La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contrató al bufete de abogados Davis Graham Stubbs LLP, de Estados Unidos, con el que espera recuperar $us 13 millones que habían sido entregados a la empresa Gulsby, una subcontratista de Catler-Uniservice, para el equipamiento de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
“No ha sido contratado (el bufete) para ninguna defensa, sino para llevar adelante una negociación con la Gulsby, a fin de resolver desde el punto de vista jurídico la situación irregular que se tiene en términos de que se ha entregado plata de YPFB por parte de Catler Uniservice, para la compra y provisión de una parte del equipamiento para la planta de Río Grande”, explicó ayer Fernando Vincenti, miembro del directorio de la empresa estatal.
Tuvieron que pasar cerca de cinco meses y tres convocatorias para que Yacimientos contrate a este buró de juristas, que entre sus prioridades tendrá la misión de negociar con Gulsby la devolución de los $us 13 millones, debido a que la estatal ya no tiene ninguna relación contractual con Catler Uniservice y ésta tampoco con la Gulsby. Esta subcontratista fabrica en la actualidad en Texas, Estados Unidos, equipos de alta tecnología para Río Grande, que, según Vincenti, deben ser transferidos a Río Grande.
De acuerdo con Vincenti, de $us 50 millones previstos para ese equipamiento, se destinaron 39 millones, de los que 13 millones ya fueron desembolsados. Se conoció que Gulsby habría pedido el saldo —unos 26 millones—; sin embargo ese pago no se efectuará porque YPFB no tiene ninguna relación contractual con la compañía Gulsby.
El año pasado, Yacimientos firmó contrato con el grupo argentino-boliviano Catler-Uniservice para la provisión e instalación de la planta por $us 86,35 millones, según la agencia ANF. Los hechos de corrupción salieron a la luz pública con el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach y el robo de $us 400.000 en una vivienda en la ciudad de La Paz. Por este caso se encuentra detenido el ex presidente de YPFB y ex hombre fuerte del MAS, Santos Ramírez, y otros ex funcionarios de esa dependencia pública.
La agencia de noticias informó que el bufete asesorará “en las contrataciones que realice en el extranjero y prestar asesoramiento legal en cualquier materia y actividad que sea requerida por YPFB, para el cumplimiento de sus fines empresariales”.
LOS DATOS
Los elegidos • La petrolera estatal adjudicó el servicio al buró legal Davis Graham Stubbs LLP que logró el mayor puntaje, 1.000 puntos, señala la resolución administrativa fechada el 25 de septiembre.
Los abogados • A la convocatoria de YPFB se presentaron tres proponentes, además del ganador, los bufetes Thompson & Knight LLP y Law Firm Rigoberto Paredes que al final fueron descalificados.
“No ha sido contratado (el bufete) para ninguna defensa, sino para llevar adelante una negociación con la Gulsby, a fin de resolver desde el punto de vista jurídico la situación irregular que se tiene en términos de que se ha entregado plata de YPFB por parte de Catler Uniservice, para la compra y provisión de una parte del equipamiento para la planta de Río Grande”, explicó ayer Fernando Vincenti, miembro del directorio de la empresa estatal.
Tuvieron que pasar cerca de cinco meses y tres convocatorias para que Yacimientos contrate a este buró de juristas, que entre sus prioridades tendrá la misión de negociar con Gulsby la devolución de los $us 13 millones, debido a que la estatal ya no tiene ninguna relación contractual con Catler Uniservice y ésta tampoco con la Gulsby. Esta subcontratista fabrica en la actualidad en Texas, Estados Unidos, equipos de alta tecnología para Río Grande, que, según Vincenti, deben ser transferidos a Río Grande.
De acuerdo con Vincenti, de $us 50 millones previstos para ese equipamiento, se destinaron 39 millones, de los que 13 millones ya fueron desembolsados. Se conoció que Gulsby habría pedido el saldo —unos 26 millones—; sin embargo ese pago no se efectuará porque YPFB no tiene ninguna relación contractual con la compañía Gulsby.
El año pasado, Yacimientos firmó contrato con el grupo argentino-boliviano Catler-Uniservice para la provisión e instalación de la planta por $us 86,35 millones, según la agencia ANF. Los hechos de corrupción salieron a la luz pública con el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach y el robo de $us 400.000 en una vivienda en la ciudad de La Paz. Por este caso se encuentra detenido el ex presidente de YPFB y ex hombre fuerte del MAS, Santos Ramírez, y otros ex funcionarios de esa dependencia pública.
La agencia de noticias informó que el bufete asesorará “en las contrataciones que realice en el extranjero y prestar asesoramiento legal en cualquier materia y actividad que sea requerida por YPFB, para el cumplimiento de sus fines empresariales”.
LOS DATOS
Los elegidos • La petrolera estatal adjudicó el servicio al buró legal Davis Graham Stubbs LLP que logró el mayor puntaje, 1.000 puntos, señala la resolución administrativa fechada el 25 de septiembre.
Los abogados • A la convocatoria de YPFB se presentaron tres proponentes, además del ganador, los bufetes Thompson & Knight LLP y Law Firm Rigoberto Paredes que al final fueron descalificados.
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