La estatal puede ejecutar proyectos de diversa indole gracias al decreto 29506 aprobado por el Gobierno. El proyecto de Vuelta Grandes hace 20 años costó 38 millones de dólares en Chuquisaca
El Poder Ejecutivo mediante decreto supremo 29506 le dio a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su ex presidente Santos Ramirez amplios poderes para efectuar contrataciones directas a cuyo amparo convocó la licitación para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande y que terminó adjudicándose el consorcio Catler Uniservice.
La obra tenía un costo de 86,3 millones de dólares y la firma espera que en mayo se puedan iniciar las tareas en campo, es decir el desmontaje de los equipos, una vez que se cuenten con las autorizaciones de impacto ambiental.
El pasado martes 27 de enero el empresario Jorge O´Connor representante de esa compañía falleció luego de ser atracado y recibir un disparo cuando se aprestaba a cancelar 450 mil dólares en un domicilio de la avenida Tejado Sozano donde paientes del ex presidente de YPFB lo esperaban.
Esa fue la punta del ovillo para que se comiencen a sospechar irregularidades en el contrato suscrito el 14 de julio entre las dos empresas para la ejecución del proyecto que debía garantizar una mayor oferta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolina.
El decreto 29506 fue aprobado por el gabinete del presidente Evo Morales el 9 de abril del año pasado, un mes después de que sea posesionado en el cargo el influyente senador del MAS y tenía el objetivo de establecer mecanismos de contratación ágil, eficiente y transparente que respondan a los requerimientos y necesidades de fortalecimiento y reestructuración de la empresa estatal.
El artículo 3 del decreto dice” se autoriza a YPFB la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de los hidrocarburos señaladas en los articulos 14 y 31 de la Ley de Hidrocarburos.
Esto quiere decir producción exploración, transporte, refinación, comercialización e industrialización.
El artículo 2 previamente estipula que esta modalidad “se aplicará a las contrataciones efectuadas por YPFB en todo el territorio nacional ya sea con proponente nacional o extranjero”.
Para complementar el decreto 29506 YPFB aprobó la resolución de directorio Nº 23/2008 de 16 de Abril de 2008. En la misma se específica que la estatal podrá fectuar contratacions directas de obras relacionadas a construcción, reconstrucción, demolición, reparación, instalación, ampliación, remodelación, adecuación, restauración, conservación, mantenimiento, modificación o renovación de edificios.
Como también de estructuras, carreteras, puentes o instalaciones, instalaciones eléctricas, construcción de plantas y tanques de almacenamiento, plantas, tendido de gasoductos, oleoductos, refinerías, montaje en general, perforación de pozos. Además de servicios generales y financieros, bienes, consultorías y soluciones llave en mano (comprende la contratación de las empresas proponentes que realizaran el proyecto, el diseño, la construcción y la puesta en marcha, de la empresa o planta que será parte de alguna de las empresas delHolding de YPFB o de la casa matriz”.
Es con estas facultades según el ex presidente de la estatal y actual senador de PodemosCarlos D´Arlach que se impulsa el proyecto para la construción de la planta separadora de líquidos de Río Grande. Aunque el proyecto se hace a través de una licitación, la norma le daba facultades extraordinarias a la ex autoridad para efectuar cualquier ajuste al proceso de contratación de la firma.
Según el legislador el decreto le permitía actuar a Ramirez con "total discrecionalidad" y firmar contratos millonarios. La planta separadora demanda una inversión de 86,3 millones de dólares
El ex director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Tellez sospecha que en la ejecución podría existir un sobreprecio.
Recordó que en 1990 se impulsó el proyecto de Vuelta Grande en Chuquisaca para procesamiento de gas y la planta tenía un costo de 32 millones de dólares. "Asumiendo que en el tiempo se ha duplicado el precio el costo de la planta de Río Grande debería costar a lo mucho 7,6 millones”.Por lo tanto dijo que es razonable pensar que existe un sopreprecio de al menos 10 millones de dólares en la oferta de Catler Service para impulsar el proyecto. El decreto supremo en cuestión agrega que todas las contrataciones, independientemente de su forma, que superen el monto de un millón de dólares) o su equivalente en Bolivianos, de conformidad al artículo número 9 inciso f) del decreto supremo 28324 (Estatutos de YPFB) deberán ser autorizadas por el Directorio en pleno.
