YPFB-Transportes S.A. deberá desembolsar este año 105 millones de dólares para cancelar una parte de los más de 310 millones de dólares de obligaciones contraídas por Transredes S.A. con organismos multilaterales de crédito, tenedores de los bonos emitidos para financiar sus inversiones en las anteriores gestiones y con acreedores comerciales.
El nuevo presidente de la compañía, Cyro Camacho, informó ayer, según ATB, que la empresa tiene deudas por 310 millones de dólares, pero que la situación financiera de la transportadora es saludable.
A tiempo de posesionar al nuevo directorio de la empresa estatal, anunció que se trabajará en un plan estratégico del sector, que incluye a las otras compañías nacionalizadas Chaco S.A. y Andina S.A.
El jueves, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, en entrevista de la Red Uno, confirmó que con la nacionalización de la empresa de transporte de hidrocarburos se adquirió una deuda de 286 millones de dólares con organismos internacionales y otros acreedores.
Se desconoce los motivos de la diferencia con los montos manejados por Camacho.
Según los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2008, este año se deben cancelar 30,5 millones de dólares de un total de 207,5 millones de pasivos contraídos por Transredes.
Los acreedores son el Banco Central de Bolivia (BCB), al que se le cancelará 5,6 millones; a la empresa petrolera Chaco, un millón de dólares; a Confab, empresa que proporcionó tuberías para la expansión del Yabog (gasoducto a la Argentina), 1,1 millones de dólares.
A los organismos multilaterales, como la Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 20,7 millones de dólares.
Los vencimientos de estas obligaciones culminan en 2013.
Adicionalmente, YPFB-Transportes deberá cancelar este año 75 millones de dólares de un total de 176,7 millones obtenidos como financiamiento en la Bolsa Boliviana de Valores por la emisión de bonos.
Estas obligaciones se deben terminar de pagar en 2021.
El 15 de mayo, Villegas admitió la existencia de una deuda con el Servicio de Impuestos Nacionales por 34 millones de dólares, de acuerdo con la entidad de recaudación tributaria.
Además existe un pasivo por temas ambientales que aún está en litigio en la Corte Suprema, que debe definir si corresponde o no el pago, pero YPFB-Transportes actualmente realiza cancelaciones por este concepto.
Desde hace una semana se creó un ambiente de dudas sobre la nacionalización de esta empresa por las denuncias del ex presidente de YPFB Transportes Gildo Angulo de que se asumieron pasivos de 50 millones de dólares.
La ex autoridad fue destituida en reunión de Directorio del 15 de junio, tras haber realizado acusaciones contra Villegas.
Según ANF, el vicepresidente Álvaro García Linera defendió la recuperación para el Estado de Transredes y dijo que fue necesario gastar dinero.
“En cada una de las acciones, Transredes, ex Transredes, Chaco, las refinerías y Andina, el Estado gastó dinero para nacionalización, ya que no hay esta figura sin gastar plata”.
Recordó que cuando el MAS entró al Gobierno, el Estado recibía aproximadamente 600 millones de dólares por venta de hidrocarburos en el mercado externo e interno, y en 2008, cerca de 2.800 millones.
Transportadora quiso anular multa por derrame
La ex Transredes buscó por la vía judicial liberarse de la multa que le impuso el Viceministerio de Medio Ambiente por la contaminación causada en la zona del río Desaguadero por un derrame de petróleo ocurrido el año 2000 por la ruptura de un ducto.
De acuerdo con el Balance General de YPFB-Transportes S.A. de la gestión 2008, el 18 de julio de 2001, el Gobierno de entonces sancionó a la sociedad TR Holdings con 12.249.000 bolivianos (1,7 millones de dólares) “por la supuesta omisión de Transredes de no presentar un plan de acción para la atención del siniestro”.
La primera medida la asumió Transredes el 31 de julio, es decir, dos semanas después, cuando apeló la sanción ante el Ministerio de Desarrollo Sostenible.
Esta instancia se pronunció cuatro años y seis meses después con la figura de silencio administrativo y negó la apelación. Ésta se aplicó porque en todo ese tiempo, el Estado no se pronunció y hubo que darle una solución al problema. Entonces, el 27 de enero de 2006, nuevamente el Viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó que en tres días se cancele la multa.
Por segunda vez, el 3 de febrero de 2006, Transredes presentó ante el Ministerio la reconsideración de la resolución que la sanciona, solicitud que nuevamente fue rechazada el 6 de febrero.
El tercer intento lo presentó ante la Corte Superior de Distrito, que fue negado. El caso pasó al Tribunal Constitucional, el recurso se declaró improcedente. El cuarto intento fue ante la Corte Suprema de Justicia, en donde se encuentra para sentencia.
