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jueves, 30 de abril de 2009

Advierten de la caída del sector hidrocarburos

La caída de los volúmenes de producción, de los precios y de las reservas de gas son tres señales que muestran el riesgo de un posible desplome del sector hidrocarburífero nacional.

Esa fue la conclusión a la que se arribó en el foro “Situación actual y perspectivas del sector hidrocarburos”, organizado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que se efectuó ayer en La Paz.

“Se nos cae toda la estantería. Nuestro máximo de producción resulta insuficiente para satisfacer la demanda interna y para cumplir los compromisos con los mercados externos”, afirmó Carlos Miranda Pacheco, ex ministro y ex superintendente de Hidrocarburos, que fue el expositor central del evento.

En su ponencia, Miranda indicó que en 1999 había un total de 65 pozos perforados, mientras que actualmente hay cinco pozos exploratorios, de los cuales sólo dos están en ejecución. “Esto es insuficiente para mantener los pozos productores, muchos de los cuales declinan en sus producción”, resaltó el experto.

En ese marco, explicó que la caída de la producción no sólo se debe a una menor demanda del energético por parte del Brasil, que antes compraba 30 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas y hoy solicita un promedio de 20 MMmcd.

Según la ex autoridad, la composición de los hidrocarburos explotados en el país se situaba en un 28,5% en 1998, con un alto contenido de líquidos; no obstante, hoy el indicador está en 14%. “Esto es preocupante, porque quiere decir que nuestro gas se torna cada vez más seco. Es decir, nos faltará líquidos para la producción de derivados”, dijo.

En cuanto a los precios, Carlos Miranda ratificó que los ingresos por la exportación del gas caerán este año en un 48%.

Precisó que el 2008 la venta de gas representó un valor de $us 3.132 millones, el 64% del total de las exportaciones del país. Con un precio interno de entre $us 45 y 50 del barril de petróleo, Miranda calculó que se percibirá $us 1.508 millones por las exportaciones de gas, unos $us 1.600 millones menos que el 2008.

Además, recordó que el mayor nivel de inversiones petroleras se produjo en 1999, con $us 1.147 millones, frente a los $us 290 que se esperan para este año.

Con todo, Miranda sugirió que la prioridad sea el mercado argentino, que paga un mejor precio por el gas y aparece como el comprador más seguro en la región, pues los vecinos apuntan a abastecerse de gas líquido (LNG).

Para evitar el desplome del sector, el experto recomendó modificar la Ley de Hidrocarburos.

La nueva regulación preocupa

El sector industrial expresó ayer su preocupación por la incertidumbre generada por la inminente desaparición de la Superintendencia de Hidrocarburos y la implementación de un nuevo sistema de regulación, del cual se conoce poco.

“Estamos a pocos días de que entre en vigencia el decreto que suprime a las superintendencias y hasta ahora no conocemos si existirá otro esquema regulatorio, ni cómo funcionará en adelante el sector energético del país”, afirmó Daniel Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), en el foro sobre hidrocarburos realizado ayer en La Paz. Explicó que su sector depende de la disponibilidad de la energía. “Por ello, nos preocupa que en las perspectivas del sector no tengamos claridad sobre su institucionalidad y las reglas que rijan al sector energético en general”.

Mientras, Carlos Miranda Pacheco, ex autoridad del sector de hidrocarburos, apuntó que es necesario restituir el sistema regulatorio, de modo que el ente que se encargue de esta labor sea independiente y no estatal.

La operación es cara en La Paz

Si bien la producción de hidrocarburos en el norte de La Paz tiene grandes posibilidades, el problema para las operaciones petroleras en la región es la carencia de infraestructura, explicó el experto Carlos Miranda.

“Las posibilidades son excelentes, el problema es infraestructura. Las condiciones de acceso son terribles, no tenemos ni una carretera que corte norte-sur, mucho menos este-oeste. Todo tendría que hacerse por helicóptero, a un costo extraordinario”, manifestó.

Miranda indicó que hay otros dos factores que complican la explotación del recurso en el norte de La Paz. “Lamentablemente las regulaciones ambientales y de los pueblos originarios son una camisa de fuerza que no van a dejar trabajar a nadie por ahí”.

