A partir de la actual situación crítica que atraviesa la estatal petrolera YPFB producto del estallido de supuestos actos de corrupción cometidos por su ex titular Santos Ramírez, que ahora duerme en la cárcel de San Pedro, surgió la inquietud: ¿qué opción real y técnica de solución existe para la estatal?
Para encontrar respuestas, EL DEBER convocó a los conocedores del sector energético y los reunió en una mesa redonda el jueves pasado. La primera advertencia dura para el Gobierno y para la sociedad boliviana llegó: YPFB tiende a hundirse si no hay un golpe de timón en el corto plazo que ‘salve’ a la empresa de una muerte anunciada.
Los analistas Álvaro Ríos (ex ministro de Hidrocarburos), Carlos Alberto López (ex viceministro de Energía e Hidrocarburos), Carlos Sánchez (presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros), Alfredo García (ex funcionario de YPFB) y Carlos D’Arlach (ex presidente de YPFB) sugieren al Ejecutivo y al Legislativo planteamientos que permitan la conformación real de un YPFB holding y de esta manera se lo pueda ‘reactivar’.
Las principales recomendaciones señalan que la empresa sea manejada primero por un profesional probo y técnico designado por el Congreso, se institucionalicen los cargos, se despolitice, que sea manejada por expertos notables que tengan sueldos con estándares internacionales, que en el directorio se incluya a representantes de la sociedad civil con experiencia en el sector y se flexibilice la actual Ley de Hidrocarburos.
Los especialistas advierten de que si el Gobierno no toma en cuenta estos aspectos, la crisis energética se acentuará en el país. Aseguran que la inversión petrolera ya se colapsó, el número de pozos perforados se redujo de 64 a 4, los equipos de perforación disminuyeron de 16 a 3, la producción de líquidos cayó de 50.700 barriles por día en 2005 a 46.000 barriles en 2008. También que la producción de gas está estancada desde hace tres años y el abastecimiento del mercado interno es cada vez más ineficiente.
Tal como se adelantó en la edición del pasado domingo, pese a que YPFB firmó 44 contratos con las compañías internacionales, además de una treintena de acuerdos y memorándums de entendimiento con empresas estatales de países vecinos o amigos y en forma permanente hace gala de grandes anuncios de inicio de trabajos de perforación (caso campo Víbora con YPFB Andina y otro en el norte de La Paz con Petroandina), en la realidad los proyectos están semiparalizados y todo queda en papeles. Por tanto, cualquier despegue en las actividades de perforación o para que se aumenten los niveles de producción mínimamente demorará entre tres y cinco años, señalan los expertos.
El asunto se complica por el supuesto caso de corrupción en la adjudicación de la construcción de la planta de separación de licuables a la empresa argentina Catler, en el que están involucrados el ex titular de YPFB Santos Ramírez y ex altos funcionarios.
Los analistas agregan que YPFB no ha tenido la capacidad, a tres años de la nacionalización, de descargar las limitadas responsabilidades y hacer despegar la empresa ‘estrella’ del Gobierno.
Sánchez enfatizó que el Gobierno debe sacarse su ‘mascarilla y sus tapones’ y escuchar a la gente técnica. “La improvisación en YPFB ha retardado el desarrollo del país. El presidente de la República debe escucharnos, aquí corresponde cambiar la ley, la estructura del directorio de YPFB y, sobre todo, contratar a gente técnica que aún está en el país y a la que se debe pagar entre 4 y 5 mil dólares mes”, sostuvo.
Por su lado, Ríos dijo que la empresa está tremendamente politizada, por lo que pidió una reflexión al Gobierno y a la sociedad para que escuchen las propuestas formuladas por los analistas, y de esta manera evitar la venta de YPFB en unos tres o cinco años.
Mientras que López indicó: “La eficiencia del número de gerencias o de la estructura que YPFB adoptó no funcionó porque no tiene la capacidad profesional, técnica y empresarial de su planta ejecutiva, y de la independencia de gestión y la protección y autonomía que se le otorguen a YPFB de influencias e injerencias políticas de turno. La decisión de si queremos en YPFB una Petrobras es cuestión de despolitizar la empresa”.
