miércoles, 3 de julio de 2019
YPFB Transporte no quiere hablar sobre la explosión
Han pasado ocho meses y dos días de la explosión del Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY) en Ipa, Villa Montes, y esa comunidad sigue esperando una respuesta oficial, clara y precisa de YPFB Transporte sobre lo sucedido. Mientras, la gente vive allí con el Jesús en la boca y la empresa nacionalizada, simplemente, no quiere hablar.
Los pobladores de la zona aún lloran por los tres miembros de la familia Franco-Subia muertos por el siniestro, intenta contener los daños psicológicos en una docena de niños y clama por saber si puede echarse a dormir con la certeza de que despertará sana y salva, si el agua y las plantas no están contaminadas.
CORREO DEL SUR constató la incertidumbre que se apoderó de la agricultura en Ipa, habló con la gente del lugar y pudo acceder al corazón del estallido del GSCY. Lo logró con relativa facilidad, pero no tuvo la misma fortuna al tocar las puertas de YPFB Transporte en busca de respuestas.
¿Qué ocasionó la detonación del gasoducto aquel mediodía del 18 de octubre de 2018?
Técnicamente, solo la firma lo sabe. También la consultora en riesgos y seguros “Kiefner and Associates, inc”, que encargó a técnicos de Estados Unidos un “peritaje” sobre el siniestro, según conoció este diario por una entrevista con el fiscal de Villa Montes, Roberto Aguilar.
YPFB Transporte S.A. tiene concesiones para el transporte de hidrocarburos, en el Sistema de Gasoductos Mercado Interno, entre otros. El GSCY está bajo su tuición y, por ende, es responsable de su mantenimiento, monitoreo y funcionamiento.
“EL CASO PELÍCANO”: INTENTOS INFRUCTUOSOS
Hace más de un mes, el 28 de mayo, CORREO DEL SUR estableció el primer contacto con YPFB Transporte para gestionar una entrevista y conocer su versión oficial de lo acontecido. Desde entonces lo hizo por tres vías: correo electrónico, teléfono e incluso visitando la sede central de esa empresa en Santa Cruz de la Sierra.
En mayo pasado envió un cuestionario con 13 preguntas (ver recurso adjunto) que hasta ahora no fueron respondidas con una serie de argumentos expuestos por la coordinadora de Comunicación Empresarial de la firma, Leila Cortez.
Según un correo electrónico remitido a este diario el 20 de junio, YPFB Transporte S.A. estaba trabajando en absolverlas y justificó la demora indicando que “hubo una información que faltó revisar por recomendación del área Legal y estamos en ello”.
En la misma carta, Cortez lamenta que la semana se hiciera muy corta –hubo dos feriados, el jueves 20 y viernes 21– y comunica que estaban “viendo la posibilidad de invitarla (a una periodista de este medio) para recorrer algunos sitios operativos para que vea cómo trabajamos y las acciones tomadas en el caso Pelícano”.
Siempre vía e-mail, CORREO DEL SUR agradeció que la empresa estuviera analizando la posibilidad señalada e insistió en su requerimiento periodístico de contar con la contraparte sobre lo ocurrido.
A pesar de que eran días feriados, la funcionaria de YPFB Transporte S.A. se comunicó con este diario el jueves, como se indica precedentemente, y el viernes, cuando dijo en un nuevo correo electrónico que remitía una respuesta al pedido “en el marco de la responsabilidad con que la empresa siempre procede”.
“YPFB TRANSPORTE S.A. podrá ofrecer la información solicitada, una vez que la etapa de investigación por parte de las autoridades competentes sobre los hechos referidos, concluyan; debiendo, por el momento, precautelarse que dicha investigación sea desarrollada en el marco de la objetividad correspondiente”, reza la parte central de esa contestación.
En resumen, la empresa responderá a las preguntas de este medio una vez que la Fiscalía cierre el caso, y no antes, supuestamente para precautelar la objetividad en el proceso. Según el Ministerio Público, la investigación no ha sido declarada en reserva, por lo que la vía de acceso público a todos los actuados y el seguimiento periodístico a un hecho sensible como este se encuentra habilitada, no tiene traba legal alguna.
En el mismo e-mail, Cortez considera “importante manifestar y aclarar que YPFB TRANSPORTE S.A. opera los Sistemas de Transporte por Ductos en estricto cumplimiento de la normativa nacional aplicable y conforme las normas y estándares internacionales, todo en el marco de su Sistema de Gestión Integrado que cuenta con todas las Certificaciones respectivas”.
Cierra indicando que en el caso de la explosión del GSCY, “como es de público conocimiento, se aplicaron todas las medidas previstas para la atención, mitigación y remediación de los efectos del evento”.
EN LA SEDE
Antes de ambos correos, que a la postre serían los últimos en el marco de esta investigación periodística, CORREO DEL SUR visitó las oficinas de YPFB Transporte, el martes 11 de junio.
En el pasillo de ingreso a las oficinas fue recibido por Cortez, quien –luego de indagar sobre la procedencia del medio y el fin del trabajo, pese a que en semanas previas hubo contactos telefónicos y por correo electrónico– volvió a excusarse de brindar un informe absolviendo nuestras dudas.
La funcionaria también cerró la posibilidad de concretar una entrevista al respecto con algún ejecutivo de la firma, aduciendo que el gerente general, Wilson Zelaya Prudencio, estaba de viaje, y se comprometió a remitir en el día una respuesta al cuestionario de fecha 28 de mayo, pues, según dijo, ya contaba con autorización para hacerlo. Su versión cambió la semana pasada, pero el resultado no: YPFB Transporte S.A. no responde a las interrogantes abiertas tras la explosión.
En medio de este proceso hubo más correos con el mismo fin. Es la misma exigencia que recogimos de la población de Ipa.