El Poder Ejecutivo mediante decreto supremo 29506 le dio a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su ex presidente Santos Ramirez amplios poderes para efectuar contrataciones directas a cuyo amparo convocó la licitación para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande y que terminó adjudicándose el consorcio Catler Uniservice.
La obra tenía un costo de 86,3 millones de dólares y la firma espera que en mayo se puedan iniciar las tareas en campo, es decir el desmontaje de los equipos, una vez que se cuenten con las autorizaciones de impacto ambiental.
El pasado martes 27 de enero el empresario Jorge O´Connor representante de esa compañía falleció luego de ser atracado y recibir un disparo cuando se aprestaba a cancelar 450 mil dólares en un domicilio de la avenida Tejado Sozano donde paientes del ex presidente de YPFB lo esperaban.
Esa fue la punta del ovillo para que se comiencen a sospechar irregularidades en el contrato suscrito el 14 de julio entre las dos empresas para la ejecución del proyecto que debía garantizar una mayor oferta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolina.
El decreto 29506 fue aprobado por el gabinete del presidente Evo Morales el 9 de abril del año pasado, un mes después de que sea posesionado en el cargo el influyente senador del MAS y tenía el objetivo de establecer mecanismos de contratación ágil, eficiente y transparente que respondan a los requerimientos y necesidades de fortalecimiento y reestructuración de la empresa estatal.
El artículo 3 del decreto dice” se autoriza a YPFB la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de los hidrocarburos señaladas en los articulos 14 y 31 de la Ley de Hidrocarburos.
Esto quiere decir producción exploración, transporte, refinación, comercialización e industrialización.
El artículo 2 previamente estipula que esta modalidad “se aplicará a las contrataciones efectuadas por YPFB en todo el territorio nacional ya sea con proponente nacional o extranjero”.
Para complementar el decreto 29506 YPFB aprobó la resolución de directorio Nº 23/2008 de 16 de Abril de 2008. En la misma se específica que la estatal podrá fectuar contratacions directas de obras relacionadas a construcción, reconstrucción, demolición, reparación, instalación, ampliación, remodelación, adecuación, restauración, conservación, mantenimiento, modificación o renovación de edificios.
Como también de estructuras, carreteras, puentes o instalaciones, instalaciones eléctricas, construcción de plantas y tanques de almacenamiento, plantas, tendido de gasoductos, oleoductos, refinerías, montaje en general, perforación de pozos. Además de servicios generales y financieros, bienes, consultorías y soluciones llave en mano (comprende la contratación de las empresas proponentes que realizaran el proyecto, el diseño, la construcción y la puesta en marcha, de la empresa o planta que será parte de alguna de las empresas delHolding de YPFB o de la casa matriz”.
Es con estas facultades según el ex presidente de la estatal y actual senador de PodemosCarlos D´Arlach que se impulsa el proyecto para la construción de la planta separadora de líquidos de Río Grande. Aunque el proyecto se hace a través de una licitación, la norma le daba facultades extraordinarias a la ex autoridad para efectuar cualquier ajuste al proceso de contratación de la firma.
Según el legislador el decreto le permitía actuar a Ramirez con "total discrecionalidad" y firmar contratos millonarios. La planta separadora demanda una inversión de 86,3 millones de dólares
El ex director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Tellez sospecha que en la ejecución podría existir un sobreprecio.
Recordó que en 1990 se impulsó el proyecto de Vuelta Grande en Chuquisaca para procesamiento de gas y la planta tenía un costo de 32 millones de dólares. "Asumiendo que en el tiempo se ha duplicado el precio el costo de la planta de Río Grande debería costar a lo mucho 7,6 millones”.Por lo tanto dijo que es razonable pensar que existe un sopreprecio de al menos 10 millones de dólares en la oferta de Catler Service para impulsar el proyecto. El decreto supremo en cuestión agrega que todas las contrataciones, independientemente de su forma, que superen el monto de un millón de dólares) o su equivalente en Bolivianos, de conformidad al artículo número 9 inciso f) del decreto supremo 28324 (Estatutos de YPFB) deberán ser autorizadas por el Directorio en pleno.
