domingo, 8 de febrero de 2009

YPFB desembolsó fondos para el grupo Catler-Uniservice SRL


Los desembolsos para el proyecto de construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande fueron a parar a Catler-Uniservice S.R.L y posteriormente a una subsidiaria de nombre Gulsby, que es la que aporta con su experiencia y no a la sociedad accidental con la que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez asegura que firmó el contrato.

Así se desprende de una nota del Ministerio de Hacienda enviada a los medios de comunicación explicando la participación de esa cartera de Estado en la canalización de los recursos hacia el fideicomiso constituido en favor de YPFB.

Los hechos irregulares que rodearon a la selección del consorcio Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande se comenzaron a conocer luego del asesinato del empresario Jorge O’Connor el 27 de enero.

Hacienda informó que “el 1 de diciembre de 2008 y el 14 de enero de 2009, por instrucción de YPFB (el beneficiario del fideicomiso), el Banco Unión realizó traspasos a Catler-Uniservice S.R.L. por 1.650.000 dólares cada uno”.

Los recursos forman parte de los 35 millones de dólares depositados por el Ministerio de Hacienda en el fideicomiso de 90 millones de dólares formado para que YPFB impulse el proyecto.

Ramírez informó el lunes que se desembolsaron 6,8 millones de dólares para la sociedad accidental.

La referencia de que se canalizaron los recursos a Catler- Uniservice S.R.L difiere de la versión del ex presidente de la estatal, quién aseguró que la sociedad para construir la planta separadora de líquidos en Río Grande se constituyó con la firma Asociación Accidental Catler-Uniservice.

Hacienda precisó “los desembolsos que se han efectuado en este fideicomiso, el más grueso fue de 35 millones de dólares y se lo realiza el 12 de noviembre de 2008 con la apertura de la carta de crédito para la importación de ese equipo”.

Además complementa que de acuerdo con un reporte del Banco Unión, este desembolso se realizó para la apertura de una carta de crédito a nombre de Gulsby P.S., para la compra de equipo básico de ingeniería y diseño para la planta de gas.

Según el ex presidente de YPFB Carlos D’Arlach, esta empresa a la que subcontrató Catler-Uniservice es la única que tiene la experiencia en el sector en la construcción de plantas de GLP similares a la que se impulsa en Río Grande.

Este extremo fue admitido en septiembre del año pasado por el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, y presidente de YPFB, Santos Ramírez, en una carta de respuesta a la petición de un informe solicitado por D’Arlach y que pasó el 26 de agosto primero por manos del presidente Evo Morales antes de llegar al Senado. Las autoridades mencionan que la experiencia de la sociedad se apoya en la “sociedad Gulsby”.

Para ese fin detallan que esta compañía presentó como respaldo 95 proyectos, en cambio de Catler-Uniservice no se hace conocer ninguno. Como antecedente se tiene que este consorcio se creó con un capital de 50.000 bolivianos. En la respuesta, Villegas y Ramírez complementan que la sociedad se encuentra formada por Catler, Gulsby , Uniservice S.R.L., Arcan Engineering, Carlos Caballero S.R. L. y E.N.S.R Bolivia S.R.L. La misma se encuentra con domicilio en el barrio Las Palmas, 4to anillo, Nº100 T. Rent 171/2. Caballero aclaró el 6 de febrero que su empresa nunca confirmó ninguna relación comercial con Catler ni Uniservice, ni formó parte de ese consorcio. Un empleado de Catler-Uniservice en Argentina, al que logró contactar La Prensa el lunes 2 de febrero, de nombre Javier Montes dijo que la compañía trabaja en conjunto con Gulsby, firma asentada en Texas, Estados Unidos, que ha construido más de 50 plantas iguales o más grandes que las de Río Grande.

Fuentes del sector consideran que en lugar de darle el contrato a Catler, con la que se debió establecer una relación directa es con Gulsby, la que finalmente levantará la obra.

Empresas locales consultadas por El Deber, el 30 de enero, expresaron que llama la atención que la mayor parte del contrato por 86,3 millones de dólares presuntamente va para la subcontratada (Gulsby), que se queda con 55 millones de dólares. Otros 15 millones van para Sica Gonella, encargada de construir los tanques, las obras civiles están valuadas en 10 millones de dólares, otros 6 millones se van en impuestos, costos directos y de administración y utilidades de Catler-Uniservice.

Aseguran que este tipo de operaciones se hacen al revés: Gulsby debió ser la empresa contratada por el Estado y ésta debió encargarse de subcontratar servicios de otros consorcios para las “obras menores”.

El destituido viceministro de Desarrollo Energético Misael Jemio a la pregunta de por qué ganó Catler frente a una gigante como Hanover, la otra empresa postulante, aseguró que “la propuesta económica de Hanover Exterran fue ligeramente menor a la de Catler, pero su planta producía un 25 por ciento menos (GLP y gasolina) que la de su competidora”.

Esa diferencia gravitó para que Catler gane. “La razón fue la ventaja o beneficio económico para el país. Mientras la una (Hanover) ofrecía producir 270 toneladas, la otra (Catler), 360. Esa diferencia equivale a unas 35.000 toneladas al año, si nosotros importáramos ese volumen, eran más de 35 millones de dólares. Era demasiada la diferencia de dinero”. Hanover Exterran es uno de los consorcios más grandes del mundo en el ramo, con 10.700 empleados y presencia en 30 países del mundo, y es una firma con experiencia en Bolivia. La comisión interventora de YPFB investiga las irregularidades cometidas por ex autoridades que estuvieron a su mando.

Las principales observaciones

1.- La primera omisión de YPFB fue la de no haber protocolizado el documento ante Notario de Gobierno en la Prefectura de La Paz, pese a que la estatal efectuó un desembolso de 6,8 millones de dólares a favor de la compañía. Este trámite es un requisito para que los contratos firmados por las entidades estatales bolivianas puedan entrar en vigencia. Luego de esa acción, el documento debe ser remitido a la Contraloría para su registro.

2.- La segunda irregularidad tiene que ver precisamente con el hecho de que el documento no llegó a esa entidad. Este requisito debió cumplir a los cinco días de haberse suscrito el contrato, pero como no fue así, Ramírez podría ser sujeto de responsabilidad civil, administrativa y penal, de acuerdo con lo que dictamine la auditoría iniciada por la Contraloría.

3.- La tercera observación se refiere a que el Directorio en pleno de YPFB no llegó a conocer el contenido.

4.- El Decreto Supremo 29506 le dio a YPFB poder para efectuar contrataciones directas y a cuyo amparo realizó ajustes a la licitación para la construcción de la planta separadora de líquidos y ajustó el contrato con Catler-Uniservice.

5.- Una quinta irregularidad se desprende de las cuatro adendas introducidas al contrato original firmado el 14 de julio. Éstas excluyen a Catler-Uniservice de la presentación de tres boletas de garantía.

6.- Catler-Uniservice se unieron para encarar el proyecto de la planta separadora de líquidos tres días antes de firmar el contrato.

Más datos

Hasta el miércoles se esperan resultados de la intervención en la estatal petrolera.

La comisión gubernamental está por concluir la revisión legal del contrato.

El Gobierno garantizó que no encubrirá ningún acto de corrupción en su gestión.

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