Lo que YPFB transporte no responde (cuestionario de este diario)
1. ¿Qué fue lo que ocurrió, según los estudios que realizaron?, ¿qué tipo de estudios realizaron y quiénes intervinieron en ellos (personal de la empresa, autoridades judiciales o de la Fiscalía, consultoras o aseguradoras externas) y en qué fecha dieron por cerradas las indagaciones sobre el tema?
2. En esa línea, en cierto momento se cuestionó que como causas del hecho se hubiese citado el paso de vehículo de alto peso, ya que no se encontró entre los escombros o restos de la zona afectada, algún motorizado de ese tipo. ¿Cómo responden a esa observación? y ¿Está impedido el paso de vehículos con cierto tonelaje, hay señalética en el lugar, había cuando ocurrió el incidente?
3. ¿Cuál fue el área (kilómetros) afectada por la explosión? ¿Quiénes y qué objetos (animales, bienes, árboles y similares) fueron afectados, de qué manera?
4. ¿Qué dicen las normas y leyes sobre la instalación de gasoductos y los asentamientos humanos? ¿La ubicación de las viviendas afectadas y de otros bienes o víctimas en el caso de Villa Montes, cumplían con la regulación vigente al respecto?
5. ¿Era posible evitar técnicamente la explosión? ¿Era posible evitar que se registraran víctimas humanas?
6. En este tipo de explosiones (explicar por favor la intensidad de las llamas y onda expansiva que se registró en el caso de Villa Montes), ¿a qué distancia no podía sobrevivir ningún ser vivo?
7. ¿Continúan realizando acciones para reducir el impacto de la explosión en la comunidad y el medioambiente, o en su defecto cuándo concluyeron?
8. Entendemos que se hizo seguimiento al caso de parte de un médico de YPFB Transporte, ¿el servicio médico ofrecido por la entidad es constante para la sociedad o es un médico destinado a la atención del personal de YPFB?
9. ¿Cómo se coordinó la atención de los dos niños de la familia Franco-Subia afectados por la explosión?
10. ¿Cómo se resarce o resarcirá el daño ocasionado a la familia? ¿Quién será el beneficiario de esto, cómo se cuantificaron los daños y las pérdidas de vidas humanas?
11. ¿Cuál es el estado de salud del niño de la familia Franco-Subia que sobrevivió a la explosión, cuándo le dieron de alta y cómo fue beneficiario por la entidad?
12. Hubo una mujer atendida en Villa Montes tras la explosión, ¿cuál es el estado de salud de ella y cómo se evalúa la atención psicológica que recibieron algunos habitantes?
13. ¿Consideran necesario aplicar o mejorar protocolos de atención a explosiones y a las personas afectadas? ¿Cuántos incidentes de este tipo atendieron anteriormente?
Ruiz: YPFB aceptó su responsabilidad
“Interpretamos como que (YPFB Transporte) han asumido la falta de mantenimiento en ese ducto que, según datos históricos, estaba cerca ya de 50 años instalado. Al no haberse pronunciado, al no haber dado un informe oficial, ellos de alguna manera han aceptado su responsabilidad”, afirma el subgobernador de Villa Montes, Robert Ruiz, sobre las causas de la explosión del gasoducto en Ipa.
Contactada por CORREO DEL SUR, la autoridad detalla que desde hace dos meses, YPFB Transporte ejecuta trabajos de mantenimiento en toda la línea, dentro y fuera del municipio de Villa Montes. “Han pasado una nota comunicándonos eso y entendemos que es a consecuencia del incidente (explosión del gasoducto con muertos y heridos)”, sentencia.
Consultado sobre si encararán alguna acción legal, considerando que además asumen que YPFB Transporte fue negligente en el mantenimiento de ductos, el Subgobernador explica que “no, porque no se ha afectado ningún bien de la entidad (Subgobernación), por lo tanto no tenemos nosotros argumentos para iniciar el proceso”.
Explica que los daños son a bienes privados y comunales, por lo que la empresa trabajó compensaciones directamente con los afectados. “Desde luego no es suficiente, se han perdido vidas humanas”, agrega.
Según Ruiz, estuvieron en reuniones de aclaración sobre el hecho, pero, como entidad regional, esa participación no fue mayor.
Desde Ipa, los cuestionamientos acerca del rol de las autoridades locales respecto a este tema son contundentes: hay silencio y no se siente su apoyo. Sin embargo, el Subgobernador responde que continuamente envían notas a la empresa para pedir acciones, mantenimiento y que incluso se instale una variante en los ductos que atraviesan el corazón de Villa Montes.
Sobre el tema, dice que, por factores económicos, YPFB Transporte abrió la posibilidad de incluir esa variante recién en su plan 2020-2025. “Si pasa algo, es responsabilidad de YPFB Transporte”, acentúa Ruiz.
En una estimación preliminar, más de un centenar de familias están asentadas en el área de influencia del gasoducto que pasa por el Mercado Campesino de Villa Montes. Además, en el barrio Ferroviario de ese municipio hay un centro de almacenamiento con ocho tanques de combustible.
¿Familias de Villa Montes en riesgo?
El subgobernador Robert Ruiz explicó que Villa Montes está “cuadriculado” por ductos y que al menos esperan que se retiren los que pasan por el área urbana del municipio.
Ipa se ubica en el Distrito 6 de Villa Montes.
“También ellos (YPFB Transporte) argumentan que hubo un poquito de descuido de parte de la población porque había una vivienda sobre el derecho de vía del ducto y sabe que está prohibido por ley. Eso también ha dicho YPFB, que no deberían haberse puesto”, comentó la autoridad a CORREO DEL SUR.
La Ley de Hidrocarburos señala que en las “tierras agrícolas, ganaderas, forestales o de conservación que sean de propiedad o posesión individual o colectiva de Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Originarios, independientemente de su tipo de organización y del tipo de propiedad” solo se podrá solicitar la constitución de servidumbres para las actividades de Transporte y Distribución de Gas por Redes y que esta “no significa pérdida del derecho de propiedad o posesión por las Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Originarios”.
