El nuevo gobierno brasileño de Michel Temer, cambia su postura diplomática respecto a los países gobernados por partidos de izquierda de la región. En las últimas horas, el vicepresidente de Asuntos Exteriores y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Luis Carlos Auli, anunció que pondrán en agenda de trabajo de la Cancillería brasileña, la transparencia de los contratos firmados con Bolivia y los países de corte socialista durante las gestiones del Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.
En un comentario difundido por medios brasileños, Auli sostuvo que hay dudas de que los gobiernos del PT financiaron con dinero público de los brasileños, a gobiernos del eje bolivariano y dictaduras africanas.
Para Diego Ayo, analista político, el anuncio no es más que la cereza sobre la torta, en una relación entre ambos países llevada a cabo en los últimos diez años a partir de un compromiso de amistad y política entre Lula y Evo, lejos de una relación institucional y diplomático entre ambos países. "Me parece absolutamente muy sensato que revisen lo que hay y se reestablezcan las relaciones a nivel mucho más institucional", señaló.
Solo una referencia. Si bien Auli no precisa qué contratos entre el gobierno de Evo-Lula serían revisados; el aspecto más sensible y saliente se refiere a la nacionalización de las dos refinerías (Guillermo Elder Bell-Santa Cruz y (Gualberto Villarroel-Cochabamba) a cargo de Petrobras, cuyo procesos, según los actuales miembros del gobierno de Temer, fueron "autorizados por Lula".
Ayo a todo ello cita los diversos incidentes suscitados a lo largo de todos estos años, entre ellos dicha nacionalización, cuyo acto en mayo 2006 implicó la toma repentina con militares de dichas instalaciones y encabezado por el presidente Evo Morales.
Esta situación creó un malestar entre ambos países. Un acuerdo a nivel de gobierno entre Evo y Lula, un año más tarde, el 26 de junio de 2007, concretó la transferencia total de las dos refinerías de Petrobras a la estatal YPFB por un monto por las que se pagó $us 112 millones, convenidos en dos cuotas.
Según la analista Ericka Brockmann, el simple anuncio sorprende, pero no es de extrañar de que haya un giro en las señales diplomáticas de Brasil con respecto a los países como Bolivia, más aún cuando se trata de transparentar las relaciones bilaterales entre ambos países. "Pasa que en los últimos años, en los gobiernos progresistas, se ha relajado demasiado la práctica de la fiscalización. Entonces no es de extrañar que ahora Brasil encare su política externa de esta manera. Y Bolivia debería estar absolutamente segura de que va a haber una gestión distinta de gobierno en Brasil", puntualizó.
Bajar el tono. Carlos Cordero, politólogo, señala que Bolivia debe entender que la sociedad brasileña le exige a sus gobernantes esclarecer los hechos de corrupción, por lo que es comprensible que dicho proceso se extienda hacia los países con quienes los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Russeff sostuvieron acuerdos marcados más por afinidad político ideológica que un acuerdo diplomático serio. "No será extraño que esas investigaciones vayan a tener ramificaciones hacia Bolivia. En ese ámbito, el presidente (Evo Morales) debe ser mucho más cauteloso de lo que es. Amerita ser más prudente, incluso guardar silencio ante los problemas internos de cada país", señaló. La semana pasada, el canciller brasileño, José Serra, envió un comunicado donde rechaza enfáticamente las manifestaciones de los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, "que se permiten opinar y propagar falsedades sobre el proceso político interno de Brasil".
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