YPFB usará plata de las capitalizadas

Ante la falta de recursos económicos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) echará mano de las utilidades de las empresas capitalizadas para encarar su administración.

El 1 de mayo, el Gobierno tomó control de las compañías Chaco, Andina, Transredes y Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB).

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, informó que estas empresas tienen un “flujo de caja” considerable que asegura recursos para invertir. “En el proceso anterior a la promulgación del decreto del 1 de mayo —declaró la autoridad— hicimos un análisis exhaustivo financiero y todas las empresas tienen un flujo de caja de tal manera que nos asegura la inversión en Chaco, Andina, Transredes y en la CLHB”.

Además se buscará garantizar un crédito de 100 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la construcción del gasoducto Carrasco-Cochabamba que impulsaba la empresa Transredes.

El presidente de YPFB, Santos Ramírez, sostuvo el fin de semana que uno de los principales problemas que tiene la estatal es la falta de recursos financieros para afrontar la exploración, la producción y la refinación.

Villegas reconoció esa falencia porque la Ley 3058 de Hidrocarburos dispone la refundación de YPFB, pero no le asigna dinero.

Antes, la estatal obtenía el 6 por ciento de los ingresos por participaciones y regalías, ahora se quedó sin recursos.

Gobierno aún dará subsidio a carburantes

El Gobierno mantendrá el subsidio a los hidrocarburos para que el precio al consumidor se mantenga congelado a pesar del millonario gasto que representa para el Estado.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, señaló ante la Red Patria Nueva que el precio internacional del petróleo, que bordea los 120 dólares, continuará al alza y eso representa un problema para el mercado interno. Esto porque YPFB compra a 30 dólares el barril a las compañías petroleras para su posterior refinación y subvenciona los derivados. El ministerio de Hacienda planteó hacer ajustes a este beneficio porque este año tendrá un costo de 300 millones de dólares.

YPFB tendrá problemas financieros para manejar empresas nacionalizadas

La falta de recursos económicos en favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) le generará dificultades para asumir las operaciones de las empresas del sector recién nacionalizadas: Transredes, Chaco, Andina y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB).

Así lo admitió ayer el presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, en declaraciones a la Red Patria Nueva.

Aseguró que “lo económico-financiero es la base del problema” porque la empresa necesita más dinero para poder “perforar y explorar” los campos de las petroleras recuperadas.

El ministro de Hacienda, Luis Arce, hace algunos meses dijo que la nueva Ley de Hidrocarburos no había dejado recursos económicos a YPFB y simplemente distribuyó los ingresos entre las regiones por la presión.

El 1 de mayo, el presidente Evo Morales nacionalizó por decreto tres petroleras y una cuarta, filial de Repsol YPF, mediante un acuerdo con la compañía hispano-argentina. También decretó la recuperación del 100 por ciento de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia, de inversores peruanos y alemanes, lo que obliga a sus propietarios a transferir la totalidad de sus acciones al Estado a cambio de un pago de 20 millones de dólares.

El Estado, a través de la Superintendencia de Hidrocarburos, ejecutó el viernes la intervención de la CLHB, encargada del almacenamiento y transporte de carburantes, después de acusar a sus accionistas de arriesgar la continuidad del servicio que presta esa empresa.

Para dar continuidad a sus operaciones, el Gobierno designó como interventor al constituyente masista Saúl Ávalos, quien, de acuerdo con su perfil profesional, no tiene experiencia en el ramo.

Ramírez acusó ayer a los propietarios de la CLHB de no haber invertido lo suficiente en aumentar la capacidad de almacenamiento de la compañía y calificó de “imperdonable” ese hecho.

La autoridad dijo que se necesita más capacidad en este ámbito para las contingencias.

Las deudas de Transredes triplican su utilidad de 2007

La transportadora de hidrocarburos Transredes, cuyo control acaba de asumir el Estado, tiene una deuda de 1.770,5 millones de bolivianos, que triplican la utilidad neta (ganancia después del pago de impuestos) de 594,2 millones de bolivianos obtenida el año pasado.

Así lo revelan los estados financieros auditados de la ex empresa capitalizada al 31 de diciembre de 2007.

El 1 de mayo reciente, el Estado, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), nacionalizó mediante el Decreto Supremo 29451 el 2,62 por ciento de las acciones de Transredes para recuperar el control de su directorio y sus decisiones de negocio.

El balance de la compañía revela que las ganancias netas, es decir, las que generó luego del pago de impuestos, en 2007 triplicaron las cifras obtenidas en la gestión 2006, cuando alcanzaron los 246,5 millones.

Sus principales ingresos provinieron del transporte de gas natural para la exportación (Bs 458 millones) y la movilización y almacenamiento de líquidos (Bs 368,1 millones).

En contraste, la empresa, según los balances de 2007, tiene obligaciones pendientes de pago con bancos comerciales por un valor de 76,7 millones de bolivianos, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 622 millones, con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 413 millones y con el Banco Central de Bolivia (BCB) por 614,6 millones de bolivianos.

Las deudas con entidades financieras se las debe cancelar indefectiblemente.