Cabe recordar que en 2005, la estatal petrolera tenía 500 trabajadores en todo el país; hoy en día tiene 1.490, descontando los 74 funcionarios despedidos por el actual titular de YPFB, Carlos Villegas.
Fuentes gubernamentales advirtieron de que más de un centenar de trabajadores serán retirados. Además, no descartan un rediseño de la actual estructura organizativa.
Funcionarios políticos y Fideicomisos
- Altos ejecutivos de YPFB señalaron que más de 500 ‘masistas’ sin ninguna experiencia profesional ni técnica ingresaron a la empresa desde la gestión de Guillermo Aruquipa hasta la de Santos Ramírez. Estos trabajadores entraron con el ‘aval’ de algunos diputados, senadores y las organizaciones sociales, como la Csutcb y el movimiento Bartolina Sisa.
- Durante la presidencia de Juan Carlos Ortiz (2006-2007) había 900 funcionarios y aproximadamente unos 160 trabajadores eventuales.
- En la administración de Manuel Morales Olivera, que duró sólo tres meses en 2007, había 800 funcionarios.
- Actualmente, existen 1.490 funcionarios; 74 fueron despedidos desde que asumió Carlos Villegas. Se anunció que la planilla de YPFB debe quedar en unos 1.000 trabajadores.
- El Senado pidió que se nombre personas mediante concurso de méritos y electos por dos tercios en el Congreso, para manejar YPFB, porque de lo contrario continuarán los actos de corrupción.
- Los economistas señalan que los fideicomisos no deben ser usados en el sector público, porque éste no tiene control en la ejecución de los recursos. Su manejo se lo realiza de manera directa y discrecional, los montos disponibles están asignados en su totalidad y no necesitan de la solicitud al Ministerio de Hacienda.
Cuestionan a Villegas y Aruquipa
Los sectores sociales como la COB, la Confederación de Choferes de Bolivia, los trabajadores petroleros, los analistas y los empresarios emitieron duras críticas contra el ex ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas (actual presidente de YPFB) y el superintendente del área, Guillermo Aruquipa, por ser partícipes de la fallida política energética que encara el Gobierno y por ser también, supuestamente, culpables de los actos de corrupción al interior de YPFB.
Los sectores señalan que si los mandamases del sector hidrocarburífero no son profesionales, ni tienen idea de lo que es la fase de exploración y explotación, peor aún de una buena administración y elaboración de contratos, el resto de los funcionarios marcha por un mal camino y cada uno hace lo que quiere. Prueba de ello es el organigrama de YPFB, que si bien es ‘bonito’, no hay quién lo ejecute, porque el directorio es político.
“En este momento, lo ejecuta un presidente que es político, que no conoce la industria, que no participó en contratos de negociaciones de gas, que no sabe de los mercados ni de los tiempos exploratorios. Entonces, esta empresa no puede estar conducida por esta gente, peor su nivel de directorio. El ex y el actual presidente de YPFB son un títere de la política. Lo que se intenta es salvarla de los políticos de turno”, señaló una ex autoridad.
El experto se refiere a que el ex ministro Saúl Ávalos fue a Rusia sin saber nada de energía; el súper de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa desconoce lo que es upstream (trabajos de exploración, perforación, explotación y hasta su entrega en refinería, plantas de proceso o fraccionamiento) y no realiza labores de fiscalización en el país.
Las críticas al ex ministro del gas Villegas apuntan a que nunca ejerció tuición directa sobre YPFB, de ahí que surgieron irregularidades como el caso Catler. Se afirma que debió enviar auditores a YPFB bajo la ley 1178 y la actual Ley de Hidrocarburos.
“Hay que modificar estatutos”
Hugo de la Fuente / Ex ‘súper’ de Hidrocarburos
Se debe hacer un nuevo diseño institucional. Hay que comenzar con bajar el poder de decisión de las contrataciones al presidente de YPFB. Tiene que ver la administración en el tema macro, es decir, que vea que haya inversión en exploración y explotación, que haya la cantidad de petróleo y gas para cumplir los contratos de exportación y garantice el mercado interno con gasolina, diésel y GLP.
Toda compra de equipos de perforación -como el taladro chino- debe estar delegado a una vicepresidencia que se encargue solamente de las contrataciones.