Según los testimonios recogidos por este diario, los comunarios afirman que nunca les dijeron que la zona donde viven y ocurrió la tragedia era peligrosa o si debían tener algún cuidado en particular.
“Eso es una mala información. Para empezar, cuando usted ve un ducto, siempre tiene señalización, ¿es cierto o no?; le pregunto. Entonces, ahí está desvirtuada esa afirmación que le hicieron”, dijo Ruiz al indicar que se socializa la información sobre la servidumbre para el paso de ductos, conocida como derecho de vía.
¿Sobre el daño ambiental? La autoridad considera que el impacto no fue “mayor” porque se controlaron las válvulas.
En lo que sí coincide la posición de Ruiz con la de los comunarios es en que hay un marcado hermetismo de parte de YPFB Transporte. Él espera que con la información publicada en esta investigación se encuentren respuestas de parte de autoridades del Gobierno central y del propio directorio de YPFB.
La molestia de los comunarios se traduce en reclamos sin eco
La falta de un reporte que explique la causa de la explosión es la principal molestia de los comunarios de Ipa. Ellos buscan respuestas, quieren saber si pueden seguir viviendo en la zona, si pueden cocinar –a leña, como lo hace la mayoría porque es difícil conseguir gas en garrafa, ahí, desde donde Bolivia exporta gas–, necesitan saber si sus hijos pueden crecer o los abuelos envejecer en sus tierras.
De esa forma, exponen una serie de demandas y reclamos contra YPFB Transporte por los daños causados a la OTB Ipa y la afectación de su medioambiente, y no avizoran un futuro inmediato prometedor.
“Es algo preocupante para nosotros, a ratos nos hacen pensar que es algo grave, o por qué no nos quieren dar una noticia, sea buena o sea mala, para que estemos enterados de lo que ha pasado”, afirma la presidenta de la OTB Ipa, Juana Roldán, al precisar que en su última reunión, en la que esperaban el prometido informe del peritaje sobre el hecho, personeros de YPFB Transporte les dijeron que solo la Fiscalía podía decirles qué había ocurrido.
“Nos dicen que nos sintamos tranquilos, como diciendo que hay garantías; ojalá, Dios quiera que haya garantías y que nunca vuelvan a pasar estas cosas porque, si no, sería algo doloroso (…) Ellos dicen que mandan el chancho (maquinaria para limpiar ductos), entonces ¿por qué ha pasado eso si cuando pasa esa máquina ya se sabe dónde está fregado o hay una fuga? No soy experta, pero me doy cuenta, uno no es tan sonso, como se dice, pero si se hace ese control ¿por qué ha pasado la explosión?”, cuestiona, por su parte, la vicepresidenta de la Organización Territorial de Base (OTB) Ipa, Marisol Benítez.
Fiscalía archiva caso y no hay responsables de la explosión
Queda la vía de la impugnación que, de presentarse, sería resuelta por el fiscal Departamental de Tarija, Aimore Álvarez
Luego de ocho meses de investigación, el Ministerio Público decidió archivar el caso de la mortífera explosión del gasoducto en Ipa, Villa Montes, sin haber encontrado a los responsables del siniestro del 18 de octubre de 2018, que se cobró la vida de tres personas.
En el marco del presente trabajo periodístico, CORREO DEL SUR requirió información del caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) hace más de un mes. Lo hizo vía carta, y desde entonces insistió para contar con detalles del proceso investigativo. No fue hasta el pasado viernes que esa institución remitió un comunicado bajo el rótulo “RESULTADOS CASO EXPLOSIÓN DE DUCTO EN VILLA MONTES”,
“La resolución fiscal y final del caso, señala que al no existir elementos suficientes para acreditar la participación de alguna persona en el hecho, se dispuso el rechazo de la investigación iniciada contra los autores, por lo tanto, corresponde el archivo de obrados”, señala la parte central del documento.
En pocas palabras, el deceso de tres miembros de la familia Franco-Subia, alcanzada por las voraces llamas de la explosión del Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY), no fue responsabilidad de nadie. El Ministerio Público no encontró a los autores del estallido y cierra el caso con una profunda interrogante que se extiende como humo contaminado en el firmamento de Ipa, la comunidad que fue castigada por la detonación.
El informe de la Fiscalía asegura que “las investigaciones” concluyeron y que “se cuenta con los elementos suficientes de prueba en la etapa preliminar” del proceso. Agrega que las pesquisas se realizaron del 19 de octubre de 2018 al 16 de febrero de 2019, por los delitos de Peligro de Estrago, Lesiones Graves y Leves, Atentados contra la Seguridad de los Servicios Públicos y daño Calificado.
Asegura que en principio el Ministerio Público siguió “de oficio las investigaciones”, luego se constituyó en denunciante el Asesor Legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB Transporte, Apolinar Gómez Franco, toda vez que YPFB cuenta con una red de ductos de Santa Cruz a Yacuiba, donde se produjo los daños físicos a cinco personas y “daños al patrimonio de la empresa”.
Según la FGE, el Fiscal de Materia de Villa Montes, Roberto Aguilar, informó que se realizaron las pericias necesarias del hecho como el levantamiento de muestras, inspección ocular, muestras fotográficas y un requerimiento fiscal para la Alcaldía de Villa Montes para que certifique quiénes autorizaron la extracción de áridos y arcilla en la zona Pelícano, entre otras.
Este diario entrevistó a Aguilar a principios de mes en la misma localidad de Villa Montes, cuando la entonces autoridad dijo que el proceso estaba en curso y alistaba el cierre del mismo, aunque se excusó de adelantar en qué sentido iba a acabar la investigación.
Hoy Aguilar ya no es fiscal en ese poblado chaqueño, se supo que fue removido; el proceso investigativo fue encabezado en un primer momento por el fiscal Beyman Farfán.
Siempre según el comunicado de la FGE, esa institución presentó un requerimiento fiscal a la empresa FRAMA SRL –que realizaba trabajos con maquinarias en la zona de Pelícano–, se tomaron declaraciones testificales de personas que estaban cerca de la explosión y de trabajadores de YPFB.
