Cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) nacionalizó Transredes, convertida hoy en YPFB Transporte, no sólo pagó 241,2 millones de dólares al consorcio TR Holding —conformado por Shell y Ashmore, que tenían las acciones de la transportadora de hidrocarburos—, sino que además liberó a estas dos empresas de cancelar pasivos por 50 millones de dólares.
La información se conoció ayer en una conferencia del presidente de YPFB, Carlos Villegas, quien salió al paso de las denuncias que hizo en su contra el titular de YPFB Transporte, Gildo Angulo. Villegas explicó que los 50 millones de dólares se relacionan con una deuda que tenían las transnacionales con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
El viernes, Angulo acusó a Villegas de un manejo arbitrario de la empresa y además de autorizar la compra de Transredes por unos 250 millones de dólares, cuando las dos empresas debían unos 200 millones de dólares, entre deudas al fisco y una multa por impacto ambiental tras un derrame de petróleo en el Desaguadero, el 30 de enero del 2000.
En este contexto, dijo que sólo deberían haberse pagado 50 millones de dólares. Angulo acusó además a Villegas de intentar imponer personal en la compañía ahora nacionalizada.
Este lunes, el presidente de YPFB rechazó las acusaciones, pero admitió la liberación del pago de los 50 millones de dólares.
El ejecutivo de la estatal petrolera explicó que el Gobierno tuvo que elegir entre hacerse cargo de los posibles pasivos (la deuda con el SIN) que tenían las transnacionales o seguir el juicio o arbitraje internacional que iniciaron Shell y Ashmore, por 1.000 millones de dólares, exigiendo que se les pagara por la nacionalización de Transredes.
En ese sentido, Carlos Villegas explicó que la decisión de asumir los pasivos no fue personal, sino del Gobierno, y aclaró que la deuda la asumió la propia empresa y no el Estado.
Por la nacionalización se pagaron 241,2 millones de dólares al consorcio TR Holding, es decir 120,6 millones a Shell y una cifra similar a Ashmore. El proceso se inició el 1 de mayo del 2007 y se concretó un año después.
Cada acción fue calculada en 48 dólares, que —resaltó Villegas— era el monto más bajo.
Recordó que en la capitalización de la empresa, en 1997, se comprometió una inversión de 263 millones de dólares y que hasta el 2008 se invirtieron 466 millones de dólares.
Para nacionalizar Transredes explicó que además se pagaron 66 millones de dólares a accionistas minoritarios.
El presidente de la estatal aseguró también que no designó a ningún funcionario y añadió que más bien respeta y trabaja por la institucionalización de YPFB Corporativa.
Ante los periodistas, Villegas calificó como calumnias las declaraciones de Angulo e indicó que es información antojadiza y tergiversada que forma parte de un proceso de desestabilización de YPFB.
“Cualquier información antojadiza que se ha presentado, cualquier calumnia como se
ha vertido, tiene un objetivo fundamental: el de menoscabar,
deteriorar el proceso de nacionalización que es, ha sido y será un proceso claro y transparente”, señaló.
Se define la suerte de Angulo
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, no quiso referirse a una posible destitución del titular de YPFB Transporte, Gildo Angulo, y aclaró que ésa no es atribución suya, sino del directorio de esa empresa estatal.
Luego de ofrecer una conferencia a las 15.30, Villegas asistió a una reunión del directorio de YPFB Transporte, en la que participó también Gildo Angulo.
El encuentro, que se inició a las 17.00 en las oficinas de la ex Transredes en La Paz, en el edificio Multicentro, se extendió por cerca de tres horas, informaron fuentes allegadas a la estatal petrolera, aunque no se pudieron conocer los resultados de la junta.
La fuente sostuvo que la reunión debía realizarse ayer en la mañana, sin embargo, añadió que ésta fue suspendida por la amenaza de una supuesta bomba en el edificio.
Angulo retornó ayer por la noche a la ciudad de Santa Cruz. Para conocer su versión, La Razón lo llamó sin éxito a dos números telefónicos.
La información se conoció ayer en una conferencia del presidente de YPFB, Carlos Villegas, quien salió al paso de las denuncias que hizo en su contra el titular de YPFB Transporte, Gildo Angulo. Villegas explicó que los 50 millones de dólares se relacionan con una deuda que tenían las transnacionales con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
El viernes, Angulo acusó a Villegas de un manejo arbitrario de la empresa y además de autorizar la compra de Transredes por unos 250 millones de dólares, cuando las dos empresas debían unos 200 millones de dólares, entre deudas al fisco y una multa por impacto ambiental tras un derrame de petróleo en el Desaguadero, el 30 de enero del 2000.
En este contexto, dijo que sólo deberían haberse pagado 50 millones de dólares. Angulo acusó además a Villegas de intentar imponer personal en la compañía ahora nacionalizada.
Este lunes, el presidente de YPFB rechazó las acusaciones, pero admitió la liberación del pago de los 50 millones de dólares.
El ejecutivo de la estatal petrolera explicó que el Gobierno tuvo que elegir entre hacerse cargo de los posibles pasivos (la deuda con el SIN) que tenían las transnacionales o seguir el juicio o arbitraje internacional que iniciaron Shell y Ashmore, por 1.000 millones de dólares, exigiendo que se les pagara por la nacionalización de Transredes.
En ese sentido, Carlos Villegas explicó que la decisión de asumir los pasivos no fue personal, sino del Gobierno, y aclaró que la deuda la asumió la propia empresa y no el Estado.
Por la nacionalización se pagaron 241,2 millones de dólares al consorcio TR Holding, es decir 120,6 millones a Shell y una cifra similar a Ashmore. El proceso se inició el 1 de mayo del 2007 y se concretó un año después.
Cada acción fue calculada en 48 dólares, que —resaltó Villegas— era el monto más bajo.
Recordó que en la capitalización de la empresa, en 1997, se comprometió una inversión de 263 millones de dólares y que hasta el 2008 se invirtieron 466 millones de dólares.
Para nacionalizar Transredes explicó que además se pagaron 66 millones de dólares a accionistas minoritarios.
El presidente de la estatal aseguró también que no designó a ningún funcionario y añadió que más bien respeta y trabaja por la institucionalización de YPFB Corporativa.
Ante los periodistas, Villegas calificó como calumnias las declaraciones de Angulo e indicó que es información antojadiza y tergiversada que forma parte de un proceso de desestabilización de YPFB.
“Cualquier información antojadiza que se ha presentado, cualquier calumnia como se
ha vertido, tiene un objetivo fundamental: el de menoscabar,
deteriorar el proceso de nacionalización que es, ha sido y será un proceso claro y transparente”, señaló.
Se define la suerte de Angulo
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, no quiso referirse a una posible destitución del titular de YPFB Transporte, Gildo Angulo, y aclaró que ésa no es atribución suya, sino del directorio de esa empresa estatal.
Luego de ofrecer una conferencia a las 15.30, Villegas asistió a una reunión del directorio de YPFB Transporte, en la que participó también Gildo Angulo.
El encuentro, que se inició a las 17.00 en las oficinas de la ex Transredes en La Paz, en el edificio Multicentro, se extendió por cerca de tres horas, informaron fuentes allegadas a la estatal petrolera, aunque no se pudieron conocer los resultados de la junta.
La fuente sostuvo que la reunión debía realizarse ayer en la mañana, sin embargo, añadió que ésta fue suspendida por la amenaza de una supuesta bomba en el edificio.
Angulo retornó ayer por la noche a la ciudad de Santa Cruz. Para conocer su versión, La Razón lo llamó sin éxito a dos números telefónicos.
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