Asuntos de exclusivo interés de Tarija, como la estratégica e inaplazable ampliación del gasoducto Villa Montes - Tarija (GVT), serán motivo de una reunión entre autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG). Se trata de una reunión preparatoria para planificar la consulta pública que se debe realizar como paso previo para la emisión de la licencia ambiental que dé luz verde a las obras del tendido de ducto por el sector Itika Guasu, de modo que Tarija pueda contar con un gasoducto que permita transportar 64 millones de pies cúbicos diarios de gas, en vez de los 13,8 que ahora se transporta.
Si la reunión no arroja resultados positivos, Tarija se verá envuelta en un plan de racionamientos de gas que paralizaría sectores industriales claves de su economía, como la producción de cemento, cerámica, transporte y otros. Ayer, dirigentes empresariales denunciaron que, en los hechos, ya hay racionamiento porque la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) no tramita ni acepta nuevas conexiones para emprendimientos industriales por falta de capacidad de transporte.
Según autoridades de YPFB Transporte, el retraso en la ejecución de las obras ampliatorias del GVT, que incrementarían el uso del gas al interior de Bolivia, se debe a que los dirigentes de la APG IG, asesorados por la ONG Nizkor de España y Bélgica, han impedido que se llegue a acuerdos porque exigían que, en negociaciones “confidenciales”, se les pague un monto superior a los 20 millones de dólares. Entretanto, esta misma ONG Nizkor, también asesorando a la APG IG, facilitó la ampliación de la planta Margarita, operada por Repsol YPF, para que las exportaciones de gas a la Argentina sean masivas y al más corto plazo posible.
Como telón de fondo de esta reunión está la conferencia de prensa que ofrecieron en semanas pasadas los dirigentes de la APG IG en Tarija, cuando hicieron público el ofrecimiento de cobrar cien bolivianos por las servidumbres de paso. En esa oportunidad desmintieron la supuesta exigencia de 20 millones de dólares por esa obra, desautorizando de esta forma la negociación que intentó hacer Gregorio Dionis de la ONG Nizkor, quien envió un documento confidencial a YPFB en marzo de 2011 con ese objetivo.
Pero lo que llamó la atención es que la reunión en la que se definirá la suerte de un proyecto estratégico para Tarija se defina en Santa Cruz. Para analistas consultados al respecto, la dirigencia cívica y departamental ha aplazado sistemáticamente una demanda elemental de Tarija y que tiene que ver con exigir que todas las empresas operadoras que explotan gas y petróleo de subsuelo tarijeño deban, necesariamente, instalar oficinas y bases de trabajo en Tarija, empezando por YPFB.
Tarija produce más del 80% del gas y petróleo de Bolivia, según datos oficiales publicados por el Ministerio de Hidrocarburos.
La reunión en Santa Cruz
Según dirigentes de la APG IG, funcionarios de YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos se reunirán hoy en la ciudad de Santa Cruz para fijar la fecha de la consulta a los pueblos indígenas acerca de la ampliación del GVT, para la posterior emisión de la licencia ambiental y el proceso de licitación respectivo. El vicepresidente de la APG IG, Florentino Zeballos, confirmó la reunión.
Según el Ministerio de Hidrocarburos, la directora de Gestión Socio Ambiental, María Cristina Arellano, es la autoridad encargada del tema GVT por lo que participará ella y una delegación de tres a cuatro personas. El encuentro se desarrollará a las once de la mañana.
El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Dino Beltrán, manifestó que el documento presentado por la APG IG en fecha 22 de enero de 2012, donde la APG rechaza la solicitud de 20 millones de dólares y solicita “un precio único de 100 bolivianos por los contratos y servidumbres de ductos y por servidumbres de vías necesarios para dicho proyecto”, será la base sobre la cual YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos trabajarán la consulta.
Gobernación no realizará más acercamientos con APG IG
Beltrán manifestó que el Gobierno Departamental es un facilitador entre YPFB Transporte y la APG IG, sin embargo, dijo que renunciaron a esa tarea debido a que se encontró un rechazo muy fuerte por parte de los asesores de la APG IG. “Son bastante reacios en atendernos, en recibirnos, en aceptar una reunión de conversación y consideramos que ellos están buscando y planificando que esta ampliación no tenga curso, que no pueda realizarse y que tengamos nomás el racionamiento a partir de abril, cuando comience el invierno” añadió.
Según expresó el funcionario departamental, la última reunión que sostuvieron con los asesores fue en noviembre de 2011. Beltrán señaló que se observó una posición cortante por parte de los asesores, quienes evitaron llegar a una conciliación, razón por la que se habría decidido, como Gobernación, ya no realizar acercamientos. “Nos preocupa que Gregorio Dionis, quien es una persona de origen extranjero, tenga posiciones tan cortantes en Bolivia”, dijo.
Consultado sobre si no se tomó acciones en contra de los asesores de la APG IG por el perjuicio ocasionado, éste dijo que, al parecer, Dionis tiene un documento diplomático que le da cierta fortaleza para tomar acciones.
El martes pasado, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija (Caincotar), Víctor Fernández, dijo que la industria tarijeña se encuentra en estado de emergencia por la incertidumbre que existe por la ampliación del GVT, ya que hasta la fecha no se realizó el proceso de consulta a los pueblos indígenas de la APG IG, por donde pasa el gasoducto.
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