Además, se realizó un requerimiento de peritaje a la empresa consultora internacional “Kiefner and Associates, inc” de Estados Unidos, para que identifique las causas de la falla en el ducto que detonó.
El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes certificó a la Fiscalía que no autorizó la extracción de áridos y arcilla en la zona Pelícano.
Igualmente, FRAMA SRL comunicó a la Fiscalía que es parte de una Asociación Accidental “El Lapacho” que ejecuta el Proyecto de “Construcción Presa Ipa” y que, de acuerdo a la Licencia Ambiental de la obra, realiza trabajos de extracción de arcilla a 600 metros del lugar de los hechos o de la explosión.
Los resultados del estudio que realizaron los especialistas de la empresa “Kiefner and Associates, inc”, señalan que se encontró fisuras microestructurales finas y que la explosión fue por causas no atribuibles a YPFB o terceras personas, tampoco se debió al transporte pesado que había en el lugar. Esto también fue informado a CORREO DEL SUR a principios de mes por el fiscal Aguilar.
El informe señala que “se ha determinado que la rotura y fuga de gas ha sido causada por agrietamiento bajo esfuerzos en corrosión”, según la FGE.
Las Defensorías
El representante legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villa Montes, Ernesto José Velásquez, explicó que plantearon que la investigación se tipifique en contra YPFB Transporte por daños al Estado, contaminación ambiental y varios delitos más.
Con la resolución fiscal conocida en las últimas horas, dicho intento quedó en la nada, y definitivamente. Según procedimiento, queda la vía de la impugnación a la resolución fiscal de rechazo de la denuncia, que de activarse pasaría a manos del Fiscal Departamental de Tarija. ¿Irá Aimore Álvarez a reabrir el caso?
Nace un Comité
El pasado miércoles, las comunidades campesinas e indígenas del área rural, las juntas vecinales del área urbana y el Comité Cívico de Villa Montes conformaron el Comité Ambiental de Defensa de la Vida, para hacer seguimiento al mantenimiento del gasoducto Santa Cruz-Yacuiba y a los compromisos que asumió YPFB Transporte tras la tragedia del año pasado.
El dirigente de la comunidad de Chimeo y representante del nuevo Comité, Carlos Borda, indicó a la Red ACLO que anteriormente la empresa nacionalizada suspendió unilateralmente una reunión en la que debían informar sobre las causas de la explosión en Ipa, razón por la que decidieron formar esa instancia para hacer oír sus preocupaciones.
Informe oficial de las víctimas de Ipa
Según la Fiscalía General del Estado, en base a informes de YPFB Transporte S.A., cuatro personas fueron atendidas por su deteriorado estado de salud tras la explosión.
Dionicio Franco presentaba un diagnóstico de “gran quemado” con quemaduras en un 85% de su cuerpo, lo que causó lesiones internas.
Filomena Subia también presentaba quemaduras en el 85% de su cuerpo y a pesar de que fue sometida a tres cirugías presentó deterioro de signos vitales y falleció.
Yoselin Franco Subia fue sometida a cuatro operaciones de limpieza y fue trasladada en un avión-ambulancia a Shriners Hospital for Children en la ciudad de Galveston, Texas (Estados Unidos), donde fue operada siete veces para injerto de piel, sin embargo, su salud se deterioró y falleció el 5 de febrero de 2019.
También en EEUU, su hermano Marbin se sometió a cuatro cirugías reparadoras y el 3 de diciembre fue dado de alta. “Actualmente se encuentra en etapa de recuperación y fue trasladado a Santa Cruz el 22 de marzo de 2019”, dice el informe de la FGE.
La póliza de seguro de YPFB Transporte cubrió los gastos a las personas afectadas.
Luego de ocho meses de investigación, el Ministerio Público decidió archivar el caso de la mortífera explosión del gasoducto en Ipa, Villa Montes, sin haber encontrado a los responsables del siniestro del 18 de octubre de 2018, que se cobró la vida de tres personas.
En el marco del presente trabajo periodístico, CORREO DEL SUR requirió información del caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) hace más de un mes. Lo hizo vía carta, y desde entonces insistió para contar con detalles del proceso investigativo. No fue hasta el pasado viernes que esa institución remitió un comunicado bajo el rótulo “RESULTADOS CASO EXPLOSIÓN DE DUCTO EN VILLA MONTES”,
“La resolución fiscal y final del caso, señala que al no existir elementos suficientes para acreditar la participación de alguna persona en el hecho, se dispuso el rechazo de la investigación iniciada contra los autores, por lo tanto, corresponde el archivo de obrados”, señala la parte central del documento.
En pocas palabras, el deceso de tres miembros de la familia Franco-Subia, alcanzada por las voraces llamas de la explosión del Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY), no fue responsabilidad de nadie. El Ministerio Público no encontró a los autores del estallido y cierra el caso con una profunda interrogante que se extiende como humo contaminado en el firmamento de Ipa, la comunidad que fue castigada por la detonación.
El informe de la Fiscalía asegura que “las investigaciones” concluyeron y que “se cuenta con los elementos suficientes de prueba en la etapa preliminar” del proceso. Agrega que las pesquisas se realizaron del 19 de octubre de 2018 al 16 de febrero de 2019, por los delitos de Peligro de Estrago, Lesiones Graves y Leves, Atentados contra la Seguridad de los Servicios Públicos y daño Calificado.
Asegura que en principio el Ministerio Público siguió “de oficio las investigaciones”, luego se constituyó en denunciante el Asesor Legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB Transporte, Apolinar Gómez Franco, toda vez que YPFB cuenta con una red de ductos de Santa Cruz a Yacuiba, donde se produjo los daños físicos a cinco personas y “daños al patrimonio de la empresa”.
