La Superintendencia de Empresas pidió ayer la anulación del contrato suscrito por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con Catler-Uniservice por la insolvencia económica de esta última empresa para encarar la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
El documento fue suscrito el 14 de julio de 2008 en un acto celebrado en esa localidad de la provincia Cordillera de Santa Cruz por el entonces presidente de la estatal Santos Ramírez con el representante de Catler Agustín Melano y el de Uniservice Jorge O’Connor, quien murió el 27 de enero como consecuencia de un disparo en un atraco. Esto cuando se aprestaba a hacer un desembolso de 450.000 dólares en efectivo en un domicilio de la avenida Tejada Sorzano donde le esperaban parientes políticos del ex titular de YPFB.
El superintendente del sector, Rolando Morales, recordó que Uniservice S.R.L. presentó pérdidas en el ejercicio fiscal 2008 por 1,2 millones de bolivianos, a pesar de tener un patrimonio y capital inscritos de 800.000 bolivianos para suscribir el contrato con YPFB en sociedad con Catler para llevar adelante la obra.
Una ex autoridad que prefirió mantener en reserva su nombre explicó que, de acuerdo con el Código de Comercio, esta situación demuestra que la firma se encuentra en quiebra técnica, ya que el deterioro de sus ingresos supera el 100 por ciento de su patrimonio en una sola gestión.
Según Morales, la firma no tiene el respaldo suficiente para encarar el proyecto que demanda una inversión de 86,3 millones de dólares y que busca garantizar una mayor oferta de gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina y de esta manera superar la escasez actual.
“Tendría que anularse porque no cuenta con la solvencia necesaria. En mi criterio profesional, es una empresa muy chiquita que tiene un capital de total 800.000 bolivianos que ha registrado una pérdida de 1,2 millones de bolivianos”.
Morales dijo que la empresa registra pocos bienes, una volqueta y dos computadoras de patrimonio, y no es una compañía en condiciones de encarar un proyecto tan grande como la planta separadora. En caso de procederse con esta iniciativa, añadió, los recursos que ya se desembolsaron a favor del consorcio tendrían que recuperarse, incluso en un juicio.
De acuerdo con los informes que entregó a la Fiscalía, Ramírez avaló la entrega de 16,5 millones de dólares a pesar de que no se tiene ningún reporte oficial del cronograma y avance de obras, sólo la información brindada por un funcionario de Catler en Argentina que hace dos semanas dio cuenta de un avance del 30 por ciento certificado por autoridades de YPFB.
En el informe presentado a la comisión del Senado que investiga el caso, la reguladora señala varias otras causales que podrían llevar a la anulación del contrato. Por ejemplo, el hecho de que la sociedad accidental entre YPFB y Catler-Uniservice se hubiese formado después del vencimiento del plazo original de presentación de propuestas. Esto sucedió tres días antes de la firmar, es decir, el 11 de julio de 2008.
Morales también observó que la adjudicación del proyecto y la suscripción de la relación contractual se haya realizado el mismo día, el 14 de julio, y que no se hubiese protocolizado ante la Notaría de Gobierno, y menos haberlo elevado a conocimiento de la Contraloría de la República en los cinco días que ordena la Ley Safco.
También se cuestiona que el consorcio hubiese presentado, en lugar de las boletas de garantía exigidas en el contrato original, pólizas de seguro gracias a adendas que terminaron por favorecerla al haber flexibilizado las condiciones con las que había ganado la licitación.
La contratista debía entregar una garantía de correcta inversión, otra de cumplimiento de contrato y una de buena ejecución de obra previamente a los desembolsos que se le efectuaron y que ascienden 16,8 millones de dólares de acuerdo con la información que entregó Ramírez al Senado.
Morales agregó que esto puede ocasionar un perjuicio porque para ejecutar las pólizas se deberá hacer un juicio, en cambio las garantías son de cobro inmediato en caso se incumplimiento. La autoridad confirmó que conforme a la revisión de los antecedentes se puede presumir que la adjudicación y suscripción del contrato tampoco fueron puestas a consideración del Directorio de YPFB.
