Mientras la petrolera Andina comenzó a analizar la ruptura en su relación contractual con la firma creada por el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, YPFB-Sipsa, ayer el director de Yacimientos, Fernando Vincenti, adelantó a EL DEBER que la estatal alista hacerse cargo del equipo de perforación EJZJ-70 DB de 2.000 caballos de fuerza (taladro) en los próximos días.
Por un lado, fuentes cercanas a YPFB Andina señalaron que se espera una resolución del directorio para avanzar en la disolución del contrato que se tenía con la firma privada Sipsa. Una vez que suceda esto, se buscará establecer una relación directa con la estatal para iniciar los trabajos.
Se habla de que la empresa Andina evalúa la ruptura con la compañía recientemente creada Sipsa S.A. ¿YPFB conoce esta situación?, se le consultó a Vincenti, a lo que respondió: “Sí existe esa posibilidad...la idea siempre fue que YPFB realice este servicio, pero ya contractualmente se estableció un vínculo entre Andina y YPFB Sipsa, pero como ésta es ilegal, ahora Andina tiene que romper ese acuerdo”, indicó.
El director aseguró que el objetivo del convenio entre el Gobierno boliviano y Venezuela establecía la administración de ese taladro; sin embargo, para el directorio de YPFB, la empresa Sipsa se constituyó de manera ilegal y oculta, sin ninguna autorización del directorio.
“Santos Ramírez concedió de manera graciosa el taladro a Sipsa, cuando ésta en realidad es una empresa de derecho privado. En ese sentido, Ramírez ni ninguna autoridad del Gobierno puede disponer de un bien público”, sostuvo.
¿Quién se hará cargo de ese taladro y desde cuándo?, se cuestionó a Vincenti, a lo que señaló: “YPFB a través del convenio que tiene con Pdvsa. No sé si vamos a hacernos cargo desde la próxima semana, pero hay que coordinar algunas cosas todavía como la relación contractual con Andina, pero está claro que Sipsa no va más”, acotó.
Por otro lado, los comunitarios de San Juan Campo Víbora, a través del subalcalde Santiago Santos, denunciaron que el pasado miércoles y la madrugada del jueves personal desconocido retiró dos generadores de energía eléctrica y otros equipos del área donde fue instalado el taladro de Pdvsa, específicamente en el pozo 34D donde se piensa efectuar los trabajos de perforación.
EL DEBER llegó al lugar; sin embargo, el acceso no le fue permitido porque dos guardias impiden su ingreso.
“Nosotros hemos pedido al Gobierno que nos garantice el funcionamiento del taladro, ya que desde la salida del ex presidente de YPFB Santos Ramírez todo está paralizado y más bien están desapareciendo algunos equipos. Ahora el campamento está resguardado sin luces y apenas tiene mecheros", dijo la autoridad edil.
Por su lado, un dirigente de base, identificado como Romero Machaca, dijo: “El Gobierno inauguró con bombos y platillos este equipo y parece que lo hizo por campaña política. Hay unos cuantos venezolanos en el lugar y parece que quieren desmontar la planta, eso no lo vamos a permitir".
El ex presidente del directorio YPFB-Sipsa Misael Gemio afirmó que la intervención de la firma causó un daño económico de $us 6 millones al Estado porque no se pudo iniciar la perforación del pozo 34D en el campo Víbora.
Cabe recordar que tras el cierre de las oficinas de Sipsa, ubicadas en el Parque Urbano en Santa Cruz, el congelamiento de cuentas bancarias y el corte de energía en el campo petrolero Víbora, efectuado el 2 de febrero por la comisión interventora de YPFB, se paralizó el inicio de operaciones del taladro.
Contratarán árbitros en caso Catler
Con la finalidad de asumir defensa legal en el caso Catler, el Gobierno faculta a YPFB a contratar abogados y asesores externos, además de peritos y árbitros nacionales y extranjeros; así lo establece el Decreto Supremo 70.
La norma, que tiene fecha del 8 de abril, también aprueba el Reglamento para la contratación de expertos en leyes, tanto profesionales como bufete de abogados. Ésta será "por comparación de ofertas", porque "permite la selección rápida y oportuna de servicios profesionales en el ámbito nacional e internacional".
Si bien el Gobierno rechaza el proceso arbitral que Catler-Uniservice anunció, demandando al Estado por daños y perjuicios, igual el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, aseguró que YPFB tiene todos los elementos para defenderse y demostrar las irregularidades y los delitos en los que han incurrido ex autoridades y personas particulares.
