En medio de la crítica escasez de combustible, un informe de Brújula Digital revela que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) canceló en septiembre de 2024 la adjudicación que había hecho a Petroperú para la venta de combustibles a Bolivia, y se la reasignó a la empresa Botrading, pero a precios más altos.
La nota periodística menciona documentos obtenidos que evidencian esta irregularidad. Actualmente, el país enfrenta una escasez histórica de combustible que está afectando tanto a los sectores productivos como al transporte público.
Según la investigación, el 18 de septiembre de 2024, se firmó en Santa Cruz una “nota expresa de adjudicación” que designaba a Petroperú como la ganadora de la invitación para proveer hidrocarburos líquidos a YPFB, ofreciendo el suministro a 149,35 dólares por metro cúbico.
Sin embargo, el 26 de septiembre de 2024, Cinthia Pedraza, la gerente de contrataciones de YPFB, emitió la resolución administrativa GCC 147/2024, donde se anulaba dicho proceso por supuestos “errores en las especificaciones técnicas” de la invitación, tal como lo establece el Reglamento de Contratación Directa de YPFB.
Menos de un mes después, Pedraza firmó una nueva “nota expresa de adjudicación” que otorgó el contrato a Botrading SA, fijando un precio de 198 dólares por metro cúbico, lo que representa un aumento del 32% en comparación con la oferta de Petroperú. Esta decisión resultó en un sobrecosto de 97.000 dólares respecto a la operación original.
Botrading ha estado en el centro de la controversia en los últimos meses debido a presuntos sobreprecios en la compra de combustibles. En 2023, documentos revelaron que YPFB pagó 6,47 millones de dólares de más en dos operaciones de importación de crudo y diésel, ya que las adquisiciones debieron realizarse directamente en lugar de pasar por esta empresa.
En paralelo a estos hechos, Bolivia enfrenta una severa escasez de combustible que ha provocado largas filas en las estaciones de servicio y protestas de transportistas.
El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, reconoció que los fondos asignados para importar combustible no son suficientes para satisfacer la demanda, mientras que el gobierno ha implementado medidas como la reducción de horarios laborales y clases virtuales. No obstante, sindicatos y opositores critican estas acciones, calificándolas de insuficientes y anunciando la posibilidad de nuevas manifestaciones.
La crisis se agrava en un contexto de deterioro económico: la dependencia de las importaciones de combustibles se ha incrementado notablemente, pasando de 1.500 millones de dólares en 2019 a 3.300 millones en 2024, y se estima que para 2025 se requerirán aproximadamente 2.900 millones de dólares, equivalentes a 56 millones semanales, para cubrir la demanda de diésel y gasolina.
Esta situación se enmarca en una economía afectada por alta inflación, salarios estancados y una moneda local debilitada, condiciones que, junto con conflictos políticos internos, han generado un clima de inestabilidad y preocupación sobre una posible “crisis total” en el país.
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