Santos justifica contrato con un decreto de Evo
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez confirma, respaldado en documentos entregados a la Fiscalía, que hizo la licitación, adjudicación y contratación de la empresa Catler-Uniservice para impulsar la construcción de la planta de extracción de licuables en Río Grande, con base jurídica en el Decreto Supremo 29506, aprobado por el Poder Ejecutivo presidido por Evo Morales el 9 de abril de 2008.
Además, evita la responsabilidad como máxima autoridad ejecutiva (MAE) de la petrolera sobre la selección de la empresa a la que se adjudica el proyecto, bajo el argumento de que una comisión calificadora, basada en un análisis técnico económico, recomendó contratar a la firma cuestionada.
Los documentos de la ex autoridad establecen como fundamento legal de contratación para la construcción de la planta de gas licuado de petróleo (GLP) la norma señalada, “en la parte de contratación estratégica se basa en el decreto que autoriza la contratación directa, presentado por presidencia y aprobado por directorio”.
Para la elaboración del Reglamento de Contratación también se tomó este decreto como fundamento porque “establece procedimiento y modalidad de contratación exceptuando la aplicación de normas vigentes de contratación de bienes y servicios”.
La Prensa informó el 3 de febrero que Ramírez había obtenido amplios poderes por medio de la norma aprobada un mes después de su posesión como presidente de YPFB.
El objetivo era agilizar el procedimiento, hacerlo más eficaz y transparente de acuerdo con las necesidades que en ese momento tenía la nacionalizada para fortalecer su capacidad productiva.
El procedimiento instituido en la Norma Básica de Contratación de Bienes y Servicios requiere el cumplimiento de una serie de requisitos y tiempos que demoran la contratación de una empresa para un proyecto. Estos requisitos tienen que ver con el tiempo de licitación, el procedimiento de selección, los documentos de constitución que deben cumplir las empresas interesadas, entre ellos el registro en Fundempresa y las garantías, que no pueden ser sustituidas por pólizas de seguros.
El contrato firmado por Ramírez incorpora cuatro adendas, tres de las cuales cambian las garantías por pólizas, los plazos en los que deben ser entregados y los montos de respaldo.
Sin embargo, esas adendas no fueron de conocimiento del Directorio de la estatal.
El director Raúl Barroso explicó que la última reunión de los miembros, el 4 de agosto, fue posterior a la firma del documento y que aun así no lo conocieron.
Añadió que en muchas ocasiones se pidió a Ramírez un informe sobre este acuerdo, pero no se obtuvo respuesta.
Las adendas liberan a la sociedad de trámites como la protocolización del contrato, que queda como un trámite opcional al determinarse que el documento tiene validez legal sin cumplir este procedimiento previo.
Aparecen pagos, no las obras
Un cronograma de seis pagos por un monto total de 16,5 millones de dólares fue efectuado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la asociación accidental Catler-Uniservice para la instalación de una planta de extracción de licuables del gas natural en Río Grande. Sin embargo, aún se desconocen los plazos para la ejecución de obras y el avance real del proyecto.
Los tres primeros corresponden a anticipos, el primero por 1,6 millones de dólares, el segundo por 825.000 dólares y el tercero por la misma cantidad. Al parecer, la entidad que los otorgó fue el Banco Unión. El cuarto corresponde a 5,3 millones de dólares, el quinto a 2,6 millones y el sexto a 5,2 millones (ver cuadro).
La suma total corresponde al 19,1 por ciento del monto total de adjudicación, de 86,3 millones de dólares.
A pesar de estos desembolsos, ninguna autoridad del Poder Ejecutivo o de YPFB informó sobre el avance de obras y se desconoce si está dentro del cronograma que presentó la firma con su propuesta. El contrato firmado por YPFB y Catler-Uniservice establece un plazo de 340 días. Éste fue firmado el 14 de julio de 2008 en Santa Cruz. A la fecha han transcurrido algo más de seis meses.
