Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció el viernes su decisión de romper definitivamente el contrato suscrito con la asociación accidental Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande y con SIPSA, empresa creada por Santos Ramírez.
Una ex autoridad reguladora cree que la determinación obligará a importar gas licuado de petróleo (GLP).
Según El Deber, la decisión fue tomada el jueves luego de que el presidente de la estatal, Carlos Villegas, exigiera las boletas de garantía a la empresa de seguros y reaseguros Credinform por un monto de nueve millones de dólares (cumplimiento de contrato y correcta inversión de anticipo).
Esta aseguradora y Bisa e Illimani respaldaron las pólizas.
Después de dos días de intensas reuniones del directorio de la petrolera en la casa ejecutiva de YPFB, situada en el lujoso barrio Las Palmas de Santa Cruz, Villegas confirmó la anulación del contrato y, en consecuencia, que Yacimientos ya no tiene ninguna relación contractual con Catler-Uniservice.
La anterior semana, el directorio de la estatal instruyó a Villegas tomar todas las acciones técnicas, legales y administrativas y, en ese marco, el ejecutivo envió una carta a la compañía de seguros Credinform para que ejecute las garantías establecidas en el contrato. “Esto significa que se van a recuperar siete millones de dólares, además de las garantías de desempeño de cumplimiento de anticipo. En realidad son dos, cada una de 850.000 dólares, es decir que vamos a recuperar casi nueve millones de dólares. Ésta será la primera recuperación real por parte de YPFB”. Esto corresponde a una parte de los 16,5 millones de dólares desembolsados a Gulsby y a Catler-Uniservice. El Gobierno y la Fiscalía observaron que el contrato no fue protocolizado ante la Notaría de Gobierno ni remitido a la Contraloría General de la República, así como la constitución de Catler-Uniservice, que se realizó tres días antes de la suscripción del contrato con YPFB el 14 de julio de la pasada gestión, y el aval que se le dio para que entregue pólizas en lugar de garantías.
Los 16,5 millones fueron canalizados como anticipos a favor de Gulsby (13,2 millones) y a Uniservice (3,3 millones). El costo de la construcción de la planta asciende a 86 millones de dólares; de éstos, 45 millones fueron depositados en un fideicomiso a favor de YPFB. El resto debía ser gestionado en el exterior.
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de La Fuente opinó que la resolución del contrato con Catler-Uniservice y el inicio de un arbitraje por parte del consorcio no es el mejor escenario para YPFB.
Esto porque terminará dilatando la conclusión de la planta separadora de líquidos. Con la demora, al país no le quedará otra alternativa que recurrir a la importación de GLP, debido a que existe un déficit de 150 toneladas.
El país producía aproximadamente 1.150 toneladas del energético al día, pero en la actualidad sólo llega a 1.000.
Firma de Ramírez no va
El presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, anunció que el viernes quedó cancelado el contrato con SIPSA para la recalificación de garrafas de gas licuado (GLP).
La decisión fue adoptada debido a que la empresa incumplió el acuerdo.
La firma había logrado un contrato con YPFB para este trabajo por 1,8 millones de dólares.
Además, se había favorecido de una resolución del ex superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa, por el que el costo de esta labor se incrementó entre 48 y 68,1 por ciento, pese a que no tenía facultad para hacerlo.
Para la recalificación de garrafas se evalúa la contratación de nuevas empresas a partir del próximo mes. SIPSA también logró un contrato para la perforación del pozo 34D y 35H en el campo Víbora, operado por Andina S.A.
Al respecto, Villegas dijo que se conversa con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para que el taladro sea administrado directamente por YPFB y no por una subsidiaria y se continúe con la perforación en Víbora.
La estatal busca opciones para acabar separadora
Luego de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) optó por romper el contrato con la empresa Catler-Uniservice, el siguiente paso es encontrar una opción para que el proyecto de la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz) se realice.
Integrantes del directorio de la estatal petrolera que pidieron no ser identificados explicaron que se están analizando dos posibles escenarios para no frenar los trabajos que hasta la fecha no se iniciaron, como verificó la Fiscalía en una inspección.
Se baraja la posibilidad de llamar nuevamente a una licitación pública e internacional para comenzar “de cero” con la instalación de esta planta separadora de licuables. Esta opción, según las fuentes de Yacimientos, es la que más seduce, pero muchos ponen reparo en que llevará más tiempo de lo programado.
La otra alternativa es renegociar sobre lo acordado con la firma estadounidense Gulsby, que fue contratada por Catler, y con las compañías argentinas Lito Gonella y Sica Metalúrgica Argentina.
Sobre este punto, el ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de La Fuente precisó que un contrato directo con las empresas subcontratadas por Catler es una salida válida, dado que Gulsby ya recibió un importante adelanto, pero expresó que se debe analizar con cuidado si la estadounidense y las empresas argentinas no tienen un contrato con Catler que las impida trabajar de forma directa con Yacimientos.
Para el analista Carlos Alberto López, la ruptura del contrato con Catler era la única salida que tenía la estatal petrolera, dado que se trata de un acuerdo con varios indicios de ilegalidad y muy cuestionado por la opinión pública.
“Lo ideal es volver a empezar, se debe realizar una licitación pública e internacional. La excusa del tiempo ya no sirve, porque tener una planta separadora de líquidos a fin de año no es de utilidad, pues se la precisaba para responder la demanda interna de GLP durante el invierno, y eso no se va a poder cumplir”.
