La sociedad Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-PDVSA (Petroandina) SAM enfrenta al menos cinco denuncias de presuntas irregularidades vinculadas a la contratación de una empresa sin respaldo de capital para labores de sísmica, gastos onerosos en salarios y en el alquiler de oficinas en Santa Cruz, presentación de un bloque fantasma, observaciones de sus estados financieros y falta de información.
El 5 de agosto, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, comunicó la suspensión de tres directores y la síndico que formularon las denuncias, no explicó en detalle las razones.
Las observaciones están contenidas en el informe ejecutivo N.º 2/2009, fechado el 2 de febrero de este año, que la síndico serie A de la sociedad Amalia Gutiérrez Adrián remitió a Villegas y en el que le hace conocer otras presuntas irregularidades
Éstas están descritas en otros documentos remitidos el 5 de agosto a la Presidencia de YPFB y el 17 de agosto a su Directorio por la síndico, el presidente del Directorio de YPFB- Petroandina SAM, René Escóbar Aro, y el secretario de Directorio Ronald Muñoz Sahonero, respectivamente.
Las presuntas irregularidades y observaciones a los balances de la empresa terminaron en la destitución del gerente general interino Miguel A. Pradel y el gerente administrativo financiero Carlos Colomo Vargas por orden del Directorio de Petroandina, pero no se la acató.
Según el informe de febrero, la sociedad firmó el 3 de diciembre de 2008 un contrato con Geokinetics por 81.162.881,31 dólares para la grabación de datos sísmicos del bloque Lliquimuni, pero observa que existe una total desproporción con el capital pagado (aporte de los socios) por esa empresa, que fue de sólo 10.000 bolivianos.
Esta preocupación fue extendida el 20 de julio al ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, en una carta en la que figura un monto de 93.290.668,17 dólares para desarrollar esta labor, mas no se explica por qué subió el valor inicial
Según los informes, estos elevados montos no tienen certificación y aval de su uso, ni los resultados obtenidos por YPFB durante la gestión. Además señala que el socio minoritario PDVSA ha desembolsado 28.343.944,77 dólares para gastos de funcionamiento y de inversión que “no cuentan con documentación de respaldo que establezca los términos y condiciones”.
El bloque Lliquimuni se encuentra en las provincias Larecaja, Sud Yungas y Caranavi, y los municipios Guanay, Apolo, Teoponte, Caranavi, Palos Blancos y La Asunta, donde Petroandina SAM pretende invertir más de 100 millones de dólares.
Gutiérrez sugirió a Villegas que a efectos de tener una gestión transparente del manejo económico y financiero de los recursos de la empresa se programe una auditoría legal y técnica al proceso de contratación de Geokinetics.
Además señala que se requiere establecer sobre la base de qué instrumento legal se ejecutarán los procesos de contratación para los estudios de exploración y adquisición de bienes y servicios.
Esto en virtud de que Petroandina SAM desconoce la Ley Safco y sólo considera la aplicación del Código de Comercio, bajo el cual realizó otras contrataciones de servicios.
Otras observaciones
En el informe de la gestión 2008 remitido por la síndico a Villegas se señala que para el funcionamiento y equipamiento de oficinas de Petroandina en Santa Cruz se suscribieron contratos de alquiler de 13.700 bolivianos mensuales por dos años, instalación de cableado estructural y eléctrico por 251.283,87 bolivianos con la empresa Emselec el 10 de noviembre de 2008 y provisión de mobiliario por 341.177,10 bolivianos con la empresa Marelli el 3 de octubre de 2008. Los montos son excesivos.
Gutiérrez además revela que la planilla salarial de diciembre de 2008 para seis funcionarios de Petroandina llegó a 97.316,50 bolivianos y la planilla mensual de los tres directivos que apoyan en la parte administrativa suma 40.000 bolivianos.
Para la suscripción de estos contratos y gastos se usaron los recursos del aporte de capital de siete millones de bolivianos de PDVSA.
Sobre los estados financieros de Petroandina se observó que en éstos no se expone ningún importe por concepto de gastos de administración, contraviniendo la Ley 843.
Se evidencia también un “bloque fantasma” con el nombre de Sur Andino, con un importe de 13,9 millones de bolivianos. En los planes mínimos de exploración se verificó que no existe dicho bloque.
También denuncia que los funcionarios Pradel y Colomo se niegan a entregar información al Directorio y a la síndico, en contraposición al Código de Comercio y el Estatuto Social de Petroandina. Esta situación llevó incluso a que se presentaran estados financieros al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) con importes que no exponen la situación económica financiera real de la empresa.