Agregó que “es difícil meterse con varios millones de dólares a hacer ese tipo de trabajos con ese tipo de definiciones”. Consideró que para que las empresas petroleras puedan producir en el norte de La Paz, sería necesario darles incentivos impositivos.

miércoles, 29 de abril de 2009

BOLIVIA: ANALISIS DE INGRESOS POR EXPORTACIONES DE GAS Y ESTACIONALIDAD DE LOS MERCADOS

Analizar los ingresos por exportaciones de gas de Bolivia el 2009 que reflejen los nuevos precios y volúmenes a ser demandados.

Analizar la estacionalidad de los mercados de Brasil, Argentina y de Bolivia y su influencia en la oferta desde Bolivia, así como la capacidad de producción.


Establecer la necesidad de diseñar un mecanismo de planificación y control que maneje esta estacionalidad hacia el 2010, 2011 y 2012 de manera de permitir un despacho mas coordinado y permita un mejor aprovechamiento del energético, que beneficie a los tres países y la industria del gas en particular.


Los precios del petróleo afectan a los Fuel oils FO1, FO2 y F03, mismos que determinan los precios de gas para exportación a Brasil y Argentina.

Entre el primer y segundo trimestre 2009, los precios de exportación de gas natural se contrajeron nuevamente en un 41% a Argentina y 25% a Brasil, después de una caída fuerte durante el primer trimestre de 2009.

GELA ha estimado precios de exportación de gas a Brasil y Argentina con precios de petróleo de 45 y 50 US$/bbl para el tercer trimestre y entre 50 y 55 US$/bbl para el cuarto trimestre.

GELA estima que durante el tercer trimestre se producirán leves incrementos en los precios del petróleo debido a que se tiende a una recuperación de la economía mundial y del precio del t ól www.gasenergy.com.br 4 petróleo.

BOLIVIA-ANALISIS-DE-PRECIOS-Y-ESTACIONALIDAD-DE-LA-DEMANDA-DE-GAS

Reactivarán conexiones de gas natural con una inversión de $us 100 millones

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reactivará conexiones de gas natural a domicilio con una inversión de 100 millones de dólares.

La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca serán los departamentos más beneficiados durante la presente gestión.

Para ese fin, la Administradora de Redes de Gas Domiciliario Industrial Comercial transfirió a otras empresas subsidiarias la responsabilidad de administrar las instalaciones de gas natural domiciliario, anulando contratos con Sergas, Emcogas, Ervigas, Enfagas, empresas que contrataban a otras pequeñas subsidiarias para realizar obras de conexión al interior del domicilio gas natural.

En el departamento de Santa Cruz YPFB suscribió un nuevo contrato de concesión con la empresa Sergas, y en la ciudad de Sucre se entregó la administración a la empresa Emdigas, firmas que en adelante administrarán las conexiones de gas natural.

La Administradora de Redes de Gas Domiciliario Industrial Comercial empezará a reactivar el programa de conexiones de gas domiciliario inicialmente en ciudades de El Alto, Santa Cruz, Sucre.

En esas regiones el programa de conexiones quedó paralizado desde el pasado mes de diciembre del 2008 debido a los hechos de corrupción registrados en la estatal petrolera ante la suscripción del contrato entre Catler Uniservice – YPFB para la instalación de una Planta de Separación de Líquidos en Río Grande.

La inversión calculada para ese emprendimiento económico alcanza a 86.3 millones de dólares, pero la muerte del ingeniero Jorge O’Connor y el robo de 450 mil dólares reveló irregularidades al interior de la estatal petrolera.

Esos hechos aún no esclarecidos en YPFB, paralizaron las actividades en varias direcciones y gerencias administrativas, entre ellas la Dirección de Gas Domiciliario, en la que se despidió a “lecturadores” y personal técnico.

Intervenida YPFB por Carlos Villegas, nuevo titular interino, en enero del 2009, la Dirección de Gas Domiciliario es sujeto de una evaluación técnica que durará hasta este mes de abril.

