En Campo Víbora hay una pareja de ancianos que decidió levantar sus voces para decir algo que ellos consideran importante. Benigna Vargas y Félix Enríquez manifestaron que almuerzan arroz con huevo en un suelo de cuyas entrañas se extraen recursos que le dan de comer al país. En concreto, lo que ambos quieren que se sepa es que en su terreno está instalado un pozo gasífero por el que, según dicen, no han sido indemnizados.
La compañía YPFB Andina, ‘propietaria’ del Campo Víbora, informó de que aproximadamente en 1991, la empresa estatal YPFB ingresó a perforar en el terreno de los esposos Enríquez-Vargas y que se los indemnizó. Ahora, en el lugar, se ha instalado el nuevo proyecto VBR 34, por lo que consideran que ya no corresponde hacerles ningún pago puesto que se está operando sobre el mismo suelo.
Félix y Benigna viven en Campo Víbora, que está situado 170 Km al norte de Santa Cruz de la Sierra.
La casa en la que moran es de madera y al fondo se ve un terraplén donde antes, dice él, tenían plantaciones de banana y en el que ahora se encuentra el pozo de yacimientos VBR 34.
“La petrolera entró en mi chaco, instaló una torre, perforó el terreno, arrasó con mis cultivos y no me indemnizó”, denunció el hombre, que ya cumplió 63 años y que se gana la vida parchando llantas.
Félix cuenta que todo iba bien hasta 1992. Las 26 hectáreas que había comprado en 1990, de la Cooperativa 24 de Septiembre, estaban a su disposición sin ninguna restricción y que los sembradíos de arroz y de plátano le generaban el suficiente dinero para alimentar a sus siete hijos. “Hasta que entraron las máquinas, cortaron los platanales y se instalaron cerca de mi casa de madera”, cuenta la señora Benigna, que también recuerda que ante esa situación reclamó a YPFB y que la empresa estatal le dio Bs 2.000, pero no por las cuatro hectáreas ocupadas, sino sólo por las plantas derrumbadas. No guarda ningún comprobante por dichos pagos.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afirmó que en su momento ya se resarcieron los daños que pudieran haberse causado a los denunciantes.
Según YPFB, la exploración petrolera en Campo Víbora antecedió a los moradores, puesto que antes de 1986 no había caminos que permitan el acceso a nadie y, por lo tanto, creen que los que hoy habitan la zona seguramente llegaron atraídos por el movimiento económico que genera la explotación de una planta gasífera.
Además, YPFB sostiene que ya es costumbre que cuando una petrolera hace caminos empiecen a formarse las comunidades alrededor de los campos petroleros.
Pero los esposos Enríquez-Vargas dicen tener pruebas de que ellos estaban en el lugar antes de que en su chaco se empiece a perforar el pozo Víbora 34.
Doña Benigna saca un fajo de papeles en los que se encuentra un documento de transferencia de la parcela de 26 hectáreas por parte de la Cooperativa Agroindustrial 24 de Septiembre Ltda. También mostró un documento que deja constancia de que a su esposo le pagó Bs 1.500 por haber lastimado una vaquilla y que no se responsabiliza por accidentes posteriores.
También hay otro detalle, dice Enríquez: “Cuando fui a reclamar a YPFB, en 1992, la empresa me dio Bs 2.000 por haberme dañado mis platanales, pero se negó a indemnizarme por el terreno y me dijo que yo estaba en un lugar donde había riquezas de prioridad nacional”.
Pero los pedidos de resarcimiento de daños siguieron y, de tanto insistir, cuenta la pareja, alguien de YPFB les indicó que a ellos no le darán nada porque ya se hizo una indemnización a los dirigentes de la Cooperativa 24 de Septiembre, que fue la que les vendió el terreno.
En el pueblo, donde viven aproximadamente 1.500 personas, no hay ninguna oficina de la señalada cooperativa y la única referencia que existe es la casa de Benjamín Oyola, que figura como actual presidente de dicha entidad, aunque esta firma ya no tiene actividad. Sentado en un banco de madera, en su casa, Oyola dijo que son 18 las personas que se sienten afectadas por los pozos que fueron perforados en los terrenos que, según afirma, les pertenecen.
