Desde que el presidente Evo Morales llegó al poder, la frontera hidrocarburífera se ha multiplicado por ocho, pasando de un poco menos de 3 millones de hectáreas en 2006 a más de 24 en 2012, que equivalen al 22.55 por ciento de todo el territorio nacional, según datos aportados por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB).
La pujanza de la economía boliviana, impulsada por la exportación de materias primas, principalmente hidrocarburos y minerales, ha elevado la superficie petrolera en los últimos años ante la necesidad de cumplir con los contratos de venta con países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Bélgica, China y Suiza.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Bolivia fue en 2013 el primer país de la región en la exportación de hidrocarburos y minerales pero también el último en la venta de productos industriales manufacturados. Entre 2005 y 2012 las materias primas alcanzaron el 70 por ciento del total exportado, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
En 2006 el gobierno electo de Evo Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos, que hasta ese momento estaban mayoritariamente en manos extranjeras.
No obstante, apunta la investigadora del CEDIB Georgina Jiménez, la producción de las empresas subsidiarias de YPFB, a pesar de su esfuerzo, no alcanzan a representar una magnitud significativa frente al poder de las empresas Petrobras y Repsol, que concentran alrede-dor del 80 por ciento de las reservas.
En el año 2007 la Ley 3058 de hidrocarburos entregó a YPFB las primeras 21 áreas reservadas para la exploración y explotación, alcanzando 2 millones 600 mil hectáreas distribuidas en 41 contratos. Las principales actividades extractivas se encontraban entonces en Madidi, Tipnis, Pilón Lajas y Aguaragüe, todas áreas protegidas.
Cabe aclarar que YPFB tiene la potestad de disponer esas áreas y explotarlas independientemente o a través de contratos con subsidiarias, licitaciones o convenios con otras empresas.
Ese mismo año se ampliaron a 33 áreas reservadas. Así la frontera petrolera aumentó a 3.600.000 hectáreas a través de contratos con la venezolana PDVSA, que conformó una empresa mixta con YPFB denominada Petroandina SAM.
En 2010 otro decreto aumentó las áreas reservadas a 56 y en 2011 YPFB quiso incrementarlas a 118 pero en abril de 2012 (la última ampliación realizada) se llegó hasta 98 áreas que alcanzan 24 millones de hectáreas de exploración y explotación hidrocarburífera. Éstas se extienden y superponen en 3 millones de hectáreas de 11 de las 22 áreas protegidas nacionales.
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