Una vez finalizada esa etapa se restablece el programa de conexión de gas natural, y YPFB suscribe nuevos contratos con otras empresas subsidiarias para la administración e instalaciones de gas a domicilio.

La decisión se enmarca en el Decreto Supremo 28.70, promulgado por el ex presidente Carlos de Mesa, el año del 2004, que autoriza una primera fase de 11 mil instalaciones domiciliarias favor de la ciudad de El Alto, por su esfuerzo combativo tras la guerra del gas.

La determinación también está amparada en el Decreto Supremo 28.701, y la Superintendencia de Hidrocarburos en atribución al DS 28.291 debe dar cumplimiento y ejecución al Programa de Gas Domiciliario, obligando a la estatal petrolera a reactivar los planes de conexiones de redes de gas natural a domicilio.

Durante este mes de abril, YPFB hará la transferencia a nuevas empresas subsidiarias la responsabilidad de asumir las tareas de conexiones de gas domiciliario.

Según datos de la Dirección de Comunicación de YPFB, desde 1994 hasta el 2005, se realizaron 27 mil instalaciones de gas domiciliario.

Después el proceso de conexiones se suspendió bruscamente debido a los obstáculos de precios en el acero, caída del valor del petróleo, materias primas primordiales para la ejecución de proyectos de redes de gas.

Posteriormente, ya en las gestiones 2006-2008 se construyeron 75 mil conexiones de gas natural domiciliario, incrementando sustancialmente el número de instalaciones.

A nivel nacional, que involucra a los departamentos del eje troncal, como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, se tiene una matriz extendida de 2.220.000 metros de ductos de gas natural para uso domiciliario, comercial, familiar.

martes, 21 de abril de 2009

Delta Consult auditará a YPFB y se confirma ruptura con Andina

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó que el contrato con YPFB-Andina se rompió. Además, Delta Consult Ltda. auditará el periodo de administración en la estatal petrolera de Santos Ramírez cuando fue su presidente y parte del periodo de Guillermo Aruquipa.

Ramírez fue presidente de la estatal en reemplazo de Aruquipa, quien pasó a ser superintendente del área, en marzo de 2008. Después de diez meses fue destituido por supuesta corrupción en la firma del contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice. En este caso fue imputado y encarcelado en San Pedro.

También enfrenta otra investigación por la creación de la empresa privada YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA), al igual que Aruquipa, quien fue detenido.

El presidente de la petrolera estatal, Carlos Villegas, dijo que Andina resolvió el contrato de alquiler del taladro PDV-08 con la ilegal firma privada YPFB-SIPSA, para la perforación de los pozos 34D y 35H del campo Víbora (Santa Cruz).

Sin embargo, este trabajo seguirá en suspenso, en tanto se encuentra la modalidad para que el taladro de Petróleos de Venezuela (PDVSA) comience a operar plenamente.

El 16 de diciembre de 2008, YPFB-SIPSA firmó contrato con Andina para el alquiler del equipo traído de Venezuela.

Por otra parte, mediante Resolución Administrativa GNAF 12/2009, del 8 de abril, se adjudicó la auditoría especial de ingresos y gastos de 13 meses de gestión, de enero a diciembre de 2008 y enero de 2009, en YPFB.

El gerente nacional de Administración y Finanzas, Róger Uzquiano, fue el responsable de la adjudicación. El documento base de contratación dice que la auditoría verificará que los ingresos de Yacimientos fueron recibidos, sumados y registrados en su totalidad, y también los egresos.

A la licitación se presentaron ocho consultoras: R.V. Consult, Alcázar & Morales, Zelada Arias María Teresa, Tudela Consult, CADES S.R.L., PMA Consult S.R.L., Delta Consult y SIAC Consultores S.R.L. La adjudicada deberá entregar dos informes: el borrador final y un documento conclusivo. La convocatoria concedió un plazo de 70 días para la entrega de conclusiones de la auditoría. Delta trabajó en las auditorías a las petroleras.

El contrato con andina

YPFB cedió la administración del equipo de perforación a la sociedad anónima SIPSA.

Con el control del equipo, firmó un contrato con YPFB-Andina para el alquiler.

