El actual gerente nacional de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gary Medrano Villamor, favoreció con cupos de diésel y gasolina a la Policía Nacional y al Ejército cuando era responsable de la Distrital Comercial Oriente (DCO) en Santa Cruz entre enero y mayo de 2008, hecho por el que enfrentó un proceso administrativo interno que concluyó con una sanción.
Pese a esos antecedentes, la autoridad fue designada en uno de los cargos más altos por el presidente de la estatal, Carlos Villegas, tras la intervención del 31 de enero.
La Prensa intentó contactarse con el funcionario a través de la Dirección de Comunicación de YPFB. En tres ocasiones se apersonó a su oficina central, siendo que sólo en la última obtuvo la respuesta oficial de que “Yacimientos no tiene funcionarios que hubieran sido objeto de procesos administrativos o sanciones” y los que están actualmente en la institución “fueron elegidos por su profesionalismo”.
Se insistió en conocer la versión del Presidente de YPFB, ante lo cual respondieron que estaba en Santa Cruz.
De acuerdo con la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno ALG-SCZ-013/08, del 15 de septiembre de 2008, a la que accedió La Prensa, Medrano fue sancionado con 30 días de suspensión en su cargo sin goce de haberes “por acción de vulneración al Ordenamiento Jurídico Administrativo”, es decir, por vulnerar la Ley 1178 de Administración de Bienes y Servicios (Safco). El documento fue firmado por el abogado sumariante de YPFB, Carlos Pérez López.
Sin embargo, el mismo abogado reconoce que “este accionar debería castigarse con la máxima sanción”, de acuerdo con la mencionada norma, “como es la destitución”. Pero, como el funcionario sancionado no cuenta con experiencia en el manejo y administración de bienes del Estado, se opta por una sanción menor.
El 6 de junio de 2008, el asesor legal de la DCO, Shalmar Vacaflores Laguna, envió el informe legal AL-DCO-09-08, en el que informa al administrador Germán Copa sobre la entrega de diésel oil al Batallón de Policía Militar II Amezaga sin contar con las autorizaciones necesarias.
Según el informe, Medrano instruyó al Administrador de la DCO proyectar un convenio, contrato u otro tipo de documento que respalde la entrega del combustible. Sin embargo, se descubrió que ya existía un cupo asignado que se entregaba desde el 8 de enero de 2008 sin autorización del entonces presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa —aunque posteriormente aparecieron autorizaciones firmadas—, ni de la Gerencia Nacional de Comercialización, ni de la Dirección Nacional. La acción se justificaba como “consumo interno de Yacimientos” y no contaba con un convenio de respaldo.
Además, este beneficio alcanzaba a la Policía Nacional como lo señala la misma nota. El combustible salía del Surtidor Cuarto Anillo, en Santa Cruz, por orden verbal de Medrano. Según el informe 0090, del 28 de mayo de 2008, era entregado por el encargado de la estación de servicio, Richard Vargas Acebey.
En el informe legal AL-DCO 11/08, del 23 de junio de 2008, Vacaflores informa que al Batallón de Policía se entregó un total de 5.215 litros de diésel por un valor de 19.399 bolivianos, desde el 8 de enero de 2008 hasta el 26 de mayo. Además, a la Policía le dotaron de 306 litros del mismo combustible por valor de 1.140 bolivianos y de 141 litros de gasolina por 527 bolivianos durante la primera quincena de mayo del año pasado.
El 28 de junio de 2008, el nuevo presidente de YPFB, Santos Ramírez, ordenó a Pérez el inicio de un proceso administrativo interno contra cuatro funcionarios, de los cuales Medrano y Richard Vargas Acebey fueron sancionados. El proceso se amplió a Édgar Michel Toledo como nuevo administrador de la estación de servicio que continuó la entrega del carburante a la Policía y el Ejército por orden de Medrano, a pesar del inicio del proceso.
En la resolución final, Pérez observa que la entrega del combustible fue justificada como un intercambio de servicios de seguridad con la Policía y el Ejército; sin embargo, afirma que es obligación de ambas instituciones cumplir esta función por ser YPFB del Estado.
Medrano fue nombrado por Villegas en oportunidad de la intervención de la estatal, el 31 de enero, por supuestos hechos de corrupción en el contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz.
