La industrialización del gas pasa por una Política Industrial y de Comercio Exterior

El Poder Ejecutivo es el responsable del desarrollo de la política y los incentivos parala industrialización del recurso natural no renovable.

Cuando se habla de industrialización se está haciendo referencia al conjunto de actividades económicas que producen bienes materiales por transformación de materias primas. En ese sentido, la Ley de Hidrocarburos 3058 la define como las actividades de transformación química de los hidrocarburos y los procesos industriales y termoeléctricos que tienen por finalidad añadir valor agregado al gas natural, tales como; Petroquímica, Gas a Líquidos (GTL), producción de fertilizantes, urea, amonio, metanol y otros, afirma un estudio de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH).

En la serie de notas sobre los hidrocarburos, la CBH considera que todo proceso de industrialización pasa por una Política Industrial y de Comercio Exterior, que estará dirigida al desarrollo de mercados internos y de exportación que viabilicen la industrialización del país a través de la inversión y la aplicación de tecnología de punta.

En esa política, el gas natural tiene un papel muy importante para mejorar la eficiencia de la estructura productiva, en razón de su amplia utilización en toda la cadena industrial, pudiendo ser utilizado como combustible y/o materia prima en los procesos industriales. Esos procesos deberían generar un mayor valor agregado permitiendo mayores ingresos que la exportación de gas natural como materia prima.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo es el responsable del desarrollo de la Política y los incentivos para la industrialización del gas, como también para fomentar la participación del sector privado en la exportación del gas y su industrialización.

Además, que la Ley No. 3058 establece incentivos tributarios para los proyectos de industrialización entre los cuales se pueden mencionar: Liberación del pago del Gravamen Arancelario (GA) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para todas las importaciones definitivas de bienes, equipos, materiales, maquinarias y otros, que sean requeridos para la instalación de la planta o complejo industrial.

También se debe mencionar la liberación del Impuesto sobre Utilidades (IUE) por un plazo de hasta 8 años a partir del inicio de las operaciones, así como la suscripción de Convenios de Estabilidad del Régimen Tributario vigente al momento de celebrarse el acuerdo, por un plazo no mayor a 10 años.

Prioridades

No obstante, para la industrialización del gas natural deben coexistir por lo menos los siguientes aspectos: a) Disponibilidad de gas natural (materia prima) en el tiempo, en cantidad y calidad requeridas. b) Mercados demandantes de los productos. c) Infraestructura para el transporte de los productos a los mercados. d) Incentivos económicos y tributarios que viabilicen los procesos de industrialización. e) La inversión necesaria para producir el gas, elaborar los productos y transportarlos a los mercados, más aún en un país mediterráneo como Bolivia. Todos estos procesos son intensivos en capital.

En general, la CBH puntualiza que “los gobiernos no disponen de los capitales necesarios, debido a que dentro de sus prioridades no es aconsejable que se endeuden: por lo tanto, es una actividad que asume el sector privado, siempre y cuando exista la seguridad jurídica del contexto legal y la garantía de las inversiones, ya que todo proyecto debe ser considerado a un promedio de 20 años para tener un tiempo razonable para el proceso de financiamiento, construcción y operación de las plantas que generen los ingresos para recuperar las inversiones y tener utilidades e ingresos en el país”.

Según entendidos en la materia, el Gobierno todavía está lejos del proceso de industrialización del gas natural debido a la política errónea que maneja en el sector de los hidrocarburos: apartar a la inversión extranjera y no buscar socios para los emprendimientos económicos.