En aras a no convertirse en cómplices o encubridores de malos manejos económicos, Escobar, Muñoz y Gutiérrez, en el informe del 5 de agosto pidieron a Villegas una auditoría financiera especial que esclarezca las observaciones y advirtieron que no asumen la responsabilidad de los actuales estados financieros.
Recordaron que seis reuniones para tratar asuntos de la firma fueron ignoradas por el director de PDVSA, Miguel Tarrazona.
Las preocupaciones fueron también manifestadas al ministro Coca el 20 de julio de este año a través de una solicitud de audiencia, además de un cuarto informe remitido al Directorio de YPFB el 17 de agosto, firmado por los tres funcionarios que cuestionaron las acciones de los ejecutivos que administran la sociedad YPFB-PDVSA en Petroandina SAM.
La sociedad no responde e YPFB no aclara
Petroandina SAM determinó no atender la solicitud de entrevista de La Prensa, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que cada una de las observaciones y presuntas irregularidades denunciadas en la sociedad con Petróleos de Venezuela (PDVSA) fue aclarada.
Este medio solicitó ayer en la mañana a la secretaria de Petroandina una entrevista con algún ejecutivo para contrastar los documentos con la explicación de sus directivos.
La compañía solicitó que se le enviara una nota con el tema en consulta. Media hora después, en sus oficinas ubicadas en el edificio Londres en la avenida Busch esquina Carrasco, cuando La Prensa trató de entregar la solicitud, la secretaria comunicó que se había contactado con el gerente Miguel Pradel, quien le ordenó que no recibiera nada. De esa manera se confirmó que este funcionario que fue suspendido por el Directorio de Petroandina continúa en funciones. La secretaria agregó que este asunto debía ser consultado directamente con YPFB, tarea que ya había sido efectuada en la mañana.
Yacimientos respondió a las 21.00 que cada una de las observaciones del Directorio de Petroandina y de la síndico Amalia Gutiérrez fueron aclaradas en una reunión el 7 de agosto en el edificio de YPFB, con representantes de la sociedad, PDVSA, YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos, sin dar explicaciones más puntuales.
El acta de esa reunión enviada a La Prensa se limita aspectos técnicos que requieren una explicación, no aclara las denuncias ni si los directores y síndico están o no suspendidos.
También se pidió al Ministerio de Hidrocarburos un criterio sobre la solicitud de audiencia formulada por la síndico Amalia Gutiérrez el 20 de julio reciente, pero no se atendió la solicitud debido a que la autoridad estaba en una reunión.
Más irregularidades en la firma
La gerente administrativo financiero de Petroandina SAM, Mirian Soria Galvarro Cox, es esposa del representante legal de la empresa contable Herbas y Asociados, que presta servicios de contabilidad a la sociedad petrolera, según revelan los informes a los que tuvo acceso La Prensa.
Así lo denunciaron el presidente del Directorio de YPFB-Petroandina SAM, René Escóbar Aro; el director secretario Ronald Muñoz Sahonero y la síndico serie A Amalia Gutiérrez Adrián en un informe presentado al directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el 17 de agosto de este año.
Según estos funcionarios, los estados financieros de la compañía que tienen observaciones fueron elaborados por la gerencia general con la supervisión del director por PDVSA Bolivia, Miguel Tarrazona, asistido por la Gerente Administrativo Financiero.
Puntualizan que la firma Herbas y Asociados fue contratada por una solicitud “caprichosa” de Tarrazona y acompañan en el informe al Directorio de YPFB un certificado de matrimonio.
La Prensa no pudo verificar esta supuesta irregularidad debido a que en las oficinas de Petroandina SAM ni siquiera se permitió que se dejara una nota de solicitud de información. Tampoco se pudo ubicar por teléfono a algún miembro del Directorio de YPFB.
Más datos
El 2 de julio y luego de ocho meses de haber realizado la solicitud, la sociedad YPFB Petroandina obtuvo la licencia ambiental para iniciar los trabajos de exploración en el bloque Lliquimuni, al norte del departamento de La Paz.
El 28 de octubre de 2008 el presidente Evo Morales dio marcha al proyecto en forma simbólica.
El 9 de agosto de este año se informó que la sociedad realizará este año la primera perforación de un pozo en el bloque Lliquimuni.
Hasta 2015 YPFB pretende invertir 482,5 millones de dólares en el desarrollo de campos y facilidades de producción.
Petroandina tiene a su cargo los bloques Timboy e Iñau y Lliquimuni, en los que invertirá 160 millones de dólares entre 2010 y 2015.
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