Uno de sus ex miembros consultado por La Prensa señaló que la gestión de varios directores culminó en agosto por lo que el contrato con Catler Uniservice terminó siendo avalado por la presidencia de YPFB. Es decir sin la fiscalización.
La misma fuente señaló que los amplios poderes otorgados a la estatal y su presidente no pudieron ser objetados porque la orden venía desde Palacio y a través de un decreto.
Añadió que de estar completo el directorio probablemente el contrato con Catler no hubiese sido avalado por algunas observaciones como la de no tener el respaldo financiero para encarar un proyecto de la envergadura de la planta separadora.
La construcción de la planta iba a demandar un presupuesto de 86 millones de dólares, y Catler Uniservice sólo había declarado un capital de 50 mil bolivianos (7 millones de dólares).
El Deber informó luego de haber realizado una inspección aérea a la planta que no existe un avance en el proyecto debido a que las obras principales dependen de los queipos que aún estan en fase de construcción en el exterior. Es el caso de las tuberías, los tanques y otros insumos.
Un empleado de la firma Catler Service en Argentina de nombre Javier Montes en contacto con La Prensa aseguró que el proyecto tiene un avance del 30 y 40 por ciento en la construcción de los tanques fijos y moviles y otros equipos para la planta.
Así se verificó dijo luego de una inspección realizada en Argentina y Estados Unidos donde se fabrican estos insumos que tienen un peso superior a las 4.800 toneladas.
Montes señaló que Catler Uniservice es una compañía de Ingeniería que trabaja en conjunto con Gulsbi, firma asentada en Texas, EEUU que ha construido más de 50 plantas iguales o más grande que la de Río Grande.Fuentes del sector señalan que en lugar de darle el contrato a Catler, con la que se debió establecer una relación contractual es con Gulsbi que es la que finalmente levantará la obra.
Catler opera desde el bufette de su abogado en Salta, Argentina
Catler, la empresa argentina socia de Uniservice opera desde el estudio jurídico de su abogado en la ciudad de Salta. El portal de esta empresa www.catlercorp.com da cuatro direcciones internacionales; en Argentina, Brasil, Bolivia y república Dominicana.
La de Bolivia es donde funciona Uniservice en Santa Cruz de la Sierra, en la avenida Busch entre el tercer y cuarto anillo, calle cinco Nº 100.
La de Argentina, la dirección es en la ciudad de Salta, calle Juan M. Leguizamon 752.
Según información del diario EL TRIBUNO, de salta, proporcionada para el diario El Deber, comprobó que en esa dirección no existe ninguna empresa con ese nombre, no hay ningún cartel que la identifique y tampoco hay funcionarios que estén trabajando para ella.
De acuerdo con este medio escrito salteño, ese lugar es el domicilio y, donde también tiene su estudio jurídico, el abogado de Catler, Jesús Cornejo. A EL TRIBUNO le indicaron ayer que Cornejo estaba de vacaciones y que en 15 días llegaría.
Por si fuera poco, este medio escrito salteño comprobó que el número telefónico que se da en ese portal, es de la ciudad de Buenos Aires y no de Salta, tal como publicó El Deber, el sábado pasado.A EL TRIBUNO le contestó un señor de nombre Jaime Foster.
En cambio a El Deber, que hizo otra conferencia telefónica ayer, le siguió contestando un señor que dice tener por nombre Javier Montes y que manifiesta ser el secretario de la empresa.
Ayer, Montes volvió a indicar que el ejecutivo de Catler, Agustín Melano, no se encuentra y que la decisión de la compañía es no hacer declaraciones mientras las investigaciones de la Fiscalía no concluyan. Una versión similar ofreció Foster a EL TRIBUNO en ese mismo número telefónico. Cuando a Montes le indicamos si era posible que su empresa recibiera a un equipo periodístico de nuestro diario, esto fue lo que respondió: “Señor, pierde su tiempo, nadie los va a recibir”. Posteriormente se insistió para conocer cuáles son los trabajos que de manera específica hace Catler en Argentina, y esto fue lo que dijo: “Esta es una empresa privada, no es una empresa pública, no se publican los negocios y tampoco se publican los clientes”.
