Por tercera vez en lo que va del año, los ex trabajadores de YPFB Sipsa iniciaron una huelga de hambre exigiendo el pago de sueldos de cuatro meses.
Esta vez se radicalizaron las medidas, ya que cuatro funcionarios se crucificaron en una torre situada al frente de las oficinas de YPFB en la doble vía a La Guardia y tercer anillo externo; además, 14 personas están en huelga de hambre.
Pese a esta situación, la estatal argumenta que el desembolso se efectuará una vez que se descongelen los fondos por Bs 1,9 millones que se tienen en el Banco Unión, según el vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, José Luis Gutiérrez.
Sin embargo, hace dos meses, la propia estatal se comprometió a pagar los adeudos. “Existe la voluntad de pagar. Lamentablemente, tenemos que cumplir con una serie de requisitos legales y aquí es la demora”, indicó.
La entidad financiera explicó que el congelamiento obedece a los problemas judiciales entre las partes.
Por su lado, los ex trabajadores que cumplían funciones en YPFB Sipsa en el campo Víbora 34 D recibieron el espaldarazo de los funcionarios de Camiri y de la planta Senkata de El Alto y advirtieron que radicalizarán las medidas junto a sus esposas e hijos.
Emilio Torrico y David Arenas, dirigentes del grupo afectado, señalaron que ellos están capacitados para operar el taladro de campo Víbora.
Cabe recordar que el presidente de YPFB, Carlos Villegas, denunció que en Sipsa se encontraron anomalías en su constitución, manejo financiero y pasivos, por lo que se solicitó una auditoría al Ministerio de Transparencia. La firma contrató supuestamente a 140 funcionarios sin certificación presupuestaria.
Esta vez se radicalizaron las medidas, ya que cuatro funcionarios se crucificaron en una torre situada al frente de las oficinas de YPFB en la doble vía a La Guardia y tercer anillo externo; además, 14 personas están en huelga de hambre.
Pese a esta situación, la estatal argumenta que el desembolso se efectuará una vez que se descongelen los fondos por Bs 1,9 millones que se tienen en el Banco Unión, según el vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, José Luis Gutiérrez.
Sin embargo, hace dos meses, la propia estatal se comprometió a pagar los adeudos. “Existe la voluntad de pagar. Lamentablemente, tenemos que cumplir con una serie de requisitos legales y aquí es la demora”, indicó.
La entidad financiera explicó que el congelamiento obedece a los problemas judiciales entre las partes.
Por su lado, los ex trabajadores que cumplían funciones en YPFB Sipsa en el campo Víbora 34 D recibieron el espaldarazo de los funcionarios de Camiri y de la planta Senkata de El Alto y advirtieron que radicalizarán las medidas junto a sus esposas e hijos.
Emilio Torrico y David Arenas, dirigentes del grupo afectado, señalaron que ellos están capacitados para operar el taladro de campo Víbora.
Cabe recordar que el presidente de YPFB, Carlos Villegas, denunció que en Sipsa se encontraron anomalías en su constitución, manejo financiero y pasivos, por lo que se solicitó una auditoría al Ministerio de Transparencia. La firma contrató supuestamente a 140 funcionarios sin certificación presupuestaria.
Sueldos
El gasto en salarios de YPFB Sipsa iba a tener un costo de Bs 5,9 millones, de acuerdo con la estructura de remuneraciones de la compañía.
Sólo en diciembre de 2008, la planilla de 65 trabajadores tuvo una erogación de Bs 498.296. A ello se agrega la denuncia de YPFB de que se contrató 140 trabajadores.
El Senado investigará los fideicomisos
La Comisión de Desarrollo Económico del Senado Nacional investigará y tratará el proceso de los fideicomisos que están siendo generados con recursos del Estado por más de $us 350 millones, anunció ayer el titular de esa comisión, Jorge Aguilera.
“Más allá de investigar a los ejecutivos del sector hidrocarburos que deben explicar al país las acciones que generaron el valor de la nacionalizada Transredes, así como las decisiones ejecutivas que llevaron a que el Estado asuma los pasivos estimados en $us 200 millones, también se contempla el esclarecimiento de los fideicomisos”, informó Aguilera.
Cabe recordar que el Senado convocó para el 6 de julio a audiencias públicas al ex ejecutivo de YPFB Transporte Gildo Angulo; al actual presidente de la transportadora, Cyro Camacho, y su directorio; a Carlos Villegas, presidente de YPFB, y al ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca. Todos deben responder preguntas sobre las supuestas irregularidades.
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