Se necesita una norma específica para cambiar la responsabilidad de la máxima autoridad. Esta suerte de vicepresidencia debe tener la opción de contratar una agencia especialista en contrataciones, por ejemplo, que sea la responsable de la adquisición de equipos.
El D.S. 29506, en su capítulo II, referido a la contratación directa que autoriza a YPFB realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de hidrocarburos, es una normativa buena cuando la empresa está institucionalizada, pero es mala cuando está politizada, como el caso actual donde no hay funcionarios de carrera. Asimismo, toda la estructura debe tener una suerte de ‘control social’, como se hace en Canadá. En este cuerpo deben participar la COB, Colegio de Economistas, abogados, Colegio de Ingenieros Petroleros, universidades.
Es decir, un equipo multidisciplinario.
La máxima autoridad no debe ensuciarse ni tener amplios poderes para tomar decisiones en estos aspectos.
El presidente debe actuar con el directorio. Los estatutos deben cambiarse.
El presidente y los vicepresidentes deben tener experiencia profesional en el sector por lo menos 10 años. Lo mismo debe hacerse con el ministro de Hidrocarburos y la Superintendencia.
Principales propuestas de los expertos
Álvaro Ríos | Ex ministro de Hidrocarburos
“Salvataje de la estatal”
- El Gobierno debe institucionalizar la empresa. El Parlamento debe nombrar un presidente ejecutivo de YPFB que sea creíble ante el sector internacional petrolero, que sea creíble ante la sociedad boliviana, los inversionistas y los países vecinos.
- Plantea que haya un nuevo directorio fiscalizador, que tenga experiencia en la industria, bien remunerado, independiente del poder político. Propone una ley corta de la República que autorice a los diferentes estamentos e instituciones nombrar el directorio; en este caso, que esté conformada por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, las prefecturas, la Sociedad de Ingenieros Petroleros, la Asociación Nacional de la Prensa, la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, entre otros que realmente representen a la sociedad boliviana y que pueda salvar a YPFB de una muerte anunciada que llevará al país al caos.
- El experto sugiere trabajar de manera urgente en la despolitización de Yacimientos, tomando en cuenta que los hidrocarburos no son de los gobiernos de turno sino de todos los bolivianos. También pide elaborar una ley viable, para que YPFB se convierta en un verdadero holding y que los bolivianos nos sintamos orgullosos de la estatal así como los brasileños con Petrobras y los colombianos con Ecopetrol.
Alfredo García | Ex funcionario de YPFB
“Viraje a una gran empresa”
- Bolivia ha estado exportando cientos de especialistas desde los años 80 y 90. Hay expertos que han salido de las empresas Occidental Boliviana y de Tesoro Bolivia que ahora no podrán volver al país si no se los atrae con seguridad jurídica y estabilidad laboral.
- García, que trabajó en EEUU, Colombia y Argentina y hace poco regresó al país, plantea que no debe haber borrón y cuenta nueva, sino enmiendas a la Ley de Hidrocarburos para que asegure estabilidad legal para los inversionistas. Señala que la flexibilización a la normativa es una condición necesaria para poder dar el impulso a YPFB.
- Sugiere que los nuevos funcionarios técnicos deben ser contratados con sueldos entre 4 y 5 mil dólares mensuales y que YPFB se despolitice y adopte formas de gestión de las privadas, similar al funcionamiento de la brasileña Petrobras.
- En cuanto a la planificación administrativa y operativa, sugiere que las enormes tareas de la estatal petrolera obligan al uso de inversionistas y de una gestión corporativa de múltiples brazos mancomunados para un éxito común de Bolivia y de sus actores.
- Asimismo, deja en claro que la empresa está obligada a una gran planificación y ejecución de metas de corto y largo alcance, dentro de un marco de seguridad jurídica y de cumplimiento de los contratos con las petroleras que operan en el territorio nacional.
Carlos Sánchez | Presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros
“Volver al antiguo sistema”
- El experto coincide con el punto de vista de su colega Álvaro Ríos. Señala que YPFB está regido bajo la Ley 3058, que no es más que una ley impositiva que ha mejorado los ingresos por la participación. Actualmente con el D.S. 28701 se inicia un proceso de mayor participación del Estado en el manejo de la cadena del sector hidrocarburífero.