Gobierno admite que no logró estatizar Chaco SA

El círculo de la nacionalización, iniciada el 1 de mayo de 2006, no logra cerrarse y el Gobierno y las autoridades energéticas incumplen la ley del gas al no haber concretado hasta la fecha la nacionalización de la capitalizada Chaco SA, lo cual comenzó a preocupar ayer a las autoridades del Poder Ejecutivo. Según fuentes gubernamentales, el tema está siendo analizado por el propio presidente, Evo Morales, que en anteriores horas pidió una explicación al ministro de Hidrocarburos y a la estatal petrolera YPFB por no hacer cumplir la normativa. No se descarta una intervención a la petrolera en el transcurso de esta semana.
Es que el Ejecutivo aprobó el 1 de mayo de este año el Decreto Supremo 29141, que concreta el control y dirección estatal sobre la empresa Chaco al adquirir 167.271 acciones de la empresa Amoco Bolivia Oil & Gas (ahora PAE), a un costo de $us 29 por cada una de ellas, haciendo un total de $us. 4.850.859. Sin embargo, pese a los 30 días de plazo final estipulados por el Gobierno para la transición de la administración, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, no logró sellar los acuerdos. Mientras que con Transredes, Andina y la CLHB se actuó con más rigor y se acató la disposición.
Al respecto, el ministro del área no pudo ser contactado, ya que se encontraba de viaje. El viernes y sábado pasados estuvo en Santa Cruz y se alojó en el hotel House Inn, pero tampoco atendió a los medios de comunicación.
Por su lado, YPFB informó de que el periodo de transición en las petroleras Andina, Chaco y Transredes es hasta septiembre, no obstante, admitió que la administración de todas las nacionalizadas se debía realizar máximo hasta mediados de julio y en 90 días todas las operaciones.
Altas fuentes petroleras indicaron a EL DEBER que el accionista mayoritario de Chaco (PanAmerican Energy -PAE) pidió continuar administrando la empresa. A cambio de ello está dispuesta a ceder sus acciones al Estado boliviano. Mientras tanto, la Bolsa Boliviana de Valores SA comunicó oficialmente que la composición accionaria de la petrolera se mantiene inalterable, es decir que PAE tiene una participación del 50%, YPFB del 48,9% y el resto lo conforman accionistas minoritarios.
Por su lado, la empresa Chaco mantiene su estrategia de negociación y para ello altos ejecutivos de PAE se encuentran en la sede de Gobierno en busca de llegar a un acuerdo con las autoridades energéticas. Pese a esta situación, aclararon que continuarán con su plan de inversiones en el país. Precisamente la compañía trabaja en el campo Percheles, ubicado a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del cual estiman que hay importantes reservas y cuya producción tiene como objetivo ser destinada para el abastecimiento del mercado interno y la exportación a Argentina de acuerdo con volúmenes y plazos definidos por YPFB.
En criterio del analista energético Carlos Alberto López, el propio Gobierno viola su Ley. “Esto demuestra que las petroleras no están dispuestas a someterse a un control estatal ideologizado sobre el capital que inviertan”, dijo.
Para el constitucionalista José Antonio de Chazal, habría que analizar el decreto de nacionalización y los acuerdos arribados con cada una de las empresas.

Evo inaugurará planta en Río Grande
El presidente, Evo Morales, inaugurará hoy, a las 6:00, la construcción de una planta de separación de GLP y gasolina en el campo Río Grande, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, con el objetivo de evitar un mayor déficit interno en el abastecimiento de GLP en 2009. Para ello busca asegurar una mayor producción y generar excedentes exportables.
La construcción de la planta fue adjudicada a la empresa Catler Uniservice S.R.L. La licitación se realizó bajo la modalidad de provisión llave en mano, que incluye la operación y mantenimiento de la planta en un periodo de tres años, informó el gerente de Planificación de YPFB, Misael Gemio.
El decreto 29564 dispuso que en el financiamiento, el Ministerio de Hacienda suscriba un contrato de fideicomiso con plazo de dos años como fiduciario de $us 45 millones.
La inversión referencial señalada en el pliego de la convocatoria era de 90 millones de dólares. La empresa propuso el monto de $us 86.351.000 con el cual se adjudicó el proyecto.

Bs 1 millón para auditar a Andina

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Óscar Coca, informó ayer que la realización de la auditoría a la empresa Ferroviaria Andina demandará un millón de bolivianos. La autoridad indicó que, en cumplimiento de la política del Gobierno de recuperar las empresas estratégicas para el Estado, se lanzó la licitación para contratar a la firma auditora que se encargará de verificar el nivel de cumplimiento de las inversiones en el sector ferroviario occidental. ABI

Efectos de la Ley 3058 y el Decreto de Nacionalización

El estudio elaborado por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, “Informe CBH 2007: Situación y perspectivas de la industria petrolera boliviana”, es concluyente cuando afirma que: “un 68.4 por ciento del incremento en las recaudaciones petroleras experimentado entre 2005 y 2007 se deriva del régimen de regalías establecido en la Ley 1.689 de 1996, y de la aplicación del IDH introducido por la Ley 3.058 de mayo de 2005”.