Para financiar su programa de inversiones del periodo 2002-2005, la empresa recurrió al BID y a la CAF, que desembolsaron 160,3 millones de dólares, pagaderos en diez años.

A largo plazo y hasta 2021, Transredes también debe honrar una deuda de 710 millones de bolivianos por las emisiones de bonos en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV).

El Gobierno tomó la decisión de nacionalizar la compañía debido a que no habían prosperado las negociaciones entabladas para recuperar el control y cuyo plazo expiraba el miércoles 30 de abril. Esto porque los dueños de la compañía TR-Holdings habían solicitado montos elevados por la venta de la infraestructura de transporte de hidrocarburos.

El Gobierno anunció que sólo le pagará 12,6 millones de dólares por el 2,62 por ciento de las acciones, cantidad que permite a YPFB poseer la mayoría del paquete accionario de la sociedad.

Para este fin, el Ejecutivo fijó en 48 dólares el precio de cada una de las acciones de la empresa, pero se desconoce el valor de mercado.

En 1996, Transredes, por entonces en manos de la estadounidense Enron, capitalizó la unidad de transportes de YPFB y comprometió una inversión de 263 millones de dólares.

Ex asambleísta Saúl Ávalos será interventor en CLHB

El Gobierno designó anoche al ex asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Saúl Ávalos Cortés (42) como interventor de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), nacionalizada la semana pasada, para que lleve adelante la gestión y la administración de la empresa.

La firma controla las 19 plantas de almacenaje de gasolina y diésel y 1.447 kilómetros de ductos. Del nuevo manejo de la empresa dependerá la provisión de líquidos al mercado interno.

El acto de posesión se celebró anoche en Santa Cruz en presencia del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y del superintendente del rubro, Guillermo Aruquipa.

Ávalos es cruceño, de profesión economista y, según datos de los partidos de oposición, es dueño de la empresa de seguridad privada Líder.

En 2007, se desempeñó como presidente de la Comisión para Autonomías de la Asamblea Constituyente y es conocido por su vínculo con los movimientos sociales del oriente. No tiene experiencia en el área petrolera.

Según el Decreto Supremo 29555, promulgado el jueves, el nuevo funcionario deberá garantizar la continuidad de las operaciones de CLHB mientras que YPFB las asuma plenamente.

Para ello, podrá instruir la contratación de auditorías; disponer de la reestructuración del plantel ejecutivo de la empresa, si es necesario; adoptar medidas para potenciarla, previa consulta con la Superintendencia de Hidrocarburos, y requerir el auxilio de la fuerza pública para ejercer sus funciones, entre otros.

La disposición no establece una fecha para el término de la intervención. Sin embargo, el miércoles Ramírez anticipó que sobre la base de CLHB se constituirá en los próximos 30 días YPFB Logística S.A., una subsidiaria de YPFB Corporación.

El 1 de mayo el Estado adquirió, con el Decreto Supremo 29542, el 100 por ciento de las acciones de CLHB.

El origen de la decisión

El Gobierno designó un interventor por decreto debido a que detectó que los ex dueños de CLHB (Oiltanking Investiment Bolivia S.A., de Alemania, y Graña y Montero, de Perú) incurrieron en “acciones que van en detrimento de los intereses de la sociedad” y que ponían en riesgo el abastecimiento del mercado interno.

El miércoles, Ramírez denunció que CLHB pagó por adelantado beneficios sociales a sus ejecutivos.

La Superintendencia del área detalló ayer que los ex dueños realizaron una serie de retiros bancarios de sus cuentas —no dio cifras— para hacer esos pagos y que eso puso en riesgo la estabilidad económica de la empresa y además podía provocar el incumplimiento de los servicios.

El gerente general de CLHB, Mauricio Prudencio, informó a La Prensa que desconocía la designación del interventor, pero ratificó que todos los actos de la compañía se enmarcaron en las normas bolivianas y que se acatarán los decretos.

Confirmó además el pago de beneficios sociales a tres ejecutivos extranjeros que dimitieron antes de la nacionalización y aseguró que se ciñó a la Ley General del Trabajo.

Fuentes del sector aseguraron también que supuestamente la empresa descalibró los medidores y que desmantelaron los equipos. Prudencio lo negó.

Consultora valuará acciones en 90 días

El Poder Ejecutivo estableció, con un segundo decreto (29544), un plazo de 90 días, computables a partir del jueves 8 de mayo, para que “una consultora independiente valúe las acciones de las sociedades Oiltanking Investiment Bolivia S.A. (Alemania) y Graña y Montero (Perú) en la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB)”.

El documento señala que luego de ese proceso de cuantificación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) “pagará el valor determinado de las acciones nacionalizadas” a los ex dueños y se procederá al respectivo endoso de títulos.

El 1 de mayo, el Estado adquirió con el Decreto 29542 el 100 por ciento de las acciones de CLHB y fijó un costo aproximado de 20 millones de dólares por ellas, cada una a 59,8 dólares.

Según esas normas, el Estado reajustará el valor de las acciones debido a que la semana pasada, al hacerse cargo de la empresa, accedió a información y documentación que reveló supuestos actos en perjuicio de Yacimientos.