Según la FGE, el Fiscal de Materia de Villa Montes, Roberto Aguilar, informó que se realizaron las pericias necesarias del hecho como el levantamiento de muestras, inspección ocular, muestras fotográficas y un requerimiento fiscal para la Alcaldía de Villa Montes para que certifique quiénes autorizaron la extracción de áridos y arcilla en la zona Pelícano, entre otras.
Este diario entrevistó a Aguilar a principios de mes en la misma localidad de Villa Montes, cuando la entonces autoridad dijo que el proceso estaba en curso y alistaba el cierre del mismo, aunque se excusó de adelantar en qué sentido iba a acabar la investigación.
Hoy Aguilar ya no es fiscal en ese poblado chaqueño, se supo que fue removido; el proceso investigativo fue encabezado en un primer momento por el fiscal Beyman Farfán.
Siempre según el comunicado de la FGE, esa institución presentó un requerimiento fiscal a la empresa FRAMA SRL –que realizaba trabajos con maquinarias en la zona de Pelícano–, se tomaron declaraciones testificales de personas que estaban cerca de la explosión y de trabajadores de YPFB.
Además, se realizó un requerimiento de peritaje a la empresa consultora internacional “Kiefner and Associates, inc” de Estados Unidos, para que identifique las causas de la falla en el ducto que detonó.
El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes certificó a la Fiscalía que no autorizó la extracción de áridos y arcilla en la zona Pelícano.
Igualmente, FRAMA SRL comunicó a la Fiscalía que es parte de una Asociación Accidental “El Lapacho” que ejecuta el Proyecto de “Construcción Presa Ipa” y que, de acuerdo a la Licencia Ambiental de la obra, realiza trabajos de extracción de arcilla a 600 metros del lugar de los hechos o de la explosión.
Los resultados del estudio que realizaron los especialistas de la empresa “Kiefner and Associates, inc”, señalan que se encontró fisuras microestructurales finas y que la explosión fue por causas no atribuibles a YPFB o terceras personas, tampoco se debió al transporte pesado que había en el lugar. Esto también fue informado a CORREO DEL SUR a principios de mes por el fiscal Aguilar.
El informe señala que “se ha determinado que la rotura y fuga de gas ha sido causada por agrietamiento bajo esfuerzos en corrosión”, según la FGE.
Las Defensorías
El representante legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villa Montes, Ernesto José Velásquez, explicó que plantearon que la investigación se tipifique en contra YPFB Transporte por daños al Estado, contaminación ambiental y varios delitos más.
Con la resolución fiscal conocida en las últimas horas, dicho intento quedó en la nada, y definitivamente. Según procedimiento, queda la vía de la impugnación a la resolución fiscal de rechazo de la denuncia, que de activarse pasaría a manos del Fiscal Departamental de Tarija. ¿Irá Aimore Álvarez a reabrir el caso?
Nace un Comité
El pasado miércoles, las comunidades campesinas e indígenas del área rural, las juntas vecinales del área urbana y el Comité Cívico de Villa Montes conformaron el Comité Ambiental de Defensa de la Vida, para hacer seguimiento al mantenimiento del gasoducto Santa Cruz-Yacuiba y a los compromisos que asumió YPFB Transporte tras la tragedia del año pasado.
El dirigente de la comunidad de Chimeo y representante del nuevo Comité, Carlos Borda, indicó a la Red ACLO que anteriormente la empresa nacionalizada suspendió unilateralmente una reunión en la que debían informar sobre las causas de la explosión en Ipa, razón por la que decidieron formar esa instancia para hacer oír sus preocupaciones.
Informe oficial de las víctimas de Ipa
Según la Fiscalía General del Estado, en base a informes de YPFB Transporte S.A., cuatro personas fueron atendidas por su deteriorado estado de salud tras la explosión.
Dionicio Franco presentaba un diagnóstico de “gran quemado” con quemaduras en un 85% de su cuerpo, lo que causó lesiones internas.
Filomena Subia también presentaba quemaduras en el 85% de su cuerpo y a pesar de que fue sometida a tres cirugías presentó deterioro de signos vitales y falleció.
Yoselin Franco Subia fue sometida a cuatro operaciones de limpieza y fue trasladada en un avión-ambulancia a Shriners Hospital for Children en la ciudad de Galveston, Texas (Estados Unidos), donde fue operada siete veces para injerto de piel, sin embargo, su salud se deterioró y falleció el 5 de febrero de 2019.
También en EEUU, su hermano Marbin se sometió a cuatro cirugías reparadoras y el 3 de diciembre fue dado de alta. “Actualmente se encuentra en etapa de recuperación y fue trasladado a Santa Cruz el 22 de marzo de 2019”, dice el informe de la FGE.
La póliza de seguro de YPFB Transporte cubrió los gastos a las personas afectadas.
Biocombustibles, ¿buenos o malos para el medioambiente?
La intensificación de los sistemas de producción agrícola de materias primas para biocombustibles y la conversión de tierras de cultivo ya existentes y nuevas tendrán efectos medioambientales negativos que incrementarán las emisiones de gases de efecto invernadero.
La intensificación de los sistemas de producción agrícola de materias primas para biocombustibles y la conversión de tierras de cultivo ya existentes y nuevas tendrán efectos medioambientales negativos que incrementarán las emisiones de gases de efecto invernadero.
Últimamente se habla mucho de los biocombustibles, principalmente, en el sentido de que las empresas dedicadas a su producción argumentan que es un tipo de combustible más limpio que los derivados del petróleo. Pero hay razones para creer que en realidad son tan contaminantes como aquellos y, sobre todo, traen grandes problemas de escasez de alimentos a los países subdesarrollados como Bolivia. Lo real es que, al acabarse el petróleo, se está buscando un sustituto de fuentes de energía y no que sea más limpio, sino más rentable. En nuestro caso, se opta por los biocombustibles.
Yo pregunto: ¿Por qué los gobiernos del mundo y las grandes corporaciones no ponen todo su empeño y capital en crear verdaderas fuentes de energía limpia como la eólica, la solar, la fisión del agua, etc.? Considero que simplemente porque estas fuentes de energía no serían rentables.