El analista en hidrocarburos Hugo del Granado explicó que se necesitan seis meses para obtener la licencia ambiental, al igual que para tener las partes de la planta, y un año para el montaje en el campo.
Aruquipa se desliga de tuición
El superintendente interino de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, aseguró que no tiene responsabilidad ni tuición en el control y fiscalización del proyecto de extracción de licuables en Río Grande porque no está dentro de sus competencias. Además anunció que no se importará gas licuado de petróleo (GLP) de países vecinos.
La autoridad se presentó ayer ante la comisión del Senado que indaga las circunstancias y procedimientos que se siguieron para el contrato entre Catler-Uniservice y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El riesgo en la provisión de este combustible por la producción limitada fue el argumento por el que se licitó y adjudicó la planta separadora de Río Grande. Seis meses después, no hay avances visibles de este proyecto.
Aruquipa aseguró que el Gobierno trabaja para no tener que recurrir a la compra de GLP fuera del país y una alternativa a la planta separadora de Río Grande es mejorar la producción de la planta gasífera de Kanata.
Profesionales del ámbito petrolero señalan que el riesgo para el país se presentará en invierno, cuando aumente la demanda de GLP y no haya producto para abastecer el mercado interno.
Aruquipa declaró: “No hay necesidad de importar gasolina ni GLP, están garantizados”. Sin la planta separadora de líquidos en el campo Río Grande, el Tesoro General de la Nación (TGN) erogará un monto considerable para la importación.
Pagos realizados por YPFB
Monto ($us) Banco Concepto Garantía
1.650.500 Unión Anticipo 1 Póliza por el 100%
825.000 Unión Anticipo 2 Póliza de cumplimiento del 100%
825.000 Unión Anticipo 3 Póliza de cumplimiento del 100%
El documento fue suscrito el 14 de julio de 2008 en un acto celebrado en esa localidad de la provincia Cordillera de Santa Cruz por el entonces presidente de la estatal Santos Ramírez con el representante de Catler Agustín Melano y el de Uniservice Jorge O’Connor, quien murió el 27 de enero como consecuencia de un disparo en un atraco. Esto cuando se aprestaba a hacer un desembolso de 450.000 dólares en efectivo en un domicilio de la avenida Tejada Sorzano donde le esperaban parientes políticos del ex titular de YPFB.
El superintendente del sector, Rolando Morales, recordó que Uniservice S.R.L. presentó pérdidas en el ejercicio fiscal 2008 por 1,2 millones de bolivianos, a pesar de tener un patrimonio y capital inscritos de 800.000 bolivianos para suscribir el contrato con YPFB en sociedad con Catler para llevar adelante la obra.
Una ex autoridad que prefirió mantener en reserva su nombre explicó que, de acuerdo con el Código de Comercio, esta situación demuestra que la firma se encuentra en quiebra técnica, ya que el deterioro de sus ingresos supera el 100 por ciento de su patrimonio en una sola gestión.
Según Morales, la firma no tiene el respaldo suficiente para encarar el proyecto que demanda una inversión de 86,3 millones de dólares y que busca garantizar una mayor oferta de gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina y de esta manera superar la escasez actual.
“Tendría que anularse porque no cuenta con la solvencia necesaria. En mi criterio profesional, es una empresa muy chiquita que tiene un capital de total 800.000 bolivianos que ha registrado una pérdida de 1,2 millones de bolivianos”.
Morales dijo que la empresa registra pocos bienes, una volqueta y dos computadoras de patrimonio, y no es una compañía en condiciones de encarar un proyecto tan grande como la planta separadora. En caso de procederse con esta iniciativa, añadió, los recursos que ya se desembolsaron a favor del consorcio tendrían que recuperarse, incluso en un juicio.