Directorio decide sobre SIPSA
El Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se reunirá hoy en Santa Cruz para analizar los documentos de constitución de la empresa YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) y tomar una decisión final.
El órgano es la máxima instancia de decisión de la estatal petrolera de acuerdo con sus estatutos. El representante por el Ministerio de la Presidencia, Fernando Vincenti, informó la pasada semana que de la misma forma que se procedió con el contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice, se tomará una decisión sobre la sociedad anónima creada mediante procesos irregulares.
El miércoles 1 de abril, el directorio emitió la Resolución 3/2009 por la que anuló el proceso de licitación y adjudicación del contrato para la extracción de gasolina natural y gas licuado de petróleo (GLP) en el campo Río Grande de Santa Cruz.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, informó hace un mes que se concluirá el contrato con YPFB-SIPSA y se la reemplazará con otra empresa que aún está en gestación.
YPFB-SIPSA es una compañía que creó el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez Valverde. En su constitución se hallaron por lo menos cinco irregularidades: primero, la compra de la totalidad de las acciones de la recalificadora de garrafas Full Industry que estaba en proceso de quiebra. Segundo, el traspaso de dos acciones a dos personas particulares ajenas a las funciones del Estado, quienes además eran ex propietarias de dicha empresa. Tercero, el hecho anterior permitió que se conforme una sociedad anónima de carácter privado a pesar de que el Estado no puede formar este tipo de firmas. Cuarto, la carencia de un respaldo legal para la creación de una subsidiaria de propiedad del Estado, que debió hacerse mediante decreto o resolución. Y quinto, la ampliación de sus servicios a tareas petroleras que requieren equipos y personal con los que no contaba la empresa que le dio origen.
Antecedentes
Bolivia produjo 47.017 barriles equivalentes por día (BePD) de líquidos combustibles.
Esta cifra es menor en comparación con 2007, cuando se produjo cerca de 49.000 BePD.
El decaimiento generó una situación de escasez durante algunos meses de 2008 que afectó al agro.
El diésel oil es el combustible con más demanda en el país, por eso se lo importa desde Venezuela.
El Gobierno anunció que este año importará gasolina natural si el mercado lo requiere.
La Superintendencia de Hidrocarburos creó el Plan Puño de Hierro para evitar el contrabando.
Pese a esos antecedentes, la autoridad fue designada en uno de los cargos más altos por el presidente de la estatal, Carlos Villegas, tras la intervención del 31 de enero.
La Prensa intentó contactarse con el funcionario a través de la Dirección de Comunicación de YPFB. En tres ocasiones se apersonó a su oficina central, siendo que sólo en la última obtuvo la respuesta oficial de que “Yacimientos no tiene funcionarios que hubieran sido objeto de procesos administrativos o sanciones” y los que están actualmente en la institución “fueron elegidos por su profesionalismo”.
Se insistió en conocer la versión del Presidente de YPFB, ante lo cual respondieron que estaba en Santa Cruz.
De acuerdo con la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno ALG-SCZ-013/08, del 15 de septiembre de 2008, a la que accedió La Prensa, Medrano fue sancionado con 30 días de suspensión en su cargo sin goce de haberes “por acción de vulneración al Ordenamiento Jurídico Administrativo”, es decir, por vulnerar la Ley 1178 de Administración de Bienes y Servicios (Safco). El documento fue firmado por el abogado sumariante de YPFB, Carlos Pérez López.
Sin embargo, el mismo abogado reconoce que “este accionar debería castigarse con la máxima sanción”, de acuerdo con la mencionada norma, “como es la destitución”. Pero, como el funcionario sancionado no cuenta con experiencia en el manejo y administración de bienes del Estado, se opta por una sanción menor.
El 6 de junio de 2008, el asesor legal de la DCO, Shalmar Vacaflores Laguna, envió el informe legal AL-DCO-09-08, en el que informa al administrador Germán Copa sobre la entrega de diésel oil al Batallón de Policía Militar II Amezaga sin contar con las autorizaciones necesarias.
