Ciento trece estaciones de servicio de gas natural vehicular (GNV) en todo el país perderán cerca de un millón de dólares por año con la aplicación del Decreto Supremo 29629, aprobado por el Gobierno el 2 de julio. Ese cálculo es del asesor legal de la Cámara Departamental de GNV Carlos Alberto Mostajo.
La norma dispone la creación de un Fondo de Conversión de Vehículos a GNV de 0,18 bolivianos por metro cúbico (Bs/m3) y un Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de 0,02 Bs/m3, cuyos montos deberán ser aportados por los dueños de los surtidores.
Según el decreto, las empresas contribuyen con 0,20 bolivianos por cada metro cúbico de GNV que venden. En promedio, los surtidores comercializan 7.600 metros cúbicos diarios.
Mostajo aseguró que la disposición aplica una especie de “impuesto encubierto” que confisca ingresos privados dirigidos a mantenimiento, sueldos, insumos, compra de equipos y pago de servicios, entre otros.
Señaló que vulnera los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y a la propiedad privada establecidos en la Constitución Política del Estado, el Código Tributario y las leyes de Hidrocarburos y de Inversiones.
Para la Superintendencia del área, las estaciones están en capacidad de ceder parte de sus recursos, a partir de los cuales se busca otorgar gratuitamente kits (equipos) de GNV al sector público e impulsar el cambio de matriz energética.
Según Mostajo, dada la falta de gas natural y la limitada capacidad de transporte, no se puede cambiar la matriz en La Paz y El Alto, y en Cochabamba y Santa Cruz casi todos los autos funcionan con GNV. Dijo que demandará al Gobierno.
La norma dispone la creación de un Fondo de Conversión de Vehículos a GNV de 0,18 bolivianos por metro cúbico (Bs/m3) y un Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de 0,02 Bs/m3, cuyos montos deberán ser aportados por los dueños de los surtidores.
Según el decreto, las empresas contribuyen con 0,20 bolivianos por cada metro cúbico de GNV que venden. En promedio, los surtidores comercializan 7.600 metros cúbicos diarios.
Mostajo aseguró que la disposición aplica una especie de “impuesto encubierto” que confisca ingresos privados dirigidos a mantenimiento, sueldos, insumos, compra de equipos y pago de servicios, entre otros.
Señaló que vulnera los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y a la propiedad privada establecidos en la Constitución Política del Estado, el Código Tributario y las leyes de Hidrocarburos y de Inversiones.
Para la Superintendencia del área, las estaciones están en capacidad de ceder parte de sus recursos, a partir de los cuales se busca otorgar gratuitamente kits (equipos) de GNV al sector público e impulsar el cambio de matriz energética.
Según Mostajo, dada la falta de gas natural y la limitada capacidad de transporte, no se puede cambiar la matriz en La Paz y El Alto, y en Cochabamba y Santa Cruz casi todos los autos funcionan con GNV. Dijo que demandará al Gobierno.
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