El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, anunció ayer la decisión de suspender a otros 10 funcionarios (con los que llegan a 14) del Distrito Comercial Oriente (Santa Cruz), que son investigados para determinar si tienen algún grado de responsabilidad en la supuesta estafa a la estatal petrolera por 2,3 millones bolivianos por la venta de combustible.
“Quiero señalar de forma tajante que la presidencia de YPFB no acepta irregularidades de ninguna naturaleza. He instruido una auditoría integral en este distrito. Tomé la decisión de una remoción del personal y la sustitución, pues no queremos que existan al interior de estas oficinas actitudes de encubrimiento de ninguna naturaleza. Debe quedar claro que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”, indicó Villegas.
La autoridad explicó que estos 10 empleados fueron cesados de sus funciones por 90 días, tiempo que tienen los abogados de la empresa para determinar si tienen alguna responsabilidad penal en el caso de supuesta estafa.
Molesto por la situación que atraviesa la distrital de YPFB en Santa Cruz, Villegas reconoció que en la venta de combustible para los surtidores del empresario Marcelo Limón, los pasos que se deben seguir en la nominación del carburante, la asignación del energético, venta y entrega de dinero o cheque a los bancos han sido totalmente vulnerados.
“En el flujograma que hemos construido se han vulnerado siete pasos. Prácticamente los mecanismos de control fueron rebasados de forma deliberada por funcionarios de YPFB. Por esa razón considero que acá primero hay una estafa a la estatal por parte del comprador de líquidos y segundo una presumible corrupción al interior de Yacimientos”, dijo Villegas.
Falencias
Pablo Cañipa, director Legal de YPFB, detalló que el departamento de Aauditoría informó que los flujogramas de venta de combustible presentaron una seria falencia pues no estaba claro quiénes eran los receptores del combustible, quiénes entregaban el energético, los responsables de emitir las boletas de pago y los encargados de llevar las boletas al banco.
Sobre el avance del proceso de investigación interna, Cañipa precisó que están dentro de plazo para presentar cargos procesales y que a mediados de la siguiente semana ya se tendrá una resolución en donde se detallará la figura legal de los funcionarios suspendidos.
Entre otras acciones asumidas por YPFB sobre el caso, el lunes pasado fueron intervenidos los surtidores Ángel Sandoval (San Matías), Bella Vista (Piso Firme) y San Pedro Norte (San Pedro), que supuestamente pertenecen a Aly Marcelo Limón Camacho, a quien acusan de estafar a la estatal petrolera con cheques sin fondos.
Estafa
• Ya son 14 los funcionarios investigados por su supuesta participación en la estafa a YPFB en la venta de combustible para los surtidores de Marcelo Limón.
• YPFB ordenó también una auditoría del Distrito Comercial Oriente (Santa Cruz).
Advierten “máximo castigo”
El vicepresidente Álvaro García Linera advirtió ayer con el “máximo castigo” legal a las personas que roben al Estado al referirse a los actos de corrupción denunciados en la regional de la estatal YPFB en Santa Cruz.
Dijo que inmediatamente se conoció la denuncia de irregularidades, convocaron al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, para que ponga a disposición de la Fiscalía los documentos y a los funcionarios, para la investigación pertinente. “Nuestro pedido a YPFB y lo hacemos público a las personas privadas involucradas en corrupción, el máximo de los castigos. Personas privadas que le roban un solo centavo al Estado que se atengan a las consecuencias”, indicó.
El Vicepresidente agregó que YPFB necesita una nueva e inmediata arquitectura institucional y que ese debate se está dando actualmente en la estatal petrolera como en el Ministerio de Hidrocarburos.
“Este es un debate pertinente, lo importante es que el ciudadano de a pie vea que su empresa le rinde réditos”, señaló.
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