Existían varios precios de acuerdo con las condiciones de operación.

Delta Consult ya fue contratada antes para auditar los contratos petroleros.

domingo, 19 de abril de 2009

YPFB alista operar el taladro de campo Víbora

Mientras la petrolera Andina comenzó a analizar la ruptura en su relación contractual con la firma creada por el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, YPFB-Sipsa, ayer el director de Yacimientos, Fernando Vincenti, adelantó a EL DEBER que la estatal alista hacerse cargo del equipo de perforación EJZJ-70 DB de 2.000 caballos de fuerza (taladro) en los próximos días.
Por un lado, fuentes cercanas a YPFB Andina señalaron que se espera una resolución del directorio para avanzar en la disolución del contrato que se tenía con la firma privada Sipsa. Una vez que suceda esto, se buscará establecer una relación directa con la estatal para iniciar los trabajos.
Se habla de que la empresa Andina evalúa la ruptura con la compañía recientemente creada Sipsa S.A. ¿YPFB conoce esta situación?, se le consultó a Vincenti, a lo que respondió: “Sí existe esa posibilidad...la idea siempre fue que YPFB realice este servicio, pero ya contractualmente se estableció un vínculo entre Andina y YPFB Sipsa, pero como ésta es ilegal, ahora Andina tiene que romper ese acuerdo”, indicó.
El director aseguró que el objetivo del convenio entre el Gobierno boliviano y Venezuela establecía la administración de ese taladro; sin embargo, para el directorio de YPFB, la empresa Sipsa se constituyó de manera ilegal y oculta, sin ninguna autorización del directorio.
“Santos Ramírez concedió de manera graciosa el taladro a Sipsa, cuando ésta en realidad es una empresa de derecho privado. En ese sentido, Ramírez ni ninguna autoridad del Gobierno puede disponer de un bien público”, sostuvo.
¿Quién se hará cargo de ese taladro y desde cuándo?, se cuestionó a Vincenti, a lo que señaló: “YPFB a través del convenio que tiene con Pdvsa. No sé si vamos a hacernos cargo desde la próxima semana, pero hay que coordinar algunas cosas todavía como la relación contractual con Andina, pero está claro que Sipsa no va más”, acotó.
Por otro lado, los comunitarios de San Juan Campo Víbora, a través del subalcalde Santiago Santos, denunciaron que el pasado miércoles y la madrugada del jueves personal desconocido retiró dos generadores de energía eléctrica y otros equipos del área donde fue instalado el taladro de Pdvsa, específicamente en el pozo 34D donde se piensa efectuar los trabajos de perforación.
EL DEBER llegó al lugar; sin embargo, el acceso no le fue permitido porque dos guardias impiden su ingreso.
“Nosotros hemos pedido al Gobierno que nos garantice el funcionamiento del taladro, ya que desde la salida del ex presidente de YPFB Santos Ramírez todo está paralizado y más bien están desapareciendo algunos equipos. Ahora el campamento está resguardado sin luces y apenas tiene mecheros", dijo la autoridad edil.
Por su lado, un dirigente de base, identificado como Romero Machaca, dijo: “El Gobierno inauguró con bombos y platillos este equipo y parece que lo hizo por campaña política. Hay unos cuantos venezolanos en el lugar y parece que quieren desmontar la planta, eso no lo vamos a permitir".
El ex presidente del directorio YPFB-Sipsa Misael Gemio afirmó que la intervención de la firma causó un daño económico de $us 6 millones al Estado porque no se pudo iniciar la perforación del pozo 34D en el campo Víbora.
Cabe recordar que tras el cierre de las oficinas de Sipsa, ubicadas en el Parque Urbano en Santa Cruz, el congelamiento de cuentas bancarias y el corte de energía en el campo petrolero Víbora, efectuado el 2 de febrero por la comisión interventora de YPFB, se paralizó el inicio de operaciones del taladro.