El capitalismo es totalmente inescrupuloso. Según su base ideológica, solo el más egoísta sobrevive. Ahí vamos con el Gobierno de Bolivia porque pretende favorecer a los empresarios para que ganen millones de dólares por la compra de biocombustibles —como el caso del etanol— a cambio de la devastación de miles de hectáreas de bosques vírgenes, es decir, de nuestro oxígeno para la vida. Paradójicamente, se daña la Madre Tierra en lugar de protegerla.
Lo contrario a lo que se desea conseguir
Al llevar el prefijo “bio”, se tiende a pensar que no tiene consecuencias medioambientales. Sin embargo, con la producción de biocombustibles se logra lo contrario a lo que se desea conseguir: los bosques y las selvas limpian más el aire que los cultivos que se ponen en su lugar.
Científicos suizos de los laboratorios federales de investigación y prueba de materiales llegaron a una amarga conclusión: los biocombustibles existentes no atenúan los daños al medioambiente, sino que transforman sus efectos.
Algunos datos que se han obtenido son escandalosos. Así, por ejemplo, la conversión de soya en biodiesel conlleva la duplicación del efecto invernadero, en comparación con la combustión de hidrocarburos. La causa es la gran intensidad de cultivo, acompañada por la introducción masiva de abonos químicos.
Un cuadro más triste se presenta en Estados Unidos, país que usa centeno para la fabricación de etanol. En este caso, el efecto acumulativo para el entorno supera en nueve veces el daño ecológico proveniente de la combustión de petróleo, es decir, en un 900 por ciento. •
Los biocombustibles en Bolivia
Hablamos propiamente del etanol y empezamos diciendo que la Ley de la Madre Tierra, en su artículo 24, prohíbe la producción de agrocombustibles, como el etanol, debido a las consecuencias para el medioambiente y la seguridad alimentaria.
Por lo tanto, el gobierno de Evo Morales, el mismo que impulsó y promulgó la Ley 071 de la Madre Tierra, ahora está violándola al emitir otra ley para la producción de etanol. ¿Cuál es la explicación que nos dan sobre este tema? Ninguna, esto solo se explica con la generación de más ingresos para los empresarios del oriente y con la menos importación de gasolina, pero igual estamos subvencionando a los productores del etanol, que son los propios agroindustriales.
La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medioambiente. El impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies.
Setenta por ciento de los animales y plantas habitan en los bosques de la Tierra y muchos no pueden sobrevivir por la deforestación que destruye su medio.
La deforestación es también un factor coadyuvante del cambio climático. Los suelos de los bosques son húmedos, pero, sin la protección de la cubierta arbórea, se secan rápidamente.
Los árboles también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico, devolviendo el vapor de agua a la atmósfera. Sin árboles que desempeñen ese papel, muchas selvas y muchos bosques pueden convertirse rápidamente en áridos desiertos.
En resumen, la producción de agrocombustibles que impulsa el Gobierno traerá impactos negativos en el medioambiente y afectará la seguridad y la soberanía alimentaria.
Según información oficial de los propios empresarios agroindustriales, para la producción de etanol se requiere duplicar la superficie de caña, lo cual significará que se deforesten 200 mil hectáreas más de bosque, del que dependen los ciclos hídricos del país.
En mi modesto entender y desde que tengo uso de razón, nunca había visto tanta depredación de nuestros recursos naturales como en estos últimos diez años: todo esto es atentatorio a la vida de todos.
Recuerden que los árboles desempeñan un papel crucial en la absorción de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Tener menos bosques significa emitir más cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera y una mayor velocidad y gravedad del cambio climático.
Tres consecuencias de la producción de etanol
1.- Requiere deforestar inmensas áreas de bosque.
2.- Requiere implementar grandes monocultivos de caña o maíz, que utilizan grandes cantidades de agroquímicos elaborados a base de hidrocarburos.
3.- Al tratarse de grandes extensiones de producción agrícola, se utiliza todo tipo de maquinaria agrícola que funciona con hidrocarburos fósiles (diesel).
Walter Carvallo
Es ingeniero agrónomo, ecologista y con varias especialidades: producción biointensiva de alimentos, conservación y gestión medio ambiental, producción orgánica y agricultura conservacionista. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo rural.
La intensificación de los sistemas de producción agrícola de materias primas para biocombustibles y la conversión de tierras de cultivo ya existentes y nuevas tendrán efectos medioambientales negativos que incrementarán las emisiones de gases de efecto invernadero.
Últimamente se habla mucho de los biocombustibles, principalmente, en el sentido de que las empresas dedicadas a su producción argumentan que es un tipo de combustible más limpio que los derivados del petróleo. Pero hay razones para creer que en realidad son tan contaminantes como aquellos y, sobre todo, traen grandes problemas de escasez de alimentos a los países subdesarrollados como Bolivia. Lo real es que, al acabarse el petróleo, se está buscando un sustituto de fuentes de energía y no que sea más limpio, sino más rentable. En nuestro caso, se opta por los biocombustibles.
Yo pregunto: ¿Por qué los gobiernos del mundo y las grandes corporaciones no ponen todo su empeño y capital en crear verdaderas fuentes de energía limpia como la eólica, la solar, la fisión del agua, etc.? Considero que simplemente porque estas fuentes de energía no serían rentables.
El capitalismo es totalmente inescrupuloso. Según su base ideológica, solo el más egoísta sobrevive. Ahí vamos con el Gobierno de Bolivia porque pretende favorecer a los empresarios para que ganen millones de dólares por la compra de biocombustibles —como el caso del etanol— a cambio de la devastación de miles de hectáreas de bosques vírgenes, es decir, de nuestro oxígeno para la vida. Paradójicamente, se daña la Madre Tierra en lugar de protegerla.
