El Estado boliviano enfrenta su segundo proceso arbitral internacional, esta vez por la nacionalización de los ductos y tanques petroleros en mayo de 2008. La demanda fue presentada por las dos socias accionistas de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB S.A.) ante un tribunal ad hoc.
El Gobierno anunció que asumirá defensa en el caso, por lo que emitió una convocatoria para contratar un consorcio jurídico internacional; mientras tanto, la negociación con la compañía continúa abierta.
“En fecha 12 de enero de 2010, Oiltanking GMBH (OT) Graña y Montero S.A. (G&M) y Graña y Montero Petrolera S.A. (GMP) presentaron Notificación Arbitral en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, por efecto de la nacionalización de sus acciones en la empresa Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana S.A.”, dice el Documento Base de Contratación (DBC) para la firma legal internacional, publicado en el portal de internet del Ministerio de Defensa Legal del Estado.
La ministra de esta repartición, Elizabeth Arismendi Chumacero, en conversación telefónica con La Prensa, explicó ayer que el Ejecutivo “está preparando todos los mecanismos necesarios para asumir una defensa”, pero no dio más detalles sobre el monto demandado o el tribunal internacional elegido, porque “hay mucha información que puede dar paso a malas interpretaciones”.
Comprometió que “cuando haya algo concreto, resultados, (…) vamos a informar cosas verídicas”.
Sin embargo, explicó que el Gobierno aún mantiene un proceso abierto de negociación con CLHB S.A.
El domingo, en medios de prensa se publicó la convocatoria para un consorcio de abogados que apoyen al Estado en su defensa internacional.
La CLHB S.A. fue nacionalizada el 9 de mayo de 2008, y ahora es YPFB Logística, después de un proceso de negociación que no dio resultados y concluyó el 30 de abril del mismo año. En este periodo, el Gobierno y la compañía debían llegar a establecer los montos invertidos y la posibilidad de alguna indemnización. Arismendi informó que el proceso de valuación aún está en curso.
Mediante Decreto 25834, el 7 de julio de 2000, la CLHB S.A. con capitales alemanes y peruanos, se adjudicó la transferencia de 1.147 kilómetros de poliductos y 19 plantas de almacenaje que eran de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El contrato de transferencia fue firmado el 7 de septiembre de 2000, y la operación empezó al día siguiente, el 8.
El 9 de septiembre de 2009, el ex ministro de Defensa Legal del Estado Héctor Arce, actual presidente de la Cámara de Diputados en la Asamblea Plurinacional, informó que Bolivia enfrenta ocho conflictos, de los cuales dos están “en trámite de arbitraje internacional” y seis aún se negocian para no llegar a juicio (ver cuadro).
La primera empresa que actualmente lleva adelante un proceso arbitral contra el Estado es Euro Telecom Internacional N.V. (ETI), que administraba la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), nacionalizada en 2006.
El otro proceso internacional es con Química Industrial del Bórax (Quiborax), por la reversión de su concesión de un yacimiento de ulexita en 2004.
Arismendi dijo que estas demandas son algo “lógicas” después de las nacionalizaciones, pero el Estado se defenderá.
Aún está en evaluación el monto invertido por el consorcio.
Convocan a abogados
El Ministerio de Defensa Legal del Estado convocó el domingo a consorcios jurídicos internacionales para la defensa del país en las demandas interpuestas por Euro Telecom Internacional N.V. (ETI), la chilena Quiborax y la Compañía de Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB S.A.).
El comunicado da cuenta de que el plazo vence el 3 de marzo próximo, y ofreció pagar un monto máximo de 450.000 dólares anuales a cada firma contratada. Los recursos saldrán del Tesoro General de la Nación.
En el primer caso, ETI demandó al país ante un tribunal ad hoc en el Consejo de Naciones Unidas por 700 millones de euros. La demanda se basa en la nacionalización de sus acciones en Entel, en mayo de 2008. Fue presentada primero ante el CIADI del Banco Mundial.
El segundo caso es con Quiborax, empresa chilena que perdió sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni en 2004.
NACIONALIZACIÓN
El Gobierno, en su primer periodo de administración, recuperó las compañías de la cadena de los hidrocarburos.
En tres años estatizó Chaco, Andina, Transredes, Logística, Air BP, las refinerías Elder Bell y Gualberto Villarroel.
Desde 2009, el Gobierno está en proceso de negociación para nacionalizar las tres empresas generadoras de electricidad.