Según la agencia ANF, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, aseguró que el tema fue “zanjado” con las comunidades que fueron compensadas con inversiones de Transredes y ahora sólo queda pendiente pagar la multa que la asumió la nacionalizada.
El nuevo presidente de la compañía, Cyro Camacho, informó ayer, según ATB, que la empresa tiene deudas por 310 millones de dólares, pero que la situación financiera de la transportadora es saludable.
A tiempo de posesionar al nuevo directorio de la empresa estatal, anunció que se trabajará en un plan estratégico del sector, que incluye a las otras compañías nacionalizadas Chaco S.A. y Andina S.A.
El jueves, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, en entrevista de la Red Uno, confirmó que con la nacionalización de la empresa de transporte de hidrocarburos se adquirió una deuda de 286 millones de dólares con organismos internacionales y otros acreedores.
Se desconoce los motivos de la diferencia con los montos manejados por Camacho.
Según los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2008, este año se deben cancelar 30,5 millones de dólares de un total de 207,5 millones de pasivos contraídos por Transredes.
Los acreedores son el Banco Central de Bolivia (BCB), al que se le cancelará 5,6 millones; a la empresa petrolera Chaco, un millón de dólares; a Confab, empresa que proporcionó tuberías para la expansión del Yabog (gasoducto a la Argentina), 1,1 millones de dólares.
A los organismos multilaterales, como la Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 20,7 millones de dólares.
Los vencimientos de estas obligaciones culminan en 2013.
Adicionalmente, YPFB-Transportes deberá cancelar este año 75 millones de dólares de un total de 176,7 millones obtenidos como financiamiento en la Bolsa Boliviana de Valores por la emisión de bonos.
Estas obligaciones se deben terminar de pagar en 2021.
El 15 de mayo, Villegas admitió la existencia de una deuda con el Servicio de Impuestos Nacionales por 34 millones de dólares, de acuerdo con la entidad de recaudación tributaria.
Además existe un pasivo por temas ambientales que aún está en litigio en la Corte Suprema, que debe definir si corresponde o no el pago, pero YPFB-Transportes actualmente realiza cancelaciones por este concepto.
Desde hace una semana se creó un ambiente de dudas sobre la nacionalización de esta empresa por las denuncias del ex presidente de YPFB Transportes Gildo Angulo de que se asumieron pasivos de 50 millones de dólares.
La ex autoridad fue destituida en reunión de Directorio del 15 de junio, tras haber realizado acusaciones contra Villegas.
Según ANF, el vicepresidente Álvaro García Linera defendió la recuperación para el Estado de Transredes y dijo que fue necesario gastar dinero.
“En cada una de las acciones, Transredes, ex Transredes, Chaco, las refinerías y Andina, el Estado gastó dinero para nacionalización, ya que no hay esta figura sin gastar plata”.
Recordó que cuando el MAS entró al Gobierno, el Estado recibía aproximadamente 600 millones de dólares por venta de hidrocarburos en el mercado externo e interno, y en 2008, cerca de 2.800 millones.
Transportadora quiso anular multa por derrame
La ex Transredes buscó por la vía judicial liberarse de la multa que le impuso el Viceministerio de Medio Ambiente por la contaminación causada en la zona del río Desaguadero por un derrame de petróleo ocurrido el año 2000 por la ruptura de un ducto.
De acuerdo con el Balance General de YPFB-Transportes S.A. de la gestión 2008, el 18 de julio de 2001, el Gobierno de entonces sancionó a la sociedad TR Holdings con 12.249.000 bolivianos (1,7 millones de dólares) “por la supuesta omisión de Transredes de no presentar un plan de acción para la atención del siniestro”.
La primera medida la asumió Transredes el 31 de julio, es decir, dos semanas después, cuando apeló la sanción ante el Ministerio de Desarrollo Sostenible.
Esta instancia se pronunció cuatro años y seis meses después con la figura de silencio administrativo y negó la apelación. Ésta se aplicó porque en todo ese tiempo, el Estado no se pronunció y hubo que darle una solución al problema. Entonces, el 27 de enero de 2006, nuevamente el Viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó que en tres días se cancele la multa.
Por segunda vez, el 3 de febrero de 2006, Transredes presentó ante el Ministerio la reconsideración de la resolución que la sanciona, solicitud que nuevamente fue rechazada el 6 de febrero.
El tercer intento lo presentó ante la Corte Superior de Distrito, que fue negado. El caso pasó al Tribunal Constitucional, el recurso se declaró improcedente. El cuarto intento fue ante la Corte Suprema de Justicia, en donde se encuentra para sentencia.
Según la agencia ANF, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, aseguró que el tema fue “zanjado” con las comunidades que fueron compensadas con inversiones de Transredes y ahora sólo queda pendiente pagar la multa que la asumió la nacionalizada.
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