposibilidad de orden normativo legal, habida cuenta de que no podíamos pagar la exigencia que nos planteaba Gulsby de un monto equivalente a otros 13 millones de dólares porque no había ni hay una relación contractual entre YPFB y Gulsby”. En enero, Villegas aseguró que la compañía extranjera no tenía patrimonio ni activos, tampoco estados financieros, situación que no otorgaba supuestamente la confianza para firmar un contrato.
Esta semana, YPFB inició el proceso de licitación para construir nuevamente la planta de Río Grande.
Según información de la compañía, el proyecto lo consolidará la estatal petrolera, puesto que demandó ante la Corte Suprema de Justicia la conclusión del contrato que existe con Catler. Además, existen otros dos procesos judiciales que se siguen ante la Fiscalía, uno por la firma del contrato y otro por ganancias ilícitas.
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