Contratarán árbitros en caso Catler
Con la finalidad de asumir defensa legal en el caso Catler, el Gobierno faculta a YPFB a contratar abogados y asesores externos, además de peritos y árbitros nacionales y extranjeros; así lo establece el Decreto Supremo 70.
La norma, que tiene fecha del 8 de abril, también aprueba el Reglamento para la contratación de expertos en leyes, tanto profesionales como bufete de abogados. Ésta será "por comparación de ofertas", porque "permite la selección rápida y oportuna de servicios profesionales en el ámbito nacional e internacional".
Si bien el Gobierno rechaza el proceso arbitral que Catler-Uniservice anunció, demandando al Estado por daños y perjuicios, igual el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, aseguró que YPFB tiene todos los elementos para defenderse y demostrar las irregularidades y los delitos en los que han incurrido ex autoridades y personas particulares.
Según el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y el presidente de YPFB, Carlos Villegas, la empresa ni el Estado tienen obligaciones con Catler-Uniservice. Sin embargo, el contrato está firmado y no puede ser anulado por la petrolera estatal./ANF

viernes, 17 de abril de 2009

Andina está dispuesta a dejar sin efecto el contrato suscrito con SIPSA

La empresa Andina está dispuesta a dejar sin efecto su relación contractual con la firma creada por Santos Ramírez, YPFB-SIPSA, luego de su intervención para continuar con la perforación del pozo Víbora, que quedó paralizada este año.

Fuentes cercanas a la compañía informaron que sólo se espera una resolución del directorio para avanzar en la disolución del contrato que se tenía con la firma privada SIPSA.

Una vez que suceda aquello, se buscará establecer una relación directa con Yacimientos para iniciar los trabajos.

El director de la estatal, Fernando Vincenti, informó que el contrato original para el alquiler del taladro era con YPFB, y de manera inexplicable la firma creada por Santos Ramírez se hizo cargo del equipo.

“SIPSA es una empresa de papel, virtual, no es su taladro, el contrato original siempre fue de YPFB”. Por lo tanto, ahora que la empresa fue intervenida y se sigue un proceso legal contra sus administradores, lo que corresponde es que la petrolera se haga cargo.

El presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció el viernes 10 que quedó sin efecto el contrato con SIPSA para la recalificación de garrafas de gas licuado (GLP) por 1,8 millones de dólares y que buscará la contratación de una nueva firma.

El taladro SIPSA cobraba por el alquiler 18.200 dólares diarios a Andina, aunque la compañía aseguró que no pagó.

martes, 14 de abril de 2009

YPFB compró acciones para SIPSA 29 veces más caras que las de Transredes

Cada acción de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) le costó a la estatal petrolera 29 veces más de lo que se pagó a Transredes por cada una de sus acciones cuando se procedió con su nacionalización, el 2 de junio de 2008. Además, por el contrato de recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) se adelantó a la firma creada por Santos Ramírez Valverde el 44,4 por ciento, monto que fue desviado.

En declaraciones a la Red Erbol, el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, confirmó esta irregularidad.

Señaló que cada acción que la estatal petrolera compró de Full Industry valía 815 dólares, monto elevado en comparación con los 28 dólares que se pagó a Transredes S.A. TR-Holdings. “No hay punto de comparación, Transredes era una empresa solvente, de capacidad técnica”.

El 20 de agosto de 2008, Ramírez, como presidente de Yacimientos, compró 220 acciones de la firma recalificadora por un valor de 216.000 dólares y posteriormente formó YPFB- SIPSA.

Según el monto indicado por Villegas, por todo el paquete accionario sólo se habían comprometido 179.300 dólares.

En su declaración ante el Ministerio Público del 8 de abril, Ramírez aseguró que YPFB no pagó el precio de compra a Full Industry, lo cual fue confirmado a mediados de febrero en declaraciones a La Prensa por la accionista minoritaria Lucy Barberí.

Contrariamente, el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dejó abierta la posibilidad de que el monto se haya cancelado, debido a que la auditoría técnica-legal a YPFB-SIPSA determinó un daño económico al Estado de al menos 60,7 millones de dólares.

Full Industry era propiedad de tres socios, Mario Orsini, quien tenía la mayor parte accionaria; Lucy Barberí y Nilda Domínguez.

