La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) quiere enjuiciar, por el delito de prevaricato, al juez primero de Instrucción Cautelar Roque Leaños en el caso de estafa de 2,3 millones de bolivianos por la decisión de pasar la investigación al ámbito de un proceso civil, cuando se trata de un delito penal contra el Estado y de presunta corrupción pública.
Así lo informó la abogada de YPFB, Mónica Ramírez, quien, consultada al respecto, dijo que acusará al juez, “sí, por prevaricato”. Entretanto, se apeló la disposición.
El 3 de marzo, Yacimientos presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Santa Cruz por supuesta estafa en la compraventa de combustibles, diésel y gasolina que fueron pagados con 22 cheques falsos de una cuenta que no tenía fondos, hecho que deja impaga la compra y, por lo tanto, causa daño económico al Estado. El principal acusado es Marcelo Limón, quien se dice que actuó en coordinación con algunos funcionarios de la empresa.
Ramírez dejó en la oficina del Juzgado la solicitud de apelación a la resolución de Leaños, en la que manda a un proceso civil la denuncia en contra de Limón.
La abogada explicó que “el Ministerio Público tiene la obligación de investigar hechos de corrupción y delitos de orden público, como en este caso: falsificaciones, falsedad ideal, material, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, asociación delictuosa”.
Por esta razón, señaló, una vez que el Juzgado revoque la medida, continuará la persecución penal tal cual establece la Ley 2175 Orgánica del Ministerio Público.
La defensa del acusado presentó un recurso de incompetencia bajo el argumento de que se trata de un incumplimiento de deuda y no de una estafa, ya que existe un documento de compromiso de pago.
El abogado de Limón, Alberto Jorge Franco, dijo que “de acuerdo al contrato que suscribe YPFB en representación del señor Marco Antonio Teodovich (un ex gerente de YPFB detenido preventivamente en Palmasola) con mi patrocinado Marcelo Limón Camacho e Ingrid Rojas Suárez, se estableció de común acuerdo y en forma libre y voluntaria el reconocimiento de la obligación por el concepto de la deuda de dos millones de bolivianos”. Añadió que el Juez estableció la incompetencia, lo que significa que se deben remitir los antecedentes al juez de partido de turno en lo civil; asimismo, se ordena que se levanten los mandamientos de aprehención
La Fiscalía ordenó la aprehensión de Limón porque no se había presentado a declarar.
Ayer, el fiscal Alberto Cornejo informó que se tomó la declaración como testigo al asesor legal de YPFB Pablo Cañipa, en el marco de las investigaciones que se desarrollan en la ciudad de Santa Cruz, donde tampoco se ha descartado la posible vinculación de este caso con el contrabando de carburantes.
La petrolera ya apeló la decisión del juez y espera revertir la medida.
YPFB revela más irregularidades
Los abogados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunciaron el jueves, en la audiencia cautelar del jefe de la Distrital Comercial Oriente, Marco Antonio Teodovich, otras tres irregularidades en la venta de combustible que supuestamente eran de conocimiento del suspendido funcionario, cuya defensa rechaza esas acusaciones porque no hay pruebas.
La primera acusación, según refleja el diario La Estrella del Oriente, hecha por Mónica Ramírez, abogada de YPFB, tiene que ver con la recepción de 50.000 bolivianos para permitir la entrega de combustible a los tres surtidores que pertenecen a Marcelo Limón. La abogada de la defensa de Teodovich, María Eugenia Ríos, explicó que el pago señalado era un adelanto que hizo Limón por el combustible recibido y que fue parte de un acuerdo suscrito para cumplir la deuda. Precisó que fue un pago en efectivo, no en cheque, y se hizo en la cuenta especial de Yacimientos del Banco Unión, al que no tiene acceso su defendido.
La segunda acusación es porque el 29 de junio de 2009 Teodovich pudo haber participado en la compra de los surtidores realizada por Marcelo Limón y Eliane Ingrid Rojas sin el consentimiento de YPFB.
Ríos aseguró que Teodovich no estuvo en dicho evento.
Un tercer hecho indica que el 15 de diciembre conoció los hechos por un e-mail enviado por el Jefe Distrital de San José de Chiquitos; Ríos explicó que inmediatamente Teodovich ordenó que se pare la venta del combustible.
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