Los coroneles Germán Nikita Apaza y Abel Villarroel, gerentes generales de la Empresa Constructora del Ejercito en 2013 y 2014, fueron cautelados en un segundo proceso abierto en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos y malversación de fondos del Estado, por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La empresa tenía contrato para la construcción de las vías de acceso a planta separadora de líquidos de Rio Grande, Santa Cruz, pero pese a recibir el adelanto, no logró cumplir con lo acordado.
Según los antecedentes en ese caso, el primero de septiembre pasado, la juez primero anticorrupción, Cinthia Delgadillo, determinó la detención preventiva de ambos militares, uno en el penal de San Pedro y el segundo en Patacamaya. Esta se constituye en la segunda medida cautelar que pesa en contra de ambos militares.
El primer proceso fue instaurado por el Ministerio de Defensa por la quiebra de la ECE y la pérdida de 60 millones de bolivianos, que esta empresa recibió como adelanto de seis contratos.
CONTRATOS
Uno de esos contratos es el referido al que en medio de celebraciones el presidente Evo Morarles, en junio de 2013, asistió al acto en el que YPFB adjudicó a la ECE, la construcción de los 44 kilómetros de pavimento rígido, para el acceso vial a la Planta de Río Grande, Santa Cruz, cuya inversión anunciada alcanzaba a Bs 294.887.397 ($us 42 millones).
“Es una gran alegría adjudicar esta obra, que va a beneficiar a las comunidades de esta región, pues por fin van a tener un camino pavimentado. Quisiéramos que la obra termine lo más antes posible, porque hay muchas empresas nacionales e internacionales que van ejecutando la construcción de caminos, pero que lamentablemente siempre hacen faltar plata y tiempo”, manifestó Morales en esa ocasión.
La importancia de la obra radicaba en que facilitaría el tránsito de cisternas de gas licuado de petróleo y gas natural licuado, que deben salir de las plantas de separación de líquidos Río Grande y GNL.
En esa oportunidad, el coronel Apaza agradeció al Presidente la confianza depositada en la ECE.
Sin embargo, en abril de 2015, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que se ejecutaron las boleta de garantía de la ECE por incumplimiento de contrato, sin precisar el monto y sólo mencionó que la ejecución de la boleta “corresponde al 20% del anticipo y al 7% que es garantía por incumplimiento de contrato”.
Pero, según la imputación presentada por el Ministerio Público, se detallan datos sobre dos anticipos, que sumados dan el 12,98 % del monto del contrato, equivalente a 38.291.791 bolivianos.
CARGOS
En el caso del teniente coronel Villarroel, que en 2013 ocupaba el cargo de gerente de operaciones y en 2014 asumió la Gerencia General de la ECE, es procesado por el supuesto desvió de 12 millones de bolivianos para la compra de maquinaria china, que también generó otro conflicto legal.
Al momento, el proceso continúa en la etapa de investigación y se desconoce cuántos exfuncionarios de la ECE deben comparecer para esclarecer el hecho.
La empresa del Ejército inició operaciones en junio de 2012, con un capital de 40 millones de dólares, otorgados por el Gobierno Nacional, pero en septiembre de 2015 el Gobierno, mediante el Decreto Supremo 2507, dispuso el cierre de la ECE y que sus activos y pasivos pasen a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena).
No hay comentarios:
Publicar un comentario