En el momento de su compra, la firma estaba paralizada porque YPFB ordenó que se suspendiera el servicio de recalificación de garrafas porque asumiría este servicio con su propia planta.

En febrero, Barberí explicó a La Prensa que la compañía tenía muchas deudas y que Yacimientos, en la negociación, se comprometió a asumir los pasivos. Esta situación condujo al cierre del taller que se tenía montado en Santa Cruz y a trasladar la maquinaria a La Paz. Además, el precio se fijó sólo sobre la base de un avalúo de las máquinas que se encuentran en el taller de El Alto, que está instalado en un terreno alquilado a la firma Indubar.

El 31 de enero, a raíz de los indicios de corrupción en la firma del contrato entre Yacimientos y la asociación accidental Catler-Uniservice, el presidente Evo Morales ordenó la intervención a la estatal petrolera, lo cual permitió conocer la conformación de SIPSA

El director de YPFB, Fernando Vincenti, informó que cuando se entró en la oficina de la compañía en Santa Cruz se encontraron sólo computadoras y una impresora de propiedad de Yacimientos y que sus ambientes habían sido entregados “de favor” por una empresa constructora.

Por el contrario, Transredes S.A., sociedad suscrita en partes iguales entre Ashmore Energy Internacional (AEI) y Shell Gas, era dueña de la mayor parte de los oleoductos, gasoductos y poliductos de Bolivia, entre éstos el que transporta gas a Brasil. Permaneció 11 años en el país al cargo del servicio de transporte de productos hidrocarburíferos.

Fue nacionalizada el 2 de junio de 2008 en virtud del Decreto Supremo 29586, con lo que el 98 por ciento de las acciones pasaron a nombre de YPFB.

Pago anticipado

Después de su constitución YPFB-SIPSA suscribió con Yacimientos un contrato para la recalificación de garrafas de GLP, por un valor de 1,8 millones de dólares.

Villegas informó que se desembolsó un adelanto de algo más de 800.000 dólares por este acuerdo, sin embargo se desviaron a otro fin. “Lo que se hace al interior de SIPSA es que esos recursos se trasladan para otra actividad, que es el ofrecimiento de servicios de perforación”, entonces, “es ahí donde se invierte una cantidad importante en el marco de un acuerdo que tienen YPFB (y) PDVSA”.

De acuerdo con el registro en Fundempresa, YPFB-SIPSA amplió sus servicios iniciales de recalificación de garrafas a la prestación de servicios petroleros y gasíferos, exploratorios y de mantenimiento de pozos productivos, construcción de plantas y equipamiento de campos petroleros y gasíferos, y así se promocionaba en el exterior.

Villegas confirmó que en la reunión de la semana pasada del Directorio de YPFB se resolvió anular el contrato con SIPSA, que está en proceso de liquidación anunciada hace un mes, aunque aún no se define la empresa que asumirá este trabajo.

“No existe relación con Catler”

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, confirmó que “YPFB no tiene ninguna relación contractual con la empresa Catler-Uniservice”, por lo que tampoco existe “ninguna obligación de ninguna naturaleza con la empresa”.

La decisión fue tomada después de que el Directorio de la estatal petrolera anulara el proceso de contratación para construir una planta gasífera en Santa Cruz.

Sin embargo, Yacimientos pidió que se ejecutaran las tres pólizas de seguros entregadas por Catler conforme al contrato y espera recuperar nueve millones de dólares de los 16,5 millones desembolsados.

Villegas informó que existe una estrategia para volver a contar con los fondos y los 35 millones de dólares de una carta de crédito abierta en el Commerce Bank (Estados Unidos) sobre el que aún no puede dar detalles. Anunció el inicio de una auditoría técnica sobre el avance de obras de las tres empresas subcontratadas: Gulsby Process System, en EEUU, y Sica Metalúrgica y Lito Gonella, en Argentina.

Credinform sólo ejecutará póliza cuando la estatal petrolera demuestre incumplimiento de contrato

La aseguradora Credinform Internacional informó ayer que sólo ejecutará la póliza de garantías de correcta inversión de anticipo exigida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuando la estatal demuestre que hubo incumplimiento de contrato por parte de Catler-Uniservice.