Lo contrario a lo que se desea conseguir
Al llevar el prefijo “bio”, se tiende a pensar que no tiene consecuencias medioambientales. Sin embargo, con la producción de biocombustibles se logra lo contrario a lo que se desea conseguir: los bosques y las selvas limpian más el aire que los cultivos que se ponen en su lugar.
Científicos suizos de los laboratorios federales de investigación y prueba de materiales llegaron a una amarga conclusión: los biocombustibles existentes no atenúan los daños al medioambiente, sino que transforman sus efectos.
Algunos datos que se han obtenido son escandalosos. Así, por ejemplo, la conversión de soya en biodiesel conlleva la duplicación del efecto invernadero, en comparación con la combustión de hidrocarburos. La causa es la gran intensidad de cultivo, acompañada por la introducción masiva de abonos químicos.
Un cuadro más triste se presenta en Estados Unidos, país que usa centeno para la fabricación de etanol. En este caso, el efecto acumulativo para el entorno supera en nueve veces el daño ecológico proveniente de la combustión de petróleo, es decir, en un 900 por ciento. •
Los biocombustibles en Bolivia
Hablamos propiamente del etanol y empezamos diciendo que la Ley de la Madre Tierra, en su artículo 24, prohíbe la producción de agrocombustibles, como el etanol, debido a las consecuencias para el medioambiente y la seguridad alimentaria.
Por lo tanto, el gobierno de Evo Morales, el mismo que impulsó y promulgó la Ley 071 de la Madre Tierra, ahora está violándola al emitir otra ley para la producción de etanol. ¿Cuál es la explicación que nos dan sobre este tema? Ninguna, esto solo se explica con la generación de más ingresos para los empresarios del oriente y con la menos importación de gasolina, pero igual estamos subvencionando a los productores del etanol, que son los propios agroindustriales.
La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medioambiente. El impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies.
Setenta por ciento de los animales y plantas habitan en los bosques de la Tierra y muchos no pueden sobrevivir por la deforestación que destruye su medio.
La deforestación es también un factor coadyuvante del cambio climático. Los suelos de los bosques son húmedos, pero, sin la protección de la cubierta arbórea, se secan rápidamente.
Los árboles también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico, devolviendo el vapor de agua a la atmósfera. Sin árboles que desempeñen ese papel, muchas selvas y muchos bosques pueden convertirse rápidamente en áridos desiertos.
En resumen, la producción de agrocombustibles que impulsa el Gobierno traerá impactos negativos en el medioambiente y afectará la seguridad y la soberanía alimentaria.
Según información oficial de los propios empresarios agroindustriales, para la producción de etanol se requiere duplicar la superficie de caña, lo cual significará que se deforesten 200 mil hectáreas más de bosque, del que dependen los ciclos hídricos del país.
En mi modesto entender y desde que tengo uso de razón, nunca había visto tanta depredación de nuestros recursos naturales como en estos últimos diez años: todo esto es atentatorio a la vida de todos.
Recuerden que los árboles desempeñan un papel crucial en la absorción de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Tener menos bosques significa emitir más cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera y una mayor velocidad y gravedad del cambio climático.
Tres consecuencias de la producción de etanol
1.- Requiere deforestar inmensas áreas de bosque.
2.- Requiere implementar grandes monocultivos de caña o maíz, que utilizan grandes cantidades de agroquímicos elaborados a base de hidrocarburos.
3.- Al tratarse de grandes extensiones de producción agrícola, se utiliza todo tipo de maquinaria agrícola que funciona con hidrocarburos fósiles (diesel).
Walter Carvallo
Es ingeniero agrónomo, ecologista y con varias especialidades: producción biointensiva de alimentos, conservación y gestión medio ambiental, producción orgánica y agricultura conservacionista. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo rural.
Bolivia prevé tener al menos 15 TCF de reservas hidrocarburíferas en 2025
El ministro de Hidrocarburos garantizó que el Gobierno además de reponer el consumo interno y externo, incrementará los volúmenes.
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció este domingo que Bolivia prevé tener en 2025 al menos 15 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas hidrocarburíferas e indicó que los próximos seis años se estima ejecutar una inversión de 10 mil millones de dólares en exploración y explotación.
"El negocio de los últimos 13 años ha sido 55.603 millones de dólares, de esos 37.479 millones de dólares es para el Estado boliviano (...), esperamos como reto que el año 2025 podamos certificar las reservas cerca de 15 TCF", dijo en entrevista con el programa El pueblo es noticia, que difunden medios estatales.
Recordó que en 2005 Bolivia tenía 9 TCF de reservas. Esta cantidad subió en 2009 a 9.9 TCF, en 2013 llegó a 10.45 TCF y en 2018 alcanzó 10.7 TCF.
"En 13 años hemos consumido cerca de 10 TCF y hemos repuesto y hemos incrementado", agregó.
Detalló también que la inversión para exploración y explotación de hidrocarburos entre 1993 y 2005 fue de cerca de 3.600 millones de dólares, sin embargo desde 2006, a la cabeza del presidente Evo Morales, se invirtieron 9.000 millones de dólares, que prevén incrementar en los próximos años.
"Vamos a invertir en los próximos seis años cerca de 10.000 millones de dólares en exploración y explotación y dos millones de dólares en la perforación en más de 30 pozos exploratorios, ubicados en 29 áreas", precisó.
Garantizó que el Gobierno además de reponer el consumo interno y externo, "incrementará los volúmenes".
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció este domingo que Bolivia prevé tener en 2025 al menos 15 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas hidrocarburíferas e indicó que los próximos seis años se estima ejecutar una inversión de 10 mil millones de dólares en exploración y explotación.
"El negocio de los últimos 13 años ha sido 55.603 millones de dólares, de esos 37.479 millones de dólares es para el Estado boliviano (...), esperamos como reto que el año 2025 podamos certificar las reservas cerca de 15 TCF", dijo en entrevista con el programa El pueblo es noticia, que difunden medios estatales.