Según el informe, Medrano instruyó al Administrador de la DCO proyectar un convenio, contrato u otro tipo de documento que respalde la entrega del combustible. Sin embargo, se descubrió que ya existía un cupo asignado que se entregaba desde el 8 de enero de 2008 sin autorización del entonces presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa —aunque posteriormente aparecieron autorizaciones firmadas—, ni de la Gerencia Nacional de Comercialización, ni de la Dirección Nacional. La acción se justificaba como “consumo interno de Yacimientos” y no contaba con un convenio de respaldo.
Además, este beneficio alcanzaba a la Policía Nacional como lo señala la misma nota. El combustible salía del Surtidor Cuarto Anillo, en Santa Cruz, por orden verbal de Medrano. Según el informe 0090, del 28 de mayo de 2008, era entregado por el encargado de la estación de servicio, Richard Vargas Acebey.
En el informe legal AL-DCO 11/08, del 23 de junio de 2008, Vacaflores informa que al Batallón de Policía se entregó un total de 5.215 litros de diésel por un valor de 19.399 bolivianos, desde el 8 de enero de 2008 hasta el 26 de mayo. Además, a la Policía le dotaron de 306 litros del mismo combustible por valor de 1.140 bolivianos y de 141 litros de gasolina por 527 bolivianos durante la primera quincena de mayo del año pasado.
El 28 de junio de 2008, el nuevo presidente de YPFB, Santos Ramírez, ordenó a Pérez el inicio de un proceso administrativo interno contra cuatro funcionarios, de los cuales Medrano y Richard Vargas Acebey fueron sancionados. El proceso se amplió a Édgar Michel Toledo como nuevo administrador de la estación de servicio que continuó la entrega del carburante a la Policía y el Ejército por orden de Medrano, a pesar del inicio del proceso.
En la resolución final, Pérez observa que la entrega del combustible fue justificada como un intercambio de servicios de seguridad con la Policía y el Ejército; sin embargo, afirma que es obligación de ambas instituciones cumplir esta función por ser YPFB del Estado.
Medrano fue nombrado por Villegas en oportunidad de la intervención de la estatal, el 31 de enero, por supuestos hechos de corrupción en el contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz.
Directorio decide sobre SIPSA
El Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se reunirá hoy en Santa Cruz para analizar los documentos de constitución de la empresa YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) y tomar una decisión final.
El órgano es la máxima instancia de decisión de la estatal petrolera de acuerdo con sus estatutos. El representante por el Ministerio de la Presidencia, Fernando Vincenti, informó la pasada semana que de la misma forma que se procedió con el contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice, se tomará una decisión sobre la sociedad anónima creada mediante procesos irregulares.
El miércoles 1 de abril, el directorio emitió la Resolución 3/2009 por la que anuló el proceso de licitación y adjudicación del contrato para la extracción de gasolina natural y gas licuado de petróleo (GLP) en el campo Río Grande de Santa Cruz.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, informó hace un mes que se concluirá el contrato con YPFB-SIPSA y se la reemplazará con otra empresa que aún está en gestación.
YPFB-SIPSA es una compañía que creó el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez Valverde. En su constitución se hallaron por lo menos cinco irregularidades: primero, la compra de la totalidad de las acciones de la recalificadora de garrafas Full Industry que estaba en proceso de quiebra. Segundo, el traspaso de dos acciones a dos personas particulares ajenas a las funciones del Estado, quienes además eran ex propietarias de dicha empresa. Tercero, el hecho anterior permitió que se conforme una sociedad anónima de carácter privado a pesar de que el Estado no puede formar este tipo de firmas. Cuarto, la carencia de un respaldo legal para la creación de una subsidiaria de propiedad del Estado, que debió hacerse mediante decreto o resolución. Y quinto, la ampliación de sus servicios a tareas petroleras que requieren equipos y personal con los que no contaba la empresa que le dio origen.
Antecedentes
Bolivia produjo 47.017 barriles equivalentes por día (BePD) de líquidos combustibles.
Esta cifra es menor en comparación con 2007, cuando se produjo cerca de 49.000 BePD.
El decaimiento generó una situación de escasez durante algunos meses de 2008 que afectó al agro.
El diésel oil es el combustible con más demanda en el país, por eso se lo importa desde Venezuela.
El Gobierno anunció que este año importará gasolina natural si el mercado lo requiere.
La Superintendencia de Hidrocarburos creó el Plan Puño de Hierro para evitar el contrabando.
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