Así lo reveló el subgerente general de la compañía, Nilton López, en una entrevista con La Prensa en la que confirmó la recepción de la carta de solicitud formulada por YPFB el 7 de abril.

El jueves de la semana pasada, la estatal petrolera decidió romper el contrato suscrito con la asociación accidental para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, además de exigir a Credinform las pólizas de garantía por nueve millones de dólares.

López aclaró que la compañía avaló sólo una póliza de garantía de 1.650.000 dólares por la correcta inversión de anticipo, es decir, los recursos otorgados por YPFB a la asociación accidental y que se hubiesen gastado en la compra de maquinaria, el capital de operaciones, que fue el destino inicial de los fondos.

“Si Catler-Uniservice demuestra que se usó los fondos otorgados para ese fin, no habría incumplimiento al contrato de las garantías”.

Según López, YPFB debía hacer llegar una resolución administrativa firmada por la máxima autoridad ejecutiva, en este caso Carlos Villegas, demostrando el incumplimiento o mal uso del anticipo.

Sin embargo, señaló que después de haber hecho conocer a Catler-Uniservice la solicitud de YPBF, sus ejecutivos respondieron el 9 de abril que el consorcio no incumplió el contrato y que cuenta con todo el respaldo documentado de las obras.

Por eso, Credinform solicitó que se le haga llegar los papeles para evaluarlos y que Catler-Uniservice presente en 15 días sus descargos.

“Estamos esperando esa documentación para analizar si el requerimiento de YPFB es procedente o no. Hemos dado una semana, pero tenemos 15 días hábiles para pronunciarnos”.

Sin embargo, si terminado el plazo ninguna de las partes demuestra fehacientemente sus argumentos, Credinform podrá solicitar un peritaje que deberá resolverse en la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).

Las otras pólizas

Para la construcción de la planta separadora de Río Grande, Catler-Uniservice garantizó otras dos pólizas por 1.650.000 dólares (cada una de 825.000 dólares), por la correcta inversión de anticipo avalada por Seguros Illimani, y otra por 6.044.615 dólares, equivalente al 7 por ciento del contrato principal de la separadora de líquidos (86 millones de dólares),

Esto para garantizar el cumplimiento de contrato de obra, y fue respaldada por la compañía Bisa Seguros y Reaseguros.

La investigación conducida por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la Fiscalía cuestionó que en las adendas incluidas en el contrato con Catler-Uniservice se hubiese aceptado la entrega de pólizas en lugar de boletas de garantía.

Esta observación fue ratificada ayer por el presidente de YPFB, Carlos Villegas, quien sin embargo dijo desconocer la existencia de las pólizas respaldadas por Illimani y Bisa. Por ello, la única carta que envió la estatal petrolera para la ejecución de aquéllas fue a Credinform.

“Yo tengo la información de que solamente tenemos pólizas de seguro con la empresa Credinform Internacional, por nueve millones de dólares”, fue la respuesta que dio a una consulta formulada por La Prensa.

La estatal aún analiza cómo dará continuidad al proyecto y evitar que se produzca en los siguientes meses una escasez de gas licuado de petróleo (GLP) que debía ser aliviada por la planta separadora.

Cronología de la constitución de YPFB-SIPSA

Santos Ramírez Valverde adquiere 220 acciones de Full Industry el 20 de agosto.

El 4 de septiembre inscriben ante Notario de Fe Pública el cambio de nombre a YPFB-SIPSA.

Entregan sendas acciones a Lucy Barberí y Nilda Domínguez, antes propietarias de Full Industry.

Con tres accionistas forman una sociedad anónima de carácter privado aunque es de YPFB.

Más datos

El 12 de febrero, el Presidente de YPFB, Carlos Villegas, ordena una auditoría técnica-legal a SIPSA.

Se cuestionaban dos aspectos: primero, la constitución de la empresa de carácter privado.

Segundo, la situación financiera, porque se encontró que tenían deudas.

La tarea fue delegada al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

El informe de este despacho concluyó un posible daño económico de 60,7 millones de dólares.

Por ello, YPFB pone una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Santos Ramírez.