Sustituyen a ejecutivos
El presidente interino de la estatal petrolera, Carlos Villegas, posesionó la tarde de ayer a cuatro nuevos ejecutivos de Yacimientos Pretrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Los directivos son, José Luis Gutiérrez Pérez como Vicepresidente Nacional de Operaciones, el mayor del Ejército Gary Medrano como Gerente de Comercialización, Roger Uzquiano como gerente General de Administración y Finanzas, y Jenny Medinaceli como Director Legal General.
Según la agencia ANF, éstos dos últimos acomparon a Villegas desde el Ministerio de Hidrocarburos, luego en Planificación del Desarrollo y ahora en YPFB.
Gutiérrez y Medrano retornan a la petrolera estatal, fueron ejecutivos en la casa matriz y en la regional de Santa Cruz. Ambos profesionales tienen especialidad en el sector hidrocarburos.
Con la nómina en mano, Villegas tomó juramento de estos cuatro funcionarios en presencia de la viministra Anticorrupción Nardi Suxo; el ministro sin cartera para las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce y vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización, Juan José Sosa, quien fue ratificado, en su cargo y que también participó de la ceremonia de posesión de los nuevos ejecutivos.
Aunque la convocatoria a los periodistas fue para las 17.00 el acto empezó con 40 minutos de retraso.
El presidente de YPFB aseguró que continuarán los cambios de los ejecutivos y otros niveles donde sea necesario, puesto que el desafío es convertir a la petrolera en "una empresa transparente para que toda la población, entidades públicas y privadas, medios de comunicación conozcan de las actividades que desarrolla" esta empresa estatal.
Desde ayer en YPFB trabajan contingentes de notarios y de especialistas en informática, elaborando inventarios en cada oficina.
Suxo informó que a la comisión interventora se sumó el Ministerio de Defensa Legal, debido a que esta involucrada la recuperación de bienes del Estado, puesto que hay "un posible daño que se hubiera cometido".
"No se va a tapar ningún acto de corrupción", puntualizó la autoridad al indicar que la totalidad de los resultados de las pesquisas y auditorÌas serán informadas a la población y si amerita al Ministerio Público.
Ramirez y Catler se contradicen
La representación que suscribió el contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la firma Catler- Uniservice desató ayer contradicciones entre el expresidente de la estatal Santos Ramirez y un empleado de la compañía en Argentina.
El contrato para instalar una planta de extracción de licuables se firmó el 14 de julio de 2008 en Santa Cruz.
En una encuentro con la prensa ayer al salir de YPFB, la ex autoridad afirmó que quien firmó el documento en Río Grande en julio de 2008, fue Jorge O`Connor y no Agustin Milano quien estaba sentado a su derecha durante el acto público.
Ante la insistencia de la prensa sobre si quien firmó fue Milano, Ramirez aseguró “no para nada, es el señor Miguel Oconnor quien tiene el poder notarial, no se puede firmar sin el poder notarial”. Por parte del Estado la firma corresponde a la autoridad destituida.
Sin embargo, La Prensa se contactó con el empleado de Catler Uniservice en Argentina, Javier Montes, quien aseguró que “El señor Milano y Oconnor firman el contrato, como corresponde en una asociación accidental, lo que pasa es que hay una desconocimiento asombroso de las actividades comerciales que sorprende”.
La Prensa le preguntó que Ramirez, como ex autoridad de la estatal afirma lo contrario. Entonces, Montes contestó “seguramente porque está mal informado por sus abogados, pero el acto fue registrado hasta por la televisión”. El empleado de Catler Uniservice afirmó que Milano no dará ninguna explicación.
Ex autoridad se paseó por YPFB
A pesar de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue intervenida por el poder Ejecutivo a través de la designación de un nuevo presidente y el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la ex autoridad Santos Ramirez destituido por presuntos actos de corrupción continúa visitando las instalaciones de la petrolera
A primera hora de la mañana de ayer, el ex presidente de YPFB acudió al edificio central de la estatal petrolera pero no pudo ingresar porque la guardia del edificio cumplía órdenes de no dejar pasar a nadie. Sin embargo, Ramirez afirmó que se presentó para entregar documentos y la oficina a su sucesor, Carlos Villegas.