Él sospecha que los cesantes dirigentes de la cooperativa se aprovecharon de alguna supuesta indemnización y que hasta ahora no se aclara nada. “Yo fui a La Paz a averiguar, pero no encuentro respuesta. Pero como no hay pruebas, tampoco puedo acusar a nadie”, enfatiza.
Otros de los entuertos son los títulos de los terrenos. Oyola cuenta que los 18 socios tienen documentos que acreditan que están trabajando la tierra. “Ya hemos recibido en tres ocasiones la visita de inspectores del Instituto de Reforma Agraria para que saneen nuestros terrenos”, señaló el dirigente.
Pero más allá del problema de papeles, lo que los esposos Enríquez-Vargas y Oyola quieren evidenciar es que en Campo Víbora viven 1.500 familias que se ganan la vida como pueden, mientras que en su alrededor se extrae el gas que beneficia al resto de los bolivianos.
Carlos Retamoso, gerente de relaciones externas de YPFB Andina, dijo que la compañía petrolera se encuentra convencida de que hay que cooperar y tener buenas relaciones con las comunidades, pero aclaró que, más que velar por el interés de un individuo, aplican proyectos que satisfagan a la comunidad en su conjunto.
“En el caso específico de Campo Víbora, este año invertiremos Bs 700.000 para mejorar la calidad de vida de los moradores, instalando tanques de agua, capacitando a los productores en apicultura y piscicultura”, señaló Retamoso, que se mostró sorprendido por la denuncia de Félix Enríquez y de su esposa Benigna Vargas.
Respecto a qué hará la empresa frente al señalado reclamo, dijo que no han recibido ninguna nota formal. “Lo mejor hubiera sido que ellos sigan los conductos correspondientes para ser escuchados. Revisando los antecedentes, no hay ningún acuerdo pendiente que debamos cumplir”, aseguró.
En el pueblo, donde la vida transcurre al ritmo de las actividades agrícolas y de comercio a baja escala, cuando uno pregunta a los moradores cuáles son sus principales necesidades, hay quienes responden que los beneficios que se generan de las entrañas de la tierra en Campo Víbora no se ven reflejados en el pueblo.
“Han puesto luz en el colegio, pero no en las casas. Nosotros hemos invertido $us 50 en paneles solares”, dijo un lugareño. Al respecto, YPFB respondió que no es papel de la petrolera otorgar servicios básicos a los pobladores, sino el de extraer los recursos naturales para beneficio de todos los bolivianos.
En la comunidad hay quienes agradecen a YPFB Andina por haber dotado energía eléctrica a la posta sanitaria, a la escuela y por haber enseñado a industrializar las frutas tropicales que antes se podrían en el suelo.
También existen otros, como los esposos Enríquez-Vargas, que se quejan de que la riqueza generada en la zona no beneficia a los que habitan el lugar.
YPFB Andia
El fuego y el viento amenazan
Ernesto Peña
La existencia de pobladores cerca de un campo gasífero siempre representa un riesgo. Generalmente ocurre que cuando los habitantes se acercan mucho a las plantas, pese a que nosotros tenemos cubierto todo el sistema de seguridad, los incendios son una amenaza debido a los chaqueos que se registran al tratarse de una zona rural. Hemos tenido en varias ocasiones amagos de incendio porque la gente suele quemar sus pastizales.
Últimamente se han hecho los programas de control de fuego, con ayuda de los comunitarios de la zona. Se los ha entrenado para cualquier eventualidad. En Campo Víbora existen todos los equipos y materiales ante cualquier situación que pueda generarse. Tenemos la preparación para que junto a los comunitarios podamos combatir el fuego.
Las quemas son también un riesgo porque los vientos acarrean las cenizas, que puede ir a parar a los vapores que salen de las plantas. Actualmente hay 35 pozos en Campo Víbora, pero no todos están en funcionamiento. Hemos construido la nueva planchada VBR 34 en predios existentes (donde vive don Félix Enríquez, que es el que hace la denuncia).
Ahí, como en otros lugares, se tiene el cuidado respectivo para evitar problemas con el medio ambiente.
La relación con los pobladores se desarrolla sin sobresaltos. Cabe recordar que los asentamientos humanos se registraron después de que YPFB trazó un camino hacia el Campo Víbora, en los años 80. Cuando YPFB perforó los pozos que afectaban los terrenos de la gente que ya se había instalado, se compensó a dueños, a cooperativas o arrendantes.
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