martes, 16 de octubre de 2012

Acumulación y mala distribución obligan a comprar gas a Bs 35

Carlos Maldonado deja su garrafa vacía de gas licuado en una tienda para que en su lugar le entreguen otra llena al día siguiente. Cuando recibe su pedido paga 35 bolivianos por un producto que oficialmente cuesta 22,5 bolivianos.

La dueña de la tienda, ubicada en la zona oeste de la ciudad, sabe que infringe una norma, pero desconoce que comete cuatro irregularidades simultáneamente y que además incurre en un delito por el que se la puede imputar por agio, especulación y peligro de estrago, según el Decreto Supremo 29158.

La autoridad que controla esta actividad, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), reconoce que existen organizaciones familiares que se encargan de recibir las garrafas con gas y de acumularlas en algunos lugares para luego venderlas en precios que pasan los 40 bolivianos. Y admite que no alcanza a controlar el destino de las 18.000 garrafas que en promedio, cada día, salen al mercado.

El caso del vecino Maldonado, éste optó por esa forma de compra casi clandestina porque el carro distribuidor de gas no pasa cerca de su casa, y si lo hace, es en horarios en los que no hay nadie en su vivienda.

Como él, cada día cientos de personas se deben someter a la actividad encubierta para garantizar que en su cocina no falte el gas de cada día. Y para ello prefieren pagar más de lo debido, aunque esto signifique convertirse en cómplices de la tienda vendedora de gas.

Este medio pudo comprobar que en las zonas del norte, oeste y sur de la ciudad de Cochabamba, esta práctica irregular es cotidiana y que los vecinos acuden a estos centros de venta de gas licuado que se disfrazan de tiendas de barrio, micromercados y hasta ferreterías para encubrirse.

En los puntos de venta irregulares la forma de acceder al producto es casi siempre la misma.

Al principio el vendedor niega la existencia del producto, pero luego, con algo de confianza dice que conseguirá el gas licuado de un carro repartidor “que solo pasa de madrugada o tarde en la noche”, en otros casos señala que algún responsable de la tienda deberá ir hasta la refinería Gualberto Villarroel -en Valle Hermoso al sureste de la ciudad de Cochabamba- para “agarrar” una garrafa.

Sin embargo, todo ello es una mentira que tiene como objetivo encubrir su actividad. En realidad siempre tienen un buen lote de garrafas nuevas de gas licuado en depósito, pero solo acuerdan la venta rápida con la “gente conocida” y el resto debe esperar hasta el día siguiente, por lo menos.

Lo peor es que la gente lo sabe, las autoridades conocen de esta actividad, pero nadie puede hacer nada para controlar la venta ilegal por completo, ni para evitar el desconsiderado sobreprecio.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos explica que este fenómeno, que provoca una aparente falta de gas para los vecinos, es una falsa impresión de lo que en realidad ocurre.

Lucy Cusilaime, titular de la ANH en Cochabamba, asegura además que se trata de una acción repetida que se multiplica dando lugar al monopolio por un lado y a la falta de gas por el otro.

“En un estudio que realizamos junto a Yacimientos vemos que el cupo (18.000 garrafas a la venta por día) abastece al mercado, pero en algunos casos cuando hay alguna tienda o negocio que lucra con el gas licuado acapara el producto que podría abastecer a unas 10 casas”, explica Cusilaime.

Pese a la explicación oficial desde la instancia encargada de la regulación de distribución y venta del gas licuado, para la gente de los barrios éste es un fenómeno que el vecino simplemente entiende como una escasez.

Y también como un hecho que obliga al vecino a asegurar el gas del día aunque el costo sea mucho mayor al establecido.

“Si no viene el carro de gas no tenemos otra que comprar de la tienda porque nos podemos quedar sin cocinar y eso es un problema”, cuenta Marcia Navarro vecina de la zona oeste de la ciudad, quien además asegura que por su barrio no hay solo una tienda que comercializa el combustible.

“En nuestra zona, en un área de unos seis manzanos a la redonda, tenemos unas cuatro tiendas que venden gas. Esto a mí me parece bueno porque así no me falta gas y siempre tengo de dónde comprar. No me importa pagar 35, también tienen que ganar (de la tienda) yo creo”, dice.

Denis Aguayo, vecino de la zona sur cree que el precio no es justo y señala que deberían controlar más o deberían “poner más carros distribuidores de gas para que no falte en la casa”. “Y a los vendedores hay que sancionar”, pide mientras indica cómo en su zona hay incluso bares que venden gas licuado.

Apuntes.

Ley 100 del 04/04/2011

Establece mecanismos de articulación institucional para la ejecución de políticas de desarrollo integral y seguridad en fronteras. También, fortalecer las capacidades institucionales destinadas a lograr un mejor dominio estatal del territorio de frontera, promover el control efectivo de actividades ilícitas y establece mecanismos de prevención, control y lucha contra el contrabando e ilícitos en frontera.