De acuerdo con los informes que entregó a la Fiscalía, Ramírez avaló la entrega de 16,5 millones de dólares a pesar de que no se tiene ningún reporte oficial del cronograma y avance de obras, sólo la información brindada por un funcionario de Catler en Argentina que hace dos semanas dio cuenta de un avance del 30 por ciento certificado por autoridades de YPFB.
En el informe presentado a la comisión del Senado que investiga el caso, la reguladora señala varias otras causales que podrían llevar a la anulación del contrato. Por ejemplo, el hecho de que la sociedad accidental entre YPFB y Catler-Uniservice se hubiese formado después del vencimiento del plazo original de presentación de propuestas. Esto sucedió tres días antes de la firmar, es decir, el 11 de julio de 2008.
Morales también observó que la adjudicación del proyecto y la suscripción de la relación contractual se haya realizado el mismo día, el 14 de julio, y que no se hubiese protocolizado ante la Notaría de Gobierno, y menos haberlo elevado a conocimiento de la Contraloría de la República en los cinco días que ordena la Ley Safco.
También se cuestiona que el consorcio hubiese presentado, en lugar de las boletas de garantía exigidas en el contrato original, pólizas de seguro gracias a adendas que terminaron por favorecerla al haber flexibilizado las condiciones con las que había ganado la licitación.
La contratista debía entregar una garantía de correcta inversión, otra de cumplimiento de contrato y una de buena ejecución de obra previamente a los desembolsos que se le efectuaron y que ascienden 16,8 millones de dólares de acuerdo con la información que entregó Ramírez al Senado.
Morales agregó que esto puede ocasionar un perjuicio porque para ejecutar las pólizas se deberá hacer un juicio, en cambio las garantías son de cobro inmediato en caso se incumplimiento. La autoridad confirmó que conforme a la revisión de los antecedentes se puede presumir que la adjudicación y suscripción del contrato tampoco fueron puestas a consideración del Directorio de YPFB.
Santos justifica contrato con un decreto de Evo
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez confirma, respaldado en documentos entregados a la Fiscalía, que hizo la licitación, adjudicación y contratación de la empresa Catler-Uniservice para impulsar la construcción de la planta de extracción de licuables en Río Grande, con base jurídica en el Decreto Supremo 29506, aprobado por el Poder Ejecutivo presidido por Evo Morales el 9 de abril de 2008.
Además, evita la responsabilidad como máxima autoridad ejecutiva (MAE) de la petrolera sobre la selección de la empresa a la que se adjudica el proyecto, bajo el argumento de que una comisión calificadora, basada en un análisis técnico económico, recomendó contratar a la firma cuestionada.
Los documentos de la ex autoridad establecen como fundamento legal de contratación para la construcción de la planta de gas licuado de petróleo (GLP) la norma señalada, “en la parte de contratación estratégica se basa en el decreto que autoriza la contratación directa, presentado por presidencia y aprobado por directorio”.
Para la elaboración del Reglamento de Contratación también se tomó este decreto como fundamento porque “establece procedimiento y modalidad de contratación exceptuando la aplicación de normas vigentes de contratación de bienes y servicios”.
La Prensa informó el 3 de febrero que Ramírez había obtenido amplios poderes por medio de la norma aprobada un mes después de su posesión como presidente de YPFB.
El objetivo era agilizar el procedimiento, hacerlo más eficaz y transparente de acuerdo con las necesidades que en ese momento tenía la nacionalizada para fortalecer su capacidad productiva.
El procedimiento instituido en la Norma Básica de Contratación de Bienes y Servicios requiere el cumplimiento de una serie de requisitos y tiempos que demoran la contratación de una empresa para un proyecto. Estos requisitos tienen que ver con el tiempo de licitación, el procedimiento de selección, los documentos de constitución que deben cumplir las empresas interesadas, entre ellos el registro en Fundempresa y las garantías, que no pueden ser sustituidas por pólizas de seguros.