Una ex autoridad reguladora cree que la determinación obligará a importar gas licuado de petróleo (GLP).
Según El Deber, la decisión fue tomada el jueves luego de que el presidente de la estatal, Carlos Villegas, exigiera las boletas de garantía a la empresa de seguros y reaseguros Credinform por un monto de nueve millones de dólares (cumplimiento de contrato y correcta inversión de anticipo).
Esta aseguradora y Bisa e Illimani respaldaron las pólizas.
Después de dos días de intensas reuniones del directorio de la petrolera en la casa ejecutiva de YPFB, situada en el lujoso barrio Las Palmas de Santa Cruz, Villegas confirmó la anulación del contrato y, en consecuencia, que Yacimientos ya no tiene ninguna relación contractual con Catler-Uniservice.
La anterior semana, el directorio de la estatal instruyó a Villegas tomar todas las acciones técnicas, legales y administrativas y, en ese marco, el ejecutivo envió una carta a la compañía de seguros Credinform para que ejecute las garantías establecidas en el contrato. “Esto significa que se van a recuperar siete millones de dólares, además de las garantías de desempeño de cumplimiento de anticipo. En realidad son dos, cada una de 850.000 dólares, es decir que vamos a recuperar casi nueve millones de dólares. Ésta será la primera recuperación real por parte de YPFB”. Esto corresponde a una parte de los 16,5 millones de dólares desembolsados a Gulsby y a Catler-Uniservice. El Gobierno y la Fiscalía observaron que el contrato no fue protocolizado ante la Notaría de Gobierno ni remitido a la Contraloría General de la República, así como la constitución de Catler-Uniservice, que se realizó tres días antes de la suscripción del contrato con YPFB el 14 de julio de la pasada gestión, y el aval que se le dio para que entregue pólizas en lugar de garantías.
Los 16,5 millones fueron canalizados como anticipos a favor de Gulsby (13,2 millones) y a Uniservice (3,3 millones). El costo de la construcción de la planta asciende a 86 millones de dólares; de éstos, 45 millones fueron depositados en un fideicomiso a favor de YPFB. El resto debía ser gestionado en el exterior.
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de La Fuente opinó que la resolución del contrato con Catler-Uniservice y el inicio de un arbitraje por parte del consorcio no es el mejor escenario para YPFB.
Esto porque terminará dilatando la conclusión de la planta separadora de líquidos. Con la demora, al país no le quedará otra alternativa que recurrir a la importación de GLP, debido a que existe un déficit de 150 toneladas.
El país producía aproximadamente 1.150 toneladas del energético al día, pero en la actualidad sólo llega a 1.000.
Firma de Ramírez no va
El presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, anunció que el viernes quedó cancelado el contrato con SIPSA para la recalificación de garrafas de gas licuado (GLP).
La decisión fue adoptada debido a que la empresa incumplió el acuerdo.
La firma había logrado un contrato con YPFB para este trabajo por 1,8 millones de dólares.
Además, se había favorecido de una resolución del ex superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa, por el que el costo de esta labor se incrementó entre 48 y 68,1 por ciento, pese a que no tenía facultad para hacerlo.
Para la recalificación de garrafas se evalúa la contratación de nuevas empresas a partir del próximo mes. SIPSA también logró un contrato para la perforación del pozo 34D y 35H en el campo Víbora, operado por Andina S.A.
Al respecto, Villegas dijo que se conversa con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para que el taladro sea administrado directamente por YPFB y no por una subsidiaria y se continúe con la perforación en Víbora.
La estatal busca opciones para acabar separadora
Luego de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) optó por romper el contrato con la empresa Catler-Uniservice, el siguiente paso es encontrar una opción para que el proyecto de la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz) se realice.
Integrantes del directorio de la estatal petrolera que pidieron no ser identificados explicaron que se están analizando dos posibles escenarios para no frenar los trabajos que hasta la fecha no se iniciaron, como verificó la Fiscalía en una inspección.
Se baraja la posibilidad de llamar nuevamente a una licitación pública e internacional para comenzar “de cero” con la instalación de esta planta separadora de licuables. Esta opción, según las fuentes de Yacimientos, es la que más seduce, pero muchos ponen reparo en que llevará más tiempo de lo programado.
La otra alternativa es renegociar sobre lo acordado con la firma estadounidense Gulsby, que fue contratada por Catler, y con las compañías argentinas Lito Gonella y Sica Metalúrgica Argentina.
Sobre este punto, el ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de La Fuente precisó que un contrato directo con las empresas subcontratadas por Catler es una salida válida, dado que Gulsby ya recibió un importante adelanto, pero expresó que se debe analizar con cuidado si la estadounidense y las empresas argentinas no tienen un contrato con Catler que las impida trabajar de forma directa con Yacimientos.
Para el analista Carlos Alberto López, la ruptura del contrato con Catler era la única salida que tenía la estatal petrolera, dado que se trata de un acuerdo con varios indicios de ilegalidad y muy cuestionado por la opinión pública.
“Lo ideal es volver a empezar, se debe realizar una licitación pública e internacional. La excusa del tiempo ya no sirve, porque tener una planta separadora de líquidos a fin de año no es de utilidad, pues se la precisaba para responder la demanda interna de GLP durante el invierno, y eso no se va a poder cumplir”.
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