Según el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y el presidente de YPFB, Carlos Villegas, la empresa ni el Estado tienen obligaciones con Catler-Uniservice. Sin embargo, el contrato está firmado y no puede ser anulado por la petrolera estatal./ANF
Por un lado, fuentes cercanas a YPFB Andina señalaron que se espera una resolución del directorio para avanzar en la disolución del contrato que se tenía con la firma privada Sipsa. Una vez que suceda esto, se buscará establecer una relación directa con la estatal para iniciar los trabajos.
Se habla de que la empresa Andina evalúa la ruptura con la compañía recientemente creada Sipsa S.A. ¿YPFB conoce esta situación?, se le consultó a Vincenti, a lo que respondió: “Sí existe esa posibilidad...la idea siempre fue que YPFB realice este servicio, pero ya contractualmente se estableció un vínculo entre Andina y YPFB Sipsa, pero como ésta es ilegal, ahora Andina tiene que romper ese acuerdo”, indicó.
El director aseguró que el objetivo del convenio entre el Gobierno boliviano y Venezuela establecía la administración de ese taladro; sin embargo, para el directorio de YPFB, la empresa Sipsa se constituyó de manera ilegal y oculta, sin ninguna autorización del directorio.
“Santos Ramírez concedió de manera graciosa el taladro a Sipsa, cuando ésta en realidad es una empresa de derecho privado. En ese sentido, Ramírez ni ninguna autoridad del Gobierno puede disponer de un bien público”, sostuvo.
¿Quién se hará cargo de ese taladro y desde cuándo?, se cuestionó a Vincenti, a lo que señaló: “YPFB a través del convenio que tiene con Pdvsa. No sé si vamos a hacernos cargo desde la próxima semana, pero hay que coordinar algunas cosas todavía como la relación contractual con Andina, pero está claro que Sipsa no va más”, acotó.
Por otro lado, los comunitarios de San Juan Campo Víbora, a través del subalcalde Santiago Santos, denunciaron que el pasado miércoles y la madrugada del jueves personal desconocido retiró dos generadores de energía eléctrica y otros equipos del área donde fue instalado el taladro de Pdvsa, específicamente en el pozo 34D donde se piensa efectuar los trabajos de perforación.
EL DEBER llegó al lugar; sin embargo, el acceso no le fue permitido porque dos guardias impiden su ingreso.
“Nosotros hemos pedido al Gobierno que nos garantice el funcionamiento del taladro, ya que desde la salida del ex presidente de YPFB Santos Ramírez todo está paralizado y más bien están desapareciendo algunos equipos. Ahora el campamento está resguardado sin luces y apenas tiene mecheros", dijo la autoridad edil.
Por su lado, un dirigente de base, identificado como Romero Machaca, dijo: “El Gobierno inauguró con bombos y platillos este equipo y parece que lo hizo por campaña política. Hay unos cuantos venezolanos en el lugar y parece que quieren desmontar la planta, eso no lo vamos a permitir".
El ex presidente del directorio YPFB-Sipsa Misael Gemio afirmó que la intervención de la firma causó un daño económico de $us 6 millones al Estado porque no se pudo iniciar la perforación del pozo 34D en el campo Víbora.
Cabe recordar que tras el cierre de las oficinas de Sipsa, ubicadas en el Parque Urbano en Santa Cruz, el congelamiento de cuentas bancarias y el corte de energía en el campo petrolero Víbora, efectuado el 2 de febrero por la comisión interventora de YPFB, se paralizó el inicio de operaciones del taladro.
Contratarán árbitros en caso Catler
Con la finalidad de asumir defensa legal en el caso Catler, el Gobierno faculta a YPFB a contratar abogados y asesores externos, además de peritos y árbitros nacionales y extranjeros; así lo establece el Decreto Supremo 70.
La norma, que tiene fecha del 8 de abril, también aprueba el Reglamento para la contratación de expertos en leyes, tanto profesionales como bufete de abogados. Ésta será "por comparación de ofertas", porque "permite la selección rápida y oportuna de servicios profesionales en el ámbito nacional e internacional".
Si bien el Gobierno rechaza el proceso arbitral que Catler-Uniservice anunció, demandando al Estado por daños y perjuicios, igual el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, aseguró que YPFB tiene todos los elementos para defenderse y demostrar las irregularidades y los delitos en los que han incurrido ex autoridades y personas particulares.
Según el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y el presidente de YPFB, Carlos Villegas, la empresa ni el Estado tienen obligaciones con Catler-Uniservice. Sin embargo, el contrato está firmado y no puede ser anulado por la petrolera estatal./ANF
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