- Haciendo un diagnóstico del estado actual de YPFB, manifestó que la empresa no ha podido ni siquiera certificar las reservas. En 2019 se acabará el contrato con Brasil y después ¿qué? se pregunta el especialista. En el mercado interno, advierte que el Estado gasta millones en la importación de diésel y para este invierno el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas ya anunció la importación de GLP. Toda esta situación refleja que el manejo administrativo de YPFB ha sido un desastre, por la falta de conducción y de técnicos que puedan manejarla. Recordó que en regímenes de facto hubo presidentes militares pero se respetó las labores técnicas bajo una unidad vertical de gerencia general y gerencias operativas y no como en la actualidad que se tiene un monstruo de varias cabezas y nadie sabe qué hacer.
- Dentro de las soluciones el especialista plantea: despolitizar YPFB, institucionalizar la empresa, enviar una terna al Congreso para nombrar un presidente, volver al antiguo sistema donde había un presidente, un directorio, una gerencia general y las gerencias operativas.
Carlos Alberto López | Ex viceministro de Energía
“Sociedad anónima”
- Según López, hay recetas que funcionan y otras que no funcionan. Entre las últimas están las que se aplican con Pemex, Pdvsa, Petroecuador y YPFB, que son compañías que se encuentran bajo el control absoluto del Estado y, por lo tanto, del Gobierno de turno. Es decir, son ineficientes, representan alto riesgo para los inversionistas y financiadores. Terminan afectando negativamente al país con niveles de inversión y producción en constante declinación.
- La otra cara de la medalla lo representa Petrobras, que está siendo imitada por Petroperú, en Perú, y Ecopetrol, en Colombia. En ambos países el Estado tiene una participación mayoritaria pero son sociedades anónimas, cuyas acciones son cotizadas, en el caso de Petrobras, en la Bolsa de San Pablo y Nueva York e inclusive en Europa. Estas empresas son administradas de forma autónoma como sociedades anónimas, que responden no necesariamente a los mandatos, caprichos y vaivenes coyunturales que le imponen los gobiernos de turno, sino que responden a consideraciones empresariales, técnicas y financieras.
- La propuesta de López apunta a convertir YPFB en una sociedad anónima en la que, de alguna forma, la población boliviana pueda tener una participación directa a través de acciones. Por otro lado, plantea que una asamblea de accionistas designe a los nuevos directores para que respondan a los intereses de la empresa.
Para encontrar respuestas, EL DEBER convocó a los conocedores del sector energético y los reunió en una mesa redonda el jueves pasado. La primera advertencia dura para el Gobierno y para la sociedad boliviana llegó: YPFB tiende a hundirse si no hay un golpe de timón en el corto plazo que ‘salve’ a la empresa de una muerte anunciada.
Los analistas Álvaro Ríos (ex ministro de Hidrocarburos), Carlos Alberto López (ex viceministro de Energía e Hidrocarburos), Carlos Sánchez (presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros), Alfredo García (ex funcionario de YPFB) y Carlos D’Arlach (ex presidente de YPFB) sugieren al Ejecutivo y al Legislativo planteamientos que permitan la conformación real de un YPFB holding y de esta manera se lo pueda ‘reactivar’.
Las principales recomendaciones señalan que la empresa sea manejada primero por un profesional probo y técnico designado por el Congreso, se institucionalicen los cargos, se despolitice, que sea manejada por expertos notables que tengan sueldos con estándares internacionales, que en el directorio se incluya a representantes de la sociedad civil con experiencia en el sector y se flexibilice la actual Ley de Hidrocarburos.
Los especialistas advierten de que si el Gobierno no toma en cuenta estos aspectos, la crisis energética se acentuará en el país. Aseguran que la inversión petrolera ya se colapsó, el número de pozos perforados se redujo de 64 a 4, los equipos de perforación disminuyeron de 16 a 3, la producción de líquidos cayó de 50.700 barriles por día en 2005 a 46.000 barriles en 2008. También que la producción de gas está estancada desde hace tres años y el abastecimiento del mercado interno es cada vez más ineficiente.
