El Gobierno boliviano promulgó ayer una norma que intenta evitar la salida ilegal de alimentos y combustibles hacia países vecinos, para lo que prevé la expropiación compensada en favor del Estado de surtidores en un radio de 50 km de la línea fronteriza.
La disposición tiende a "evitar el saqueo de los recursos naturales" y contrarrestar la "lógica del saqueo" en las regiones fronterizas, dijo en rueda de prensa el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.
Además está la lucha contra el contrabando de sustancias ilegales y mercancías, agregó.
Con el fin de que la estatal YPFB sea la única distribuidora de combustibles "se establece un régimen de expropiación declarando de necesidad y utilidad pública las estaciones de servicio en un radio de 50 km circundantes a la frontera con otros países, añadió.
Consultado acerca de la cantidad de estaciones que serán afectadas, Chávez respondió: "no tengo el dato". Para el efecto se establecerá un régimen de expropiación municipal en favor de YPFB, que pagará una compensación tras un justiprecio. La nueva norma prohíbe también la exportación de gasolina, diesel y GLP (gas licuado para uso doméstico)
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