El contrato firmado por Ramírez incorpora cuatro adendas, tres de las cuales cambian las garantías por pólizas, los plazos en los que deben ser entregados y los montos de respaldo.
Sin embargo, esas adendas no fueron de conocimiento del Directorio de la estatal.
El director Raúl Barroso explicó que la última reunión de los miembros, el 4 de agosto, fue posterior a la firma del documento y que aun así no lo conocieron.
Añadió que en muchas ocasiones se pidió a Ramírez un informe sobre este acuerdo, pero no se obtuvo respuesta.
Las adendas liberan a la sociedad de trámites como la protocolización del contrato, que queda como un trámite opcional al determinarse que el documento tiene validez legal sin cumplir este procedimiento previo.
Aparecen pagos, no las obras
Un cronograma de seis pagos por un monto total de 16,5 millones de dólares fue efectuado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la asociación accidental Catler-Uniservice para la instalación de una planta de extracción de licuables del gas natural en Río Grande. Sin embargo, aún se desconocen los plazos para la ejecución de obras y el avance real del proyecto.
Los tres primeros corresponden a anticipos, el primero por 1,6 millones de dólares, el segundo por 825.000 dólares y el tercero por la misma cantidad. Al parecer, la entidad que los otorgó fue el Banco Unión. El cuarto corresponde a 5,3 millones de dólares, el quinto a 2,6 millones y el sexto a 5,2 millones (ver cuadro).
La suma total corresponde al 19,1 por ciento del monto total de adjudicación, de 86,3 millones de dólares.
A pesar de estos desembolsos, ninguna autoridad del Poder Ejecutivo o de YPFB informó sobre el avance de obras y se desconoce si está dentro del cronograma que presentó la firma con su propuesta. El contrato firmado por YPFB y Catler-Uniservice establece un plazo de 340 días. Éste fue firmado el 14 de julio de 2008 en Santa Cruz. A la fecha han transcurrido algo más de seis meses.
El analista en hidrocarburos Hugo del Granado explicó que se necesitan seis meses para obtener la licencia ambiental, al igual que para tener las partes de la planta, y un año para el montaje en el campo.
Aruquipa se desliga de tuición
El superintendente interino de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, aseguró que no tiene responsabilidad ni tuición en el control y fiscalización del proyecto de extracción de licuables en Río Grande porque no está dentro de sus competencias. Además anunció que no se importará gas licuado de petróleo (GLP) de países vecinos.
La autoridad se presentó ayer ante la comisión del Senado que indaga las circunstancias y procedimientos que se siguieron para el contrato entre Catler-Uniservice y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El riesgo en la provisión de este combustible por la producción limitada fue el argumento por el que se licitó y adjudicó la planta separadora de Río Grande. Seis meses después, no hay avances visibles de este proyecto.
Aruquipa aseguró que el Gobierno trabaja para no tener que recurrir a la compra de GLP fuera del país y una alternativa a la planta separadora de Río Grande es mejorar la producción de la planta gasífera de Kanata.
Profesionales del ámbito petrolero señalan que el riesgo para el país se presentará en invierno, cuando aumente la demanda de GLP y no haya producto para abastecer el mercado interno.
Aruquipa declaró: “No hay necesidad de importar gasolina ni GLP, están garantizados”. Sin la planta separadora de líquidos en el campo Río Grande, el Tesoro General de la Nación (TGN) erogará un monto considerable para la importación.
Pagos realizados por YPFB
Monto ($us) Banco Concepto Garantía
1.650.500 Unión Anticipo 1 Póliza por el 100%
825.000 Unión Anticipo 2 Póliza de cumplimiento del 100%
825.000 Unión Anticipo 3 Póliza de cumplimiento del 100%
Otros conceptos
5.308.309,50 Commerce Bank, para planos de procesos y tuberías con simulación HYSIS y garantía: carta de crédito Banco Unión Commerce Bank
2.654.154,75 Commerce Bank, para diseño y especificaciones planta RGD con garantía: carta de Crédito Banco Unión Commerce Bank
5.246.286,52 Commerce Bank, para recompresores con anticipo del 40% y garantía: carta de Crédito Banco Unión Commerce Bank
Total ejecutado 16.508.750,77
Las irregularidades
1.- YPFB no protocolizó el Contrato con Catler- Uniservice ante la Notaría de Gobierno en la Prefectura de La Paz.