Recordó que en 2005 Bolivia tenía 9 TCF de reservas. Esta cantidad subió en 2009 a 9.9 TCF, en 2013 llegó a 10.45 TCF y en 2018 alcanzó 10.7 TCF.
"En 13 años hemos consumido cerca de 10 TCF y hemos repuesto y hemos incrementado", agregó.
Detalló también que la inversión para exploración y explotación de hidrocarburos entre 1993 y 2005 fue de cerca de 3.600 millones de dólares, sin embargo desde 2006, a la cabeza del presidente Evo Morales, se invirtieron 9.000 millones de dólares, que prevén incrementar en los próximos años.
"Vamos a invertir en los próximos seis años cerca de 10.000 millones de dólares en exploración y explotación y dos millones de dólares en la perforación en más de 30 pozos exploratorios, ubicados en 29 áreas", precisó.
Garantizó que el Gobierno además de reponer el consumo interno y externo, "incrementará los volúmenes".
Proyectan realizar un millón de conexiones de gas en Perú
Bolivia, a través de YPFB, proyecta realizar un millón de conexiones de gas natural domiciliario en las poblaciones del sur peruano, en el marco del acuerdo suscrito entre ambos países, informó ayer el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez.
La autoridad explicó que el proyecto de instalación de redes de gas comenzará en la región fronteriza de Desaguadero, para ingresar a las poblaciones peruanas hasta llegar a la ciudad de Puno, lo que será inmediato y tomará pocas semanas para realizar la colocación de los primeros medidores.
Agregó que solamente la inversión que se hará en Desaguadero para la construcción de redes alcanzará a $us 12 millones o $us 13 millones, recursos que están garantizados por la capacidad financiera que tiene la estatal YPFB.
“En Bolivia tenemos casi un millón de conexiones (de gas a domicilio), eso lo queremos traspasar al Perú, que es un nuevo mercado; empezaremos a hacer redes de gas en Desaguadero”, afirmó la autoridad al referirse a uno de los tres acuerdos suscritos en el área de hidrocarburos en el V Gabinete Ministerial Binacional Bolivia-Perú y encuentro de los presidentes Evo Morales y Martín Vizcarra, celebrado el martes 25 de junio en la ciudad de Ilo.
La autoridad dijo que se procederá a la construcción de plantas de regasificación y a realizar las conexiones en siete macrorregiones del Perú.
Añadió que ambos países se beneficiarán porque abaratará costos a los peruanos y generará nuevos ingresos a Bolivia.
Apuntes
Perú se consolida como un nuevo mercado para el gas natural boliviano.
YPFB instalará redes de gas domiciliario en siete macrorregiones del país vecino.
Bolivia genera nuevos ingresos económicos.
Petroleras comprometen $us 7.000 millones de inversión en Bolivia
En los últimos cinco años, Bolivia logró atraer, mediante la firma de contratos, alrededor de $us 7.000 millones de inversión de petroleras extranjeras para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de gas natural, informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.
La autoridad señaló el domingo, en declaraciones a la red de medios estatales, que el plan nacional de hidrocarburos abarca hasta 2050, para el cual Bolivia contrató los servicios de las “empresas más importantes del mundo”.
En la actualidad, el país tiene como operadoras a empresas extranjeras, como Shell, Pan American Energy, Gazprom, Repsol, Petrobras, Total E&P, Pluspetrol, Petrobras, BG Bolivia, las que, según el Gobierno, invierten en el Estado boliviano por su alto potencial gasífero.
El ministro Sánchez indicó que de acuerdo con los estudios de la empresa Beicip Franlab, el territorio boliviano tiene un potencial de gas natural convencional que alcanza a 151 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) y no convencional que llega a 1.000 TCF.
“En los últimos cinco años, nosotros hemos atraído inversiones por cerca de 7.000 millones de dólares firmados, con contrato (...) unos que están corriendo en la parte operativa, caminos y planchadas, otros en perforación, otros en análisis todavía de sísmica”, explicó la autoridad, que además añadió que los recursos son ejecutados en áreas como Corahuaycho, Itacaray, San Telmo, Astillero, Charagua, Iñiguazú, Carandaiti, Sayurenda, Yuarenda, Abapó, entre otros.
En ese marco, Sánchez destacó que solo para el período 2019-2025 la inversión programada en hidrocarburos será de $us 9.800 millones, con la meta de certificar reservas de gas convencional por 15 TCF. En la actualidad, las reservas probadas son de 10,7 TCF.
Como efecto de las inversiones ejecutadas en los últimos años en el marco del plan de exploración, aseveró la autoridad de Hidrocarburos, este año se concluyeron cinco pozos exploratorios (Chaco Este 1, Chaco Este 2, Florida, Boyuy e Incahuasi 5), y todos con resultados positivos.
Agregó que están en ejecución 12 pozos y otros 14 programados que tienen un potencial estimado de reservas de 23 TCF.
Ejecución de recursos en 13 años
El ministro Sánchez manifestó que en los últimos 13 años (2006-2018), el negocio del gas generó $us 37.479 millones en beneficio del Estado boliviano.
“Nosotros beneficiamos a los departamentos productores y no productores con cerca de 17.000 (millones de dólares), cerca del 45% (del total) y el otro porcentaje viene al TGN (Tesoro General de la Nación)”, apuntó.
Inician venta de gasolina de 87 octanos en Santa Cruz
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que hoy comenzará la venta de la gasolina especial plus de 87 octanos en Santa Cruz.
La información fue confirmada por su director, Gary Medrano, quien dijo que el ingreso a Santa Cruz de la nueva gasolina se demoró debido a temas logísticos, como definir los volúmenes y las adecuaciones en los tanques de las estaciones de servicio.
Precisó que cada día se vende en el país alrededor de 5 millones de litros de gasolina y el objetivo es cubrir esa demanda con el nuevo producto, tomando en cuenta que se comercializa en Cochabamba y La Paz.
Recordó que la nueva gasolina especial plus incluye un aditivo orgánico y amigable con el medio ambiente, como es el alcohol anhidro.
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