Tal como se adelantó en la edición del pasado domingo, pese a que YPFB firmó 44 contratos con las compañías internacionales, además de una treintena de acuerdos y memorándums de entendimiento con empresas estatales de países vecinos o amigos y en forma permanente hace gala de grandes anuncios de inicio de trabajos de perforación (caso campo Víbora con YPFB Andina y otro en el norte de La Paz con Petroandina), en la realidad los proyectos están semiparalizados y todo queda en papeles. Por tanto, cualquier despegue en las actividades de perforación o para que se aumenten los niveles de producción mínimamente demorará entre tres y cinco años, señalan los expertos.
El asunto se complica por el supuesto caso de corrupción en la adjudicación de la construcción de la planta de separación de licuables a la empresa argentina Catler, en el que están involucrados el ex titular de YPFB Santos Ramírez y ex altos funcionarios.
Los analistas agregan que YPFB no ha tenido la capacidad, a tres años de la nacionalización, de descargar las limitadas responsabilidades y hacer despegar la empresa ‘estrella’ del Gobierno.
Sánchez enfatizó que el Gobierno debe sacarse su ‘mascarilla y sus tapones’ y escuchar a la gente técnica. “La improvisación en YPFB ha retardado el desarrollo del país. El presidente de la República debe escucharnos, aquí corresponde cambiar la ley, la estructura del directorio de YPFB y, sobre todo, contratar a gente técnica que aún está en el país y a la que se debe pagar entre 4 y 5 mil dólares mes”, sostuvo.
Por su lado, Ríos dijo que la empresa está tremendamente politizada, por lo que pidió una reflexión al Gobierno y a la sociedad para que escuchen las propuestas formuladas por los analistas, y de esta manera evitar la venta de YPFB en unos tres o cinco años.
Mientras que López indicó: “La eficiencia del número de gerencias o de la estructura que YPFB adoptó no funcionó porque no tiene la capacidad profesional, técnica y empresarial de su planta ejecutiva, y de la independencia de gestión y la protección y autonomía que se le otorguen a YPFB de influencias e injerencias políticas de turno. La decisión de si queremos en YPFB una Petrobras es cuestión de despolitizar la empresa”.
Cabe recordar que en 2005, la estatal petrolera tenía 500 trabajadores en todo el país; hoy en día tiene 1.490, descontando los 74 funcionarios despedidos por el actual titular de YPFB, Carlos Villegas.
Fuentes gubernamentales advirtieron de que más de un centenar de trabajadores serán retirados. Además, no descartan un rediseño de la actual estructura organizativa.
Funcionarios políticos y Fideicomisos
- Altos ejecutivos de YPFB señalaron que más de 500 ‘masistas’ sin ninguna experiencia profesional ni técnica ingresaron a la empresa desde la gestión de Guillermo Aruquipa hasta la de Santos Ramírez. Estos trabajadores entraron con el ‘aval’ de algunos diputados, senadores y las organizaciones sociales, como la Csutcb y el movimiento Bartolina Sisa.
- Durante la presidencia de Juan Carlos Ortiz (2006-2007) había 900 funcionarios y aproximadamente unos 160 trabajadores eventuales.
- En la administración de Manuel Morales Olivera, que duró sólo tres meses en 2007, había 800 funcionarios.
- Actualmente, existen 1.490 funcionarios; 74 fueron despedidos desde que asumió Carlos Villegas. Se anunció que la planilla de YPFB debe quedar en unos 1.000 trabajadores.
- El Senado pidió que se nombre personas mediante concurso de méritos y electos por dos tercios en el Congreso, para manejar YPFB, porque de lo contrario continuarán los actos de corrupción.
- Los economistas señalan que los fideicomisos no deben ser usados en el sector público, porque éste no tiene control en la ejecución de los recursos. Su manejo se lo realiza de manera directa y discrecional, los montos disponibles están asignados en su totalidad y no necesitan de la solicitud al Ministerio de Hacienda.
Cuestionan a Villegas y Aruquipa
Los sectores sociales como la COB, la Confederación de Choferes de Bolivia, los trabajadores petroleros, los analistas y los empresarios emitieron duras críticas contra el ex ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas (actual presidente de YPFB) y el superintendente del área, Guillermo Aruquipa, por ser partícipes de la fallida política energética que encara el Gobierno y por ser también, supuestamente, culpables de los actos de corrupción al interior de YPFB.