También se anunció la estatización de las dos compañías capitalizadas de ferrocarriles: Oriental y Occidental.
El Gobierno anunció que asumirá defensa en el caso, por lo que emitió una convocatoria para contratar un consorcio jurídico internacional; mientras tanto, la negociación con la compañía continúa abierta.
“En fecha 12 de enero de 2010, Oiltanking GMBH (OT) Graña y Montero S.A. (G&M) y Graña y Montero Petrolera S.A. (GMP) presentaron Notificación Arbitral en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, por efecto de la nacionalización de sus acciones en la empresa Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana S.A.”, dice el Documento Base de Contratación (DBC) para la firma legal internacional, publicado en el portal de internet del Ministerio de Defensa Legal del Estado.
La ministra de esta repartición, Elizabeth Arismendi Chumacero, en conversación telefónica con La Prensa, explicó ayer que el Ejecutivo “está preparando todos los mecanismos necesarios para asumir una defensa”, pero no dio más detalles sobre el monto demandado o el tribunal internacional elegido, porque “hay mucha información que puede dar paso a malas interpretaciones”.
Comprometió que “cuando haya algo concreto, resultados, (…) vamos a informar cosas verídicas”.
Sin embargo, explicó que el Gobierno aún mantiene un proceso abierto de negociación con CLHB S.A.
El domingo, en medios de prensa se publicó la convocatoria para un consorcio de abogados que apoyen al Estado en su defensa internacional.
La CLHB S.A. fue nacionalizada el 9 de mayo de 2008, y ahora es YPFB Logística, después de un proceso de negociación que no dio resultados y concluyó el 30 de abril del mismo año. En este periodo, el Gobierno y la compañía debían llegar a establecer los montos invertidos y la posibilidad de alguna indemnización. Arismendi informó que el proceso de valuación aún está en curso.
Mediante Decreto 25834, el 7 de julio de 2000, la CLHB S.A. con capitales alemanes y peruanos, se adjudicó la transferencia de 1.147 kilómetros de poliductos y 19 plantas de almacenaje que eran de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El contrato de transferencia fue firmado el 7 de septiembre de 2000, y la operación empezó al día siguiente, el 8.
El 9 de septiembre de 2009, el ex ministro de Defensa Legal del Estado Héctor Arce, actual presidente de la Cámara de Diputados en la Asamblea Plurinacional, informó que Bolivia enfrenta ocho conflictos, de los cuales dos están “en trámite de arbitraje internacional” y seis aún se negocian para no llegar a juicio (ver cuadro).
La primera empresa que actualmente lleva adelante un proceso arbitral contra el Estado es Euro Telecom Internacional N.V. (ETI), que administraba la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), nacionalizada en 2006.
El otro proceso internacional es con Química Industrial del Bórax (Quiborax), por la reversión de su concesión de un yacimiento de ulexita en 2004.
Arismendi dijo que estas demandas son algo “lógicas” después de las nacionalizaciones, pero el Estado se defenderá.
Aún está en evaluación el monto invertido por el consorcio.
Convocan a abogados
El Ministerio de Defensa Legal del Estado convocó el domingo a consorcios jurídicos internacionales para la defensa del país en las demandas interpuestas por Euro Telecom Internacional N.V. (ETI), la chilena Quiborax y la Compañía de Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB S.A.).
El comunicado da cuenta de que el plazo vence el 3 de marzo próximo, y ofreció pagar un monto máximo de 450.000 dólares anuales a cada firma contratada. Los recursos saldrán del Tesoro General de la Nación.
En el primer caso, ETI demandó al país ante un tribunal ad hoc en el Consejo de Naciones Unidas por 700 millones de euros. La demanda se basa en la nacionalización de sus acciones en Entel, en mayo de 2008. Fue presentada primero ante el CIADI del Banco Mundial.
El segundo caso es con Quiborax, empresa chilena que perdió sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni en 2004.
NACIONALIZACIÓN
El Gobierno, en su primer periodo de administración, recuperó las compañías de la cadena de los hidrocarburos.
En tres años estatizó Chaco, Andina, Transredes, Logística, Air BP, las refinerías Elder Bell y Gualberto Villarroel.
Desde 2009, el Gobierno está en proceso de negociación para nacionalizar las tres empresas generadoras de electricidad.
También se anunció la estatización de las dos compañías capitalizadas de ferrocarriles: Oriental y Occidental.
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