Es decir, lejos del alcance de las medidas consecuentes del Decreto de Nacionalización del 1 de mayo de 2006, así como de la tributación extraordinaria del 32 % que esa norma aplicó sólo a los denominados “megacampos” y que incluso está pendiente de resolución del Tribunal Constitucional de la Nación sobre la legalidad o no de su aplicación.

¿Ley o decreto?

Para la CBH, la desagregación de los ingresos petroleros revela que la rápida expansión de las recaudaciones petroleras se deriva fundamentalmente de la aplicación de las alícuotas sobre la producción correspondiente a regalías, IDH y participación para YPFB, por cuyo concepto los montos recaudados para el Estado han pasado de sólo 180 millones de dólares en 2000 a 1,572 millones de dólares en 2007.

Un segundo aspecto, al que califica de “fundamental” en el incremento de las recaudaciones, de carácter temporal, “es que a diferencia del crecimiento de sólo el 59.4% en los cuatro años de 2000 a 2004, entre 2005 y 2007 los ingresos por concepto de regalías y participaciones sobre la producción de hidrocarburos han pasado de 605.9 millones a 1,572 millones de dólares, un crecimiento de 159.4 por ciento”.

“Sobre la base de 317 millones de dólares recaudados en 2005 exclusivamente por concepto de regalías, los impuestos sobre la producción petrolera se han incrementado a 2007 en 121.6 millones de dólares por concepto de regalías, en 737 millones de dólares por concepto de IDH y en 396 millones de dólares como resultado de la participación del 32% para YPFB fruto del Decreto de Nacionalización”.

“En otras palabras, y sin tomar aún en cuenta el efecto del incremento de volúmenes producidos y exportados durante el período ni el efecto del significativo incremento en el precio de los hidrocarburos sobre los valores recaudados, puede concluirse inicialmente que, partiendo de la base de 317 millones de dólares obtenidos por concepto de regalías en 2005 –año de inicio de modificaciones al régimen fiscal del sector a través de la Ley 3058 y de la introducción del IDH–, del incremento global de $us 1,254.6 millones en las recaudaciones a 2007 un 9.7% corresponde a regalías establecidas con anterioridad inclusive a la Ley 3.058 de mayo de 2005; un 58.7% corresponde a la aplicación de la alícuota del 32% del IDH introducido a través de la Ley 3058 y únicamente un 31.6% se deriva de la aplicación, exclusivamente durante el período de transición a los nuevos contratos de operación, de la participación adicional del 32% para YPFB establecida en el Decreto de Nacionalización de mayo de 2006”.

De esa manera, especifica que: “A futuro, y en una proporción significativamente menor, YPFB podría beneficiarse de una participación en las utilidades de las compañías contempladas en los Contratos de Operación que, ineludiblemente, se deriva de la Ley 3.058 y del régimen tributario en ella establecido y no de las provisiones del Decreto de Nacionalización, las que se limitan a crear la participación transitoria del 32% para YPFB y a ratificar el régimen fiscal establecido por la Ley 3058”.

YPFB informará sobre nueva política de bonos en Transredes

El futuro de la transportadora de hidrocarburos, Transredes, y la posición de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) respecto de los bonos vigentes serán discutidos este lunes en la Asamblea General de Tenedores de Bonos Transredes II, IV y V, confirmaron en el sector.
Las perspectivas económicas y financieras de la empresa, tanto en el corto como el mediano y largo plazo, serán discutidas en la reunión que se realizará en Santa Cruz. Los tenedores de los bonos de Transredes están interesados en conocer la posición de YPFB, como accionista mayoritario, sobre la vigencia de estos títulos.
Las acciones de TR Holdings en Transredes fueron nacionalizadas el 2 de junio por decreto, por lo que YPFB asumió el mando, designando a su nuevo ejecutivo y el directorio, sin embargo, todavía está pendiente el cambio de razón social.
La agenda para la asamblea fue planteada por el representante común de tenedores de bonos, de sus tres versiones, según su convocatoria. /ANF