Los sectores señalan que si los mandamases del sector hidrocarburífero no son profesionales, ni tienen idea de lo que es la fase de exploración y explotación, peor aún de una buena administración y elaboración de contratos, el resto de los funcionarios marcha por un mal camino y cada uno hace lo que quiere. Prueba de ello es el organigrama de YPFB, que si bien es ‘bonito’, no hay quién lo ejecute, porque el directorio es político.
“En este momento, lo ejecuta un presidente que es político, que no conoce la industria, que no participó en contratos de negociaciones de gas, que no sabe de los mercados ni de los tiempos exploratorios. Entonces, esta empresa no puede estar conducida por esta gente, peor su nivel de directorio. El ex y el actual presidente de YPFB son un títere de la política. Lo que se intenta es salvarla de los políticos de turno”, señaló una ex autoridad.
El experto se refiere a que el ex ministro Saúl Ávalos fue a Rusia sin saber nada de energía; el súper de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa desconoce lo que es upstream (trabajos de exploración, perforación, explotación y hasta su entrega en refinería, plantas de proceso o fraccionamiento) y no realiza labores de fiscalización en el país.
Las críticas al ex ministro del gas Villegas apuntan a que nunca ejerció tuición directa sobre YPFB, de ahí que surgieron irregularidades como el caso Catler. Se afirma que debió enviar auditores a YPFB bajo la ley 1178 y la actual Ley de Hidrocarburos.
“Hay que modificar estatutos”
Hugo de la Fuente / Ex ‘súper’ de Hidrocarburos
Se debe hacer un nuevo diseño institucional. Hay que comenzar con bajar el poder de decisión de las contrataciones al presidente de YPFB. Tiene que ver la administración en el tema macro, es decir, que vea que haya inversión en exploración y explotación, que haya la cantidad de petróleo y gas para cumplir los contratos de exportación y garantice el mercado interno con gasolina, diésel y GLP.
Toda compra de equipos de perforación -como el taladro chino- debe estar delegado a una vicepresidencia que se encargue solamente de las contrataciones.
Se necesita una norma específica para cambiar la responsabilidad de la máxima autoridad. Esta suerte de vicepresidencia debe tener la opción de contratar una agencia especialista en contrataciones, por ejemplo, que sea la responsable de la adquisición de equipos.
El D.S. 29506, en su capítulo II, referido a la contratación directa que autoriza a YPFB realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de hidrocarburos, es una normativa buena cuando la empresa está institucionalizada, pero es mala cuando está politizada, como el caso actual donde no hay funcionarios de carrera. Asimismo, toda la estructura debe tener una suerte de ‘control social’, como se hace en Canadá. En este cuerpo deben participar la COB, Colegio de Economistas, abogados, Colegio de Ingenieros Petroleros, universidades.
Es decir, un equipo multidisciplinario.
La máxima autoridad no debe ensuciarse ni tener amplios poderes para tomar decisiones en estos aspectos.
El presidente debe actuar con el directorio. Los estatutos deben cambiarse.
El presidente y los vicepresidentes deben tener experiencia profesional en el sector por lo menos 10 años. Lo mismo debe hacerse con el ministro de Hidrocarburos y la Superintendencia.
Principales propuestas de los expertos
Álvaro Ríos | Ex ministro de Hidrocarburos
“Salvataje de la estatal”
- El Gobierno debe institucionalizar la empresa. El Parlamento debe nombrar un presidente ejecutivo de YPFB que sea creíble ante el sector internacional petrolero, que sea creíble ante la sociedad boliviana, los inversionistas y los países vecinos.
- Plantea que haya un nuevo directorio fiscalizador, que tenga experiencia en la industria, bien remunerado, independiente del poder político. Propone una ley corta de la República que autorice a los diferentes estamentos e instituciones nombrar el directorio; en este caso, que esté conformada por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, las prefecturas, la Sociedad de Ingenieros Petroleros, la Asociación Nacional de la Prensa, la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, entre otros que realmente representen a la sociedad boliviana y que pueda salvar a YPFB de una muerte anunciada que llevará al país al caos.
- El experto sugiere trabajar de manera urgente en la despolitización de Yacimientos, tomando en cuenta que los hidrocarburos no son de los gobiernos de turno sino de todos los bolivianos. También pide elaborar una ley viable, para que YPFB se convierta en un verdadero holding y que los bolivianos nos sintamos orgullosos de la estatal así como los brasileños con Petrobras y los colombianos con Ecopetrol.
