El Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad decidirá en qué zona limítrofe, la estatal YPFB se convertirá en la única comercializadora minorista. “En las demás zonas fronterizas la Agencia Nacional de Hidrocarburos dispondrá la continuación de los trámites suspendidos”, dice el proyecto de ley.
Si la futura norma es promulgada sin modificaciones, a partir de su publicación se suspenderán automáticamente en las zonas fronterizas los procesos de trámite de autorización de licencias de construcción y operación de estaciones de servicio de carburantes y distribuidoras de gas licuado.
Las estaciones de servicio que se encuentren en un radio de cincuenta kilómetros de la frontera serán declaradas de necesidad pública, estando sujetas al régimen de expropiación municipal, previo pago de una indemnización, según el proyecto.
El Gobierno informó que el contrabando de gasolina y diésel que sale por las fronteras con Brasil, Perú y Argentina genera cada año pérdidas por 150 millones de dólares. El presidente de YPFB, Carlos Villegas, explicó en enero que los carburantes salen por Cobija (a Brasil), Villazón (a a la Argentina) y Desaguadero (a Perú).
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