Yacimientos aún no tomó el control de la compañía

Pan American Energy (PAE) mantiene la mayoría accionaria en la Empresa Petrolera Chaco, según un reporte de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV).
La información señala que la Petrolera Chaco SA, “a solicitud de la Bolsa Boliviana de Valores SA, comunica su composición accionaria al 4 de julio de 2008”.

El reporte añade que la argentina PAE tiene una participación del 50% de las acciones en la petrolera, mientras la estatal YPFB detenta el 48,9610%.

La Razón intentó comunicarse con los ejecutivos de la Empresa Petrolera Chaco, pero éstos se encontraban en una reunión.

Fuentes del sector petrolero explicaron a este medio que las negociaciones entre PAE y el Estado boliviano aún no han concluido, por lo que, legalmente, no se puede modificar la composición accionaria de la compañía.

Es más, “la estructura administrativa de la compañía se mantiene intacta”, añadió otra de las fuentes, que pidió guardar su nombre en reserva.

Para que YPFB se convierta en la accionista mayoritaria en Chaco, debe comprar 167.271 acciones, cada una a 29 dólares, por lo que pagará 4,8 millones de dólares a la dueña, la argentina PAE, filial de British Petroleum (BP).

A mediados de mayo, una delegación de ejecutivos de PAE, con sede en Argentina, se reunió con autoridades del Gobierno, a quienes ratificaron el acatamiento de las normas legales.

CHACO

Producción • Chaco tiene una producción diaria de 5,5 millones de metros cúbicos de gas natural. Su producción aumentará en 20% hasta fin de año.

Argentina • A la compañía petrolera le fueron asignados volúmenes adicionales de gas natural para la exportación al mercado argentino.

Chaco reactiva un campo y aumenta producción de gas

La Empresa Petrolera Chaco, cuyo principal accionista es YPFB, reactivó el campo Santa Rosa que se encuentra ubicado en el departamento de Santa Cruz, lo que le permitirá incrementar los volúmenes de producción de gas natural con destino al mercado externo, según informaron ayer fuentes del sector petrolero.
Las fuentes consultadas por este medio dijeron que el campo comenzará a ser operado comercialmente el próximo año y el mismo tendrá una producción de 1,7 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas.

La producción comercial de este pozo permitirá aumentar los volúmenes de exportación a Argentina, aseguró una de las fuentes, que requirió el anonimato.

El campo Santa Rosa es parte de 23 campos inactivos, pero que tienen reservas remanentes de gas natural. En total son 73 depósitos, que totalizan un trillón de pies cúbicos (TCF).

El 27 de febrero, La Razón informó de que Chaco invertirá este año 120 millones de dólares para aumentar la producción de gas natural en 1,1 millones de metros cúbicos por día.

En aquella oportunidad, el gerente de Relaciones Institucionales de la Empresa Chaco, Juan Callaú, dijo que la compañía realizaba trabajos de "intervención y perforación" de pozos en el área de Percheles y El Dorado. En el segundo semestre, señaló, se "realizarán trabajos de intervención" en el área de Santa Rosa.

Explicó que estos trabajos de intervención son para recuperar esos pozos, que "estaban perforados y tapados debido a que no había mercado para el gas". "Se están recuperando los pozos, pero todavía no están en producción para exportación. Todo está para el segundo semestre".

La empresa produce actualmente 5,5 millones de metros cúbicos y se espera que la producción se incremente en 20% (1,1 MMmcd) hasta fin de año. Esta cantidad, sin embargo, es insuficiente para cumplir con los volúmenes requeridos por los mercados externo e interno.

Por un contrato firmado con Bolivia, Argentina demanda actualmente 7,7 MMmcd de gas natural. Sin embargo, la estatal YPFB despacha menos de la mitad del volumen requerido.