Luego de ocho meses de investigación, el Ministerio Público decidió archivar el caso de la mortífera explosión del gasoducto en Ipa, Villa Montes, sin haber encontrado a los responsables del siniestro del 18 de octubre de 2018, que se cobró la vida de tres personas.
En el marco del presente trabajo periodístico, CORREO DEL SUR requirió información del caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) hace más de un mes. Lo hizo vía carta, y desde entonces insistió para contar con detalles del proceso investigativo. No fue hasta el pasado viernes que esa institución remitió un comunicado bajo el rótulo “RESULTADOS CASO EXPLOSIÓN DE DUCTO EN VILLA MONTES”,
“La resolución fiscal y final del caso, señala que al no existir elementos suficientes para acreditar la participación de alguna persona en el hecho, se dispuso el rechazo de la investigación iniciada contra los autores, por lo tanto, corresponde el archivo de obrados”, señala la parte central del documento.
En pocas palabras, el deceso de tres miembros de la familia Franco-Subia, alcanzada por las voraces llamas de la explosión del Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY), no fue responsabilidad de nadie. El Ministerio Público no encontró a los autores del estallido y cierra el caso con una profunda interrogante que se extiende como humo contaminado en el firmamento de Ipa, la comunidad que fue castigada por la detonación.
El informe de la Fiscalía asegura que “las investigaciones” concluyeron y que “se cuenta con los elementos suficientes de prueba en la etapa preliminar” del proceso. Agrega que las pesquisas se realizaron del 19 de octubre de 2018 al 16 de febrero de 2019, por los delitos de Peligro de Estrago, Lesiones Graves y Leves, Atentados contra la Seguridad de los Servicios Públicos y daño Calificado.
Asegura que en principio el Ministerio Público siguió “de oficio las investigaciones”, luego se constituyó en denunciante el Asesor Legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB Transporte, Apolinar Gómez Franco, toda vez que YPFB cuenta con una red de ductos de Santa Cruz a Yacuiba, donde se produjo los daños físicos a cinco personas y “daños al patrimonio de la empresa”.
Según la FGE, el Fiscal de Materia de Villa Montes, Roberto Aguilar, informó que se realizaron las pericias necesarias del hecho como el levantamiento de muestras, inspección ocular, muestras fotográficas y un requerimiento fiscal para la Alcaldía de Villa Montes para que certifique quiénes autorizaron la extracción de áridos y arcilla en la zona Pelícano, entre otras.
Este diario entrevistó a Aguilar a principios de mes en la misma localidad de Villa Montes, cuando la entonces autoridad dijo que el proceso estaba en curso y alistaba el cierre del mismo, aunque se excusó de adelantar en qué sentido iba a acabar la investigación.
Hoy Aguilar ya no es fiscal en ese poblado chaqueño, se supo que fue removido; el proceso investigativo fue encabezado en un primer momento por el fiscal Beyman Farfán.
Siempre según el comunicado de la FGE, esa institución presentó un requerimiento fiscal a la empresa FRAMA SRL –que realizaba trabajos con maquinarias en la zona de Pelícano–, se tomaron declaraciones testificales de personas que estaban cerca de la explosión y de trabajadores de YPFB.
Además, se realizó un requerimiento de peritaje a la empresa consultora internacional “Kiefner and Associates, inc” de Estados Unidos, para que identifique las causas de la falla en el ducto que detonó.
El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes certificó a la Fiscalía que no autorizó la extracción de áridos y arcilla en la zona Pelícano.
Igualmente, FRAMA SRL comunicó a la Fiscalía que es parte de una Asociación Accidental “El Lapacho” que ejecuta el Proyecto de “Construcción Presa Ipa” y que, de acuerdo a la Licencia Ambiental de la obra, realiza trabajos de extracción de arcilla a 600 metros del lugar de los hechos o de la explosión.
Los resultados del estudio que realizaron los especialistas de la empresa “Kiefner and Associates, inc”, señalan que se encontró fisuras microestructurales finas y que la explosión fue por causas no atribuibles a YPFB o terceras personas, tampoco se debió al transporte pesado que había en el lugar. Esto también fue informado a CORREO DEL SUR a principios de mes por el fiscal Aguilar.
El informe señala que “se ha determinado que la rotura y fuga de gas ha sido causada por agrietamiento bajo esfuerzos en corrosión”, según la FGE.
Las Defensorías
El representante legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villa Montes, Ernesto José Velásquez, explicó que plantearon que la investigación se tipifique en contra YPFB Transporte por daños al Estado, contaminación ambiental y varios delitos más.
Con la resolución fiscal conocida en las últimas horas, dicho intento quedó en la nada, y definitivamente. Según procedimiento, queda la vía de la impugnación a la resolución fiscal de rechazo de la denuncia, que de activarse pasaría a manos del Fiscal Departamental de Tarija. ¿Irá Aimore Álvarez a reabrir el caso?
Nace un Comité
El pasado miércoles, las comunidades campesinas e indígenas del área rural, las juntas vecinales del área urbana y el Comité Cívico de Villa Montes conformaron el Comité Ambiental de Defensa de la Vida, para hacer seguimiento al mantenimiento del gasoducto Santa Cruz-Yacuiba y a los compromisos que asumió YPFB Transporte tras la tragedia del año pasado.
El dirigente de la comunidad de Chimeo y representante del nuevo Comité, Carlos Borda, indicó a la Red ACLO que anteriormente la empresa nacionalizada suspendió unilateralmente una reunión en la que debían informar sobre las causas de la explosión en Ipa, razón por la que decidieron formar esa instancia para hacer oír sus preocupaciones.
Informe oficial de las víctimas de Ipa
Según la Fiscalía General del Estado, en base a informes de YPFB Transporte S.A., cuatro personas fueron atendidas por su deteriorado estado de salud tras la explosión.
Dionicio Franco presentaba un diagnóstico de “gran quemado” con quemaduras en un 85% de su cuerpo, lo que causó lesiones internas.
Filomena Subia también presentaba quemaduras en el 85% de su cuerpo y a pesar de que fue sometida a tres cirugías presentó deterioro de signos vitales y falleció.
Yoselin Franco Subia fue sometida a cuatro operaciones de limpieza y fue trasladada en un avión-ambulancia a Shriners Hospital for Children en la ciudad de Galveston, Texas (Estados Unidos), donde fue operada siete veces para injerto de piel, sin embargo, su salud se deterioró y falleció el 5 de febrero de 2019.
También en EEUU, su hermano Marbin se sometió a cuatro cirugías reparadoras y el 3 de diciembre fue dado de alta. “Actualmente se encuentra en etapa de recuperación y fue trasladado a Santa Cruz el 22 de marzo de 2019”, dice el informe de la FGE.
La póliza de seguro de YPFB Transporte cubrió los gastos a las personas afectadas.
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