Balance Social y Ambiental de Petrobras fue premiado

Petrobras fue la gran ganadora del GRI Readers’ Choice Awards, el premio que reconoce las memorias de sostenibilidad más transparentes y completas del mundo. Se anunciaron los ganadores el miércoles, en la Conferencia Internacional de Ámsterdam sobre Sostenibilidad y Transparencia, que tendrá lugar hasta hoy en la capital neerlandesa.

El premio es otorgado por la Global Reporting Initiative (GRI), principal referencia mundial en directrices para la elaboración de memorias de sostenibilidad.

El Balance Social y Ambiental de Petrobras fue elegido como el mejor informe en las categorías Sociedad Civil y All Stakeholders (todos los públicos de interés), lo que le rindió a la Compañía el principal galardón de la noche.

Más de 1.700 lectores de 70 países eligieron por la Internet los balances que consideraban los más completos, de acuerdo con su categoría de público: sociedad civil, mercado financiero, medios y empleados. La categoría All Stakeholders representa la suma de los votos de estos cuatro grupos.

“Fue un doble reto para Petrobras. Tenemos que adoptar prácticas de responsabilidad social y ambiental consistentes y reconocidas y después informar estas prácticas de conformidad con los mejores estándares establecidos”, dijo el gerente Ejecutivo del sector de Desarrollo de Sistemas de Gestión de la Compañía, Antonio Sérgio Oliveira Santana.

Compitieron más de 800 informes de 50 países. En la última etapa, 45 siguieron disputando el premio, de los cuales ocho pertenecían a empresas de Brasil. Sólo Petrobras fue galardonada entre las brasileñas.

“Es un reconocimiento importante de un trabajo de cuatro años, consolidado por una red interna de más de 300 colaboradores que responden a los indicadores GRI”, dijo la coordinadora del Balance Social y Ambiental de Petrobras, Ana Paula Grether.

“Además de demostrar la transparencia de las acciones de responsabilidad social y ambiental, el balance es una herramienta de perfeccionamiento de la gestión de la Compañía”, destacó.

Petrobras presentó la versión 2006 del informe con la autodeclaración de pertenecer al grado A+ de la GRI, categoría de las empresas cuya auditoría de sus balances sociales y ambientales está a cargo de organizaciones externas e independientes. Petrobras sigue las directrices GRI desde 2003.

El Pacto Mundial consideró el Balance Social y Ambiental de la empresa, por dos años consecutivos (2005 y 2006), memoria notable, y en varios “workshops” internacionales lo recomiendan como “benchmark” mundial.

YPFB construirá planta petrolera en Río Grande

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en las próximas 72 horas, invitará a realizar sus ofertas a las empresas nacionales e internacionales interesadas en la construcción de una planta de separación de líquidos del gas que será localizada en la región de Río Grande del departamento de Santa Cruz, informó ayer el presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez.

El titular de Yacimientos adelantó que esta obra debe estar adjudicada en un máximo de 20 días y concluida hasta el próximo año. Recordó que la inversión oscilará entre los 120 y 150 millones de dólares.

Explicó que la planta tendrá una capacidad de producir entre 150 a 180 millones de pies cúbicos de gas, y separará gasolina y GLP, con lo que se pondrá fin al problema del déficit de este último energético y también captar ingresos por la exportación de ambos combustibles.

Ramírez explicó que en la base de datos de la empresa existen al menos 11 compañías interesadas en la instalación de esta planta separadora de YPFB.

“Entre ellas se cuentan con empresas nacionales en alianzas con empresas de Estados Unidos, otras de Canadá, Brasil y Argentina”, subrayó Ramírez.

De esta manera, dijo que se pondrá en vigencia el Decreto 29506 que le autoriza a la empresa la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría.

El proyecto será financiado con recursos públicos para lo cual YPFB y el Ministerio de Hacienda formarán un fideicomiso, explicó el titular de la empresa petrolera al señalar que luego se realizará una ingeniería económica para que en el lapso de cinco o seis años la misma planta cubra su inversión.

En la estatal petrolera se informó que Santos Ramírez presentó al gabinete ministerial un proyecto de decreto supremo para la instalación de esta planta extractora de licuables.

España avala trato con Repsol

La secretaria de Estado de España para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, calificó ayer de “satisfactorio” el reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Evo Morales y Repsol YPF sobre la nacionalización de su filial Andina en Bolivia.

Jiménez llegó ayer a La Paz en visita oficial a Bolivia. Hoy se reunirá con el presidente Morales y otros miembros de su Gobierno, así como con la máxima autoridad del Senado, el opositor Óscar Ortiz. La secretaria de Estado explicó que uno de los asuntos que tratará con Morales será el reciente acuerdo con Repsol, tras una negociación que el Gobierno de España considera “muy satisfactoria” según dijo.

Tras intensas negociaciones, el Gobierno de Evo Morales alcanzó el 1 de mayo un acuerdo con Repsol para recuperar la mayoría accionaria de Andina, que incluye la gestión compartida de esta empresa. La Paz, EFE