Alfredo García | Ex funcionario de YPFB
“Viraje a una gran empresa”
- Bolivia ha estado exportando cientos de especialistas desde los años 80 y 90. Hay expertos que han salido de las empresas Occidental Boliviana y de Tesoro Bolivia que ahora no podrán volver al país si no se los atrae con seguridad jurídica y estabilidad laboral.
- García, que trabajó en EEUU, Colombia y Argentina y hace poco regresó al país, plantea que no debe haber borrón y cuenta nueva, sino enmiendas a la Ley de Hidrocarburos para que asegure estabilidad legal para los inversionistas. Señala que la flexibilización a la normativa es una condición necesaria para poder dar el impulso a YPFB.
- Sugiere que los nuevos funcionarios técnicos deben ser contratados con sueldos entre 4 y 5 mil dólares mensuales y que YPFB se despolitice y adopte formas de gestión de las privadas, similar al funcionamiento de la brasileña Petrobras.
- En cuanto a la planificación administrativa y operativa, sugiere que las enormes tareas de la estatal petrolera obligan al uso de inversionistas y de una gestión corporativa de múltiples brazos mancomunados para un éxito común de Bolivia y de sus actores.
- Asimismo, deja en claro que la empresa está obligada a una gran planificación y ejecución de metas de corto y largo alcance, dentro de un marco de seguridad jurídica y de cumplimiento de los contratos con las petroleras que operan en el territorio nacional.
Carlos Sánchez | Presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros
“Volver al antiguo sistema”
- El experto coincide con el punto de vista de su colega Álvaro Ríos. Señala que YPFB está regido bajo la Ley 3058, que no es más que una ley impositiva que ha mejorado los ingresos por la participación. Actualmente con el D.S. 28701 se inicia un proceso de mayor participación del Estado en el manejo de la cadena del sector hidrocarburífero.
- Haciendo un diagnóstico del estado actual de YPFB, manifestó que la empresa no ha podido ni siquiera certificar las reservas. En 2019 se acabará el contrato con Brasil y después ¿qué? se pregunta el especialista. En el mercado interno, advierte que el Estado gasta millones en la importación de diésel y para este invierno el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas ya anunció la importación de GLP. Toda esta situación refleja que el manejo administrativo de YPFB ha sido un desastre, por la falta de conducción y de técnicos que puedan manejarla. Recordó que en regímenes de facto hubo presidentes militares pero se respetó las labores técnicas bajo una unidad vertical de gerencia general y gerencias operativas y no como en la actualidad que se tiene un monstruo de varias cabezas y nadie sabe qué hacer.
- Dentro de las soluciones el especialista plantea: despolitizar YPFB, institucionalizar la empresa, enviar una terna al Congreso para nombrar un presidente, volver al antiguo sistema donde había un presidente, un directorio, una gerencia general y las gerencias operativas.
Carlos Alberto López | Ex viceministro de Energía
“Sociedad anónima”
- Según López, hay recetas que funcionan y otras que no funcionan. Entre las últimas están las que se aplican con Pemex, Pdvsa, Petroecuador y YPFB, que son compañías que se encuentran bajo el control absoluto del Estado y, por lo tanto, del Gobierno de turno. Es decir, son ineficientes, representan alto riesgo para los inversionistas y financiadores. Terminan afectando negativamente al país con niveles de inversión y producción en constante declinación.
- La otra cara de la medalla lo representa Petrobras, que está siendo imitada por Petroperú, en Perú, y Ecopetrol, en Colombia. En ambos países el Estado tiene una participación mayoritaria pero son sociedades anónimas, cuyas acciones son cotizadas, en el caso de Petrobras, en la Bolsa de San Pablo y Nueva York e inclusive en Europa. Estas empresas son administradas de forma autónoma como sociedades anónimas, que responden no necesariamente a los mandatos, caprichos y vaivenes coyunturales que le imponen los gobiernos de turno, sino que responden a consideraciones empresariales, técnicas y financieras.
- La propuesta de López apunta a convertir YPFB en una sociedad anónima en la que, de alguna forma, la población boliviana pueda tener una participación directa a través de acciones. Por otro lado, plantea que una asamblea de accionistas designe a los nuevos directores para que respondan a los intereses de la empresa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario