Las empresas argentinas fueron subcontratadas por Catler-Uniservice, pero el que les pagaba era YPFB.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) instruyó suspender los pagos a las empresas argentinas SICA y Lito Gonella, subcontratistas de la sociedad accidental Catler-Uniservice, mientras dura la investigación del Ministerio Público sobre las supuestas irregularidades en el contrato que suscribió con la estatal petrolera.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, a través de una nota de prensa, informó ayer sobre esta decisión, que ya es de conocimiento de las dos compañías que fueron contratadas para la fabricación de los implementos de almacenamiento para la planta de extracción de líquidos de Río Grande.
SICA Metalúrgica Argentina S.A. fue contratada para la construcción de 25 tanques semirremolques, en la que no existirían avances, en tanto que Lito Gonella debía fabricar 35 tanques cisterna, 14 tanques fijos para GLP y dos para almacenar gasolina.
No obstante que estas dos compañías fueron contratadas por la sociedad accidental de propiedad del fallecido Jorge O’Connor D’Arlach; la que hacía los pagos directos por los trabajos era Yacimientos.
Esta decisión fue comunicada en dos notas a los representantes de las dos firmas el 4 de marzo.
Villegas, según el comunicado de prensa, tomó la decisión de suspender los pagos, en la misma lógica con la que solicitó a Catler-Uniservice renovar la póliza de garantía de 1,6 millones de dólares: evitar un daño económico al Estado.
$us 35 millones están en peligro
El contrato suscrito entre YPFB y Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, tiene atada de manos a la estatal petrolera, porque si éste se rescindiera, el Estado perdería 35 millones de dólares. Esto fue informado al ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, por Pablo Menacho, consultor especialista en Defensa Arbitral, Jurisdiccional y Administrativa, según un reporte del periódico virtual Erbol.
Este informe dice que el presidente de Gulsby Process Systems (GPS), James G. Gulsby, y el ministro Arce, en un encuentro el 16 de febrero en Washington D.C., coincidieron en que el peor escenario para ambas partes sería un litigio en el que Gulsby se expondría a reclamos de varias empresas, y Bolivia no podría recuperar los 35 millones de dólares comprometidos en una carta de crédito abierta por YPFB en el Commerce Bank de EEUU. La oficina de Prensa del Ministerio de Defensa Legal dijo que Arce no se pronunciará al respecto este domingo.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) instruyó suspender los pagos a las empresas argentinas SICA y Lito Gonella, subcontratistas de la sociedad accidental Catler-Uniservice, mientras dura la investigación del Ministerio Público sobre las supuestas irregularidades en el contrato que suscribió con la estatal petrolera.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, a través de una nota de prensa, informó ayer sobre esta decisión, que ya es de conocimiento de las dos compañías que fueron contratadas para la fabricación de los implementos de almacenamiento para la planta de extracción de líquidos de Río Grande.
SICA Metalúrgica Argentina S.A. fue contratada para la construcción de 25 tanques semirremolques, en la que no existirían avances, en tanto que Lito Gonella debía fabricar 35 tanques cisterna, 14 tanques fijos para GLP y dos para almacenar gasolina.
No obstante que estas dos compañías fueron contratadas por la sociedad accidental de propiedad del fallecido Jorge O’Connor D’Arlach; la que hacía los pagos directos por los trabajos era Yacimientos.
Esta decisión fue comunicada en dos notas a los representantes de las dos firmas el 4 de marzo.
Villegas, según el comunicado de prensa, tomó la decisión de suspender los pagos, en la misma lógica con la que solicitó a Catler-Uniservice renovar la póliza de garantía de 1,6 millones de dólares: evitar un daño económico al Estado.
$us 35 millones están en peligro
El contrato suscrito entre YPFB y Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, tiene atada de manos a la estatal petrolera, porque si éste se rescindiera, el Estado perdería 35 millones de dólares. Esto fue informado al ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, por Pablo Menacho, consultor especialista en Defensa Arbitral, Jurisdiccional y Administrativa, según un reporte del periódico virtual Erbol.
Este informe dice que el presidente de Gulsby Process Systems (GPS), James G. Gulsby, y el ministro Arce, en un encuentro el 16 de febrero en Washington D.C., coincidieron en que el peor escenario para ambas partes sería un litigio en el que Gulsby se expondría a reclamos de varias empresas, y Bolivia no podría recuperar los 35 millones de dólares comprometidos en una carta de crédito abierta por YPFB en el Commerce Bank de EEUU. La oficina de Prensa del Ministerio de Defensa Legal dijo que Arce no se pronunciará al respecto este domingo.
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