“Seguramente ha pensado que alguien pueda sustraer algún documento, nadie ha sustraido pero más bien he estado entregando toda la documentación”.
Añadió que retornaría a las 18.00 horas para entregar más información oficial sobre el hecho investigado, pero también lo hará hoy. “Estamos acordando una reunión en horas de la tarde para ver si mañana podemos concluir toda esta entrega de oficinas y de documentación”. A los medios de comunciación presentes les extraño que la ex autoridad tenga que traer documentación cuando se supone que cualquier material al respecto tendría que permanecer en la entidad.
La nueva autoridad Villegas negó que exista cualquier tipo de acuerdo con Ramirez .
A diferencia de lo que ocurría cuando era presidente cuando siempre huía o eludía las preguntas, la ex autoridad se mostró amable con los medios de prensa.
Mas datos
Ayer hubos un arduo movimiento desde las 07.00 en oficinas de la petrolera
Las dependencias estuvieron más resguardadas por la Policía de lo habitual
La representación que suscribió el contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la firma Catler- Uniservice desató ayer contradicciones entre el expresidente de la estatal Santos Ramirez y un empleado de la compañía en Argentina.
El contrato para instalar una planta de extracción de licuables se firmó el 14 de julio de 2008 en Santa Cruz.
En una encuentro con la prensa ayer al salir de YPFB, la ex autoridad afirmó que quien firmó el documento en Río Grande en julio de 2008, fue Jorge O`Connor y no Agustin Milano quien estaba sentado a su derecha durante el acto público.
Ante la insistencia de la prensa sobre si quien firmó fue Milano, Ramirez aseguró “no para nada, es el señor Miguel Oconnor quien tiene el poder notarial, no se puede firmar sin el poder notarial”. Por parte del Estado la firma corresponde a la autoridad destituida.
Sin embargo, La Prensa se contactó con el empleado de Catler Uniservice en Argentina, Javier Montes, quien aseguró que “El señor Milano y Oconnor firman el contrato, como corresponde en una asociación accidental, lo que pasa es que hay una desconocimiento asombroso de las actividades comerciales que sorprende”.
La Prensa le preguntó que Ramirez, como ex autoridad de la estatal afirma lo contrario. Entonces, Montes contestó “seguramente porque está mal informado por sus abogados, pero el acto fue registrado hasta por la televisión”. El empleado de Catler Uniservice afirmó que Milano no dará ninguna explicación.
Ex autoridad se paseó por YPFB
A pesar de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue intervenida por el poder Ejecutivo a través de la designación de un nuevo presidente y el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la ex autoridad Santos Ramirez destituido por presuntos actos de corrupción continúa visitando las instalaciones de la petrolera
A primera hora de la mañana de ayer, el ex presidente de YPFB acudió al edificio central de la estatal petrolera pero no pudo ingresar porque la guardia del edificio cumplía órdenes de no dejar pasar a nadie. Sin embargo, Ramirez afirmó que se presentó para entregar documentos y la oficina a su sucesor, Carlos Villegas.
“Seguramente ha pensado que alguien pueda sustraer algún documento, nadie ha sustraido pero más bien he estado entregando toda la documentación”.
Añadió que retornaría a las 18.00 horas para entregar más información oficial sobre el hecho investigado, pero también lo hará hoy. “Estamos acordando una reunión en horas de la tarde para ver si mañana podemos concluir toda esta entrega de oficinas y de documentación”. A los medios de comunciación presentes les extraño que la ex autoridad tenga que traer documentación cuando se supone que cualquier material al respecto tendría que permanecer en la entidad.
La nueva autoridad Villegas negó que exista cualquier tipo de acuerdo con Ramirez .
A diferencia de lo que ocurría cuando era presidente cuando siempre huía o eludía las preguntas, la ex autoridad se mostró amable con los medios de prensa.
Mas datos
Ayer hubos un arduo movimiento desde las 07.00 en oficinas de la petrolera
Las dependencias estuvieron más resguardadas por la Policía de lo habitual
El nuevo presidente Carlos Villegas se reunió con fiscales toda la jornada
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