Prohibición

La Agencia Nacional de Hidrocarburos prohíbe almacenaje y venta de productos refinados de petróleo, industrializados, a personas naturales jurídicas públicas, privadas, nacionales o extranjeras, exceptuando a las que se encuentren autorizadas.

Decreto Supremo 29158

El agio, el peligro de estrago y el transporte de sustancias controladas son delitos tipificados en los artículos 226 y 208 del Código Penal y Artículo 55 de la Ley Nº 1008 de 19 de julio de 1988 por los que el Ministerio Público puede imputar.

Zonas de venta y monopolio

Pese a que es una actividad prohibida, tiendas de barrio, almacenes, restaurantes y hasta ferreterías en las zonas norte, oeste y sur de la ciudad de Cochabamba se han transformado en puntos encubiertos de venta de gas licuado.

Y mientras las autoridades aseguran que esto obedece a una dinámica de monopolio y acumulación de inescrupulosos que luego venden el producto a un precio muy elevado; los ciudadanos aseguran que se ven obligados a seguirle el juego a los ilegales porque los vehículos distribuidores de gas licuado no llegan hasta sus barrios.

Sin embargo, desde la ANH explican que existen ocho empresas distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo, por lo que este combustible debería llegar a todos los barrios, incluso a los más alejados de Cercado. Por otra parte, se explica que no existe una escasez del producto y que si en algún momento las 18 mil garrafas promedio que se distribuyen diariamente no alcanzan, se debe a que existen miles de personas organizadas en grupos generalmente familiares que captan el producto y no dejan que llegue al resto.

La ANH asegura que los carritos sin autorización venden garrafas adulteradas y que son un peligro

Inseguros e ilegales. Venden garrafas con solo la mitad del producto y con sobreprecio. Así describió Lucy Cusilaime, directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Cochabamba, a los carritos distribuidores de gas licuado que circulan con frecuencia en algunas zonas de la ciudad.

Cusilaime aseguró que la totalidad de estos carritos vendedores de gas licuado no tiene autorización para la venta y distribución del combustible, menos aún con el sobreprecio que lo hacen.

Advirtió que no guardan las medidas básicas de seguridad para la manipulación del producto, lo cual pone en riesgo no solo a vendedor y comprador, sino también a toda la población.

Cusilaime explicó también que tras una serie de operativos realizados por la ANH, se pudo confirmar que la totalidad del producto de los carritos es adulterado.

“Lo que hacen es sacar el gas de una garrafa y trasladan la mitad a una vacía. Es decir que además de realizar una actividad ilegal y engañar vendiendo con sobreprecio, también venden solamente la mitad del producto. Entonces es un doble engaño” dijo, a tiempo de pedir a la población que esté atenta.

Añadió que son generalmente las mismas familias las que se dedican a este negocio y se hacen pasar por vendedores, cuando en realidad son solo acumuladores que luego hacen negocio y llevan a sus familiares para comprar el producto.

Finalmente explicó que se va a continuar con los operativos para controlar la venta ilegal del combustible de manera conjunta con las unidades policiales pertinentes, para aplicar sanciones sobre todos los responsables que conforman la cadena delictiva, que implica la participación de varios actores entre los que se encuentran acumuladores y hasta los mismos compradores que se vuelven cómplices.

La gente debe ayudar en el control con denuncias

El precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el territorio nacional es de 22,50 bolivianos.

En este marco, nosotros tratamos de controlar mediante operativos y canales de información, y el hecho de que se venda en tiendas y almacenes en precios superiores es estar incurriendo en una ilegalidad y es algo arriesgado.

Primero, porque fuera de cometer un delito que puede ameritar una imputación penal, también se está poniendo en riesgo la seguridad de las personas porque existen medidas preventivas mínimas que deben respetarse para acumular cilindros de GLP.

En cuanto a la distribución para Cercado existen 8 empresas con un promedio de 12 a 14 camiones distribuidores cada una, que se encargan de la tarea diaria de repartir un promedio de 18.000 cilindros.

Reciben el combustible en dos turnos: el primero es el de las seis de la mañana y el segundo corresponde al de las ocho.

Es decir que salen unos ochenta camiones en el primer turno y de acuerdo al requerimiento de cada barrio se refuerza la distribución con más unidades.

A veces ocurre que si bien los vecinos pueden convertirse en cómplices de los vendedores inescrupulosos, es porque en algunos casos las personas no están en sus domicilios a la hora de la distribución y no pueden adquirir el Gas Licuado de Petróleo.

Entonces puede resultar más cómodo para los vecinos adquirir el producto de las tiendas.

Lamentablemente ésta es una irregularidad porque nuestras leyes prohíben esto.

En sí nosotros (Agencia Nacional de Hidrocarburos) necesitaríamos que la población colabore para conseguir una distribución efectiva y equitativa.

Hay que evitar que se cometan delitos como el de la comercialización de un producto que el Estado subvenciona y que es de todos los bolivianos.

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