Esto a pesar haber desembolsado 16,8 millones de dólares a favor de la compañía.
Este trámite es un requisito para que los contratos firmados por las entidades estatales bolivianas puedan entrar en vigencia.
2.- El documento no llegó a manos de la Contraloría de la República para su registro.
Este requisito debió cumplirse a los cinco días de haberse suscrito el contrato.
3.- El Directorio en pleno de YPFB no llegó a conocer el contenido del documento suscrito por YPFB.
4.- El Ministerio de Hacienda perdió facultad de fiscalización al haber canalizado los recursos para la construcción de la planta separadora a través de un fideicomiso.
5.- El Decreto Supremo 29506 dio a YPFB carta blanca para efectuar contrataciones directas.
Bajo el amparo de esta norma, el ex Presidente de YPFB adjudicó el proyecto e introdujo modificaciones en el contrato original.
6.- La sexta irregularidad se desprende de las cuatro adendas introducidas en el contrato original, firmado el 14 de julio.
La cuarta adenda, suscrita el 8 de enero de este año, señala que YPFB autorizará los pagos que requiera el consorcio al que se adjudicó el proyecto sin supervisión del contratante.
“De manera excepcional, hasta tanto se realice la contratación del supervisor de obra, el contratante (YPFB) podrá autorizar los pagos que requiera el contratista (Catler), previo informe escrito de conformidad de la contraparte”.
7.- La séptima observación está referida a que la empresa Catler-Uniservice logró que YPFB le aceptara en la segunda adenda la entrega de pólizas en lugar de tres boletas de garantía con lo cual se vulneró el compromiso asumido en el contrato inicial.
8.- La octava irregularidad radica en que la primera boleta de garantía debía ser presentada dentro de los 25 días siguientes a la firma del contrato, pero Catler logró que el día 26 se modificara el plazo hasta que YPFB instruyese el inicio de obras.
9.- Catler-Uniservice tampoco tramitó la licencia ambiental respectiva que se requiere en proyectos de este tipo.
Las leyes de Medio Ambiente y de Hidrocarburos estipulan las obligaciones que se tienen en esta materia.
Artículo 73, Ley de Medio Ambiente: “Las actividades hidrocarburíferas realizadas por YPFB y otras empresas, en todas sus fases, deberán contemplar medidas ambientales de prevención y control de contaminación, deforestación, erosión y sedimentación así como de protección de flora y de fauna silvestre, paisaje natural y áreas protegidas. Asimismo, deberán implementarse planes de contingencias para evitar derrames de hidrocarburos y otros productos contaminantes”.
El artículo 130 de la Ley de Hidrocarburos agrega que para este fin “los responsables legales de proyectos no exploratorios (como el de Río Grande) deben depositar el equivalente a un 0,5 por ciento del total de la inversión”, que en este caso representa 431.758 dólares de los 86,3 millones acordados.
El contrato firmado entre la asociación accidental Catler-Uniservice y YPFB el 14 de julio de 2008 señala en la cláusula tercera “Objeto del contrato: El contratista (Catler-Uniservice) se compromete y obliga (…) a ejecutar todos los trabajos necesarios (…) incluyendo entre otros estudios y trabajos: la ingeniería conceptual y básica, ingeniería de detalle, análisis económico financiero, incluyendo todos los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental hasta la Licencia Ambiental”.
10.- La construcción de la planta separadora de líquidos tampoco tiene financiamiento asegurado porque los 45 millones de dólares que faltan para completar los 86,3 millones aún están en proceso de gestión.
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