El Gobierno de Perú espera que el Estado boliviano otorgue una justa compensación a la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), cuyas acciones peruanas y alemanas fueron nacionalizadas el 1 de mayo. Además, pide que se actúe en el marco de los tratados bilaterales de promoción y respeto de inversiones, dijo el embajador de ese país en Bolivia, Fernando Rojas.
El diplomático peruano señaló que su país respeta las decisiones que puedan adoptar las autoridades bolivianas, pero manifestó su esperanza en que se haga una evaluación apropiada para definir la compensación que se le hará a la empresa. “No hay que olvidar que tenemos en vigor un tratado de promoción y, sobre todo, de protección de inversiones entre Perú y Bolivia”, declaró ayer a la red ATB.
La CLHB junto a otras dos petroleras (Transredes y Chaco) fueron obligadas por decreto a pasar sus acciones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a principios de este mes, en el marco de la nacionalización de los hidrocarburos.
La determinación gubernamental se dio después de que no se pudo avanzar en la negociación con los ejecutivos de la CLHB para la compra y venta de acciones. El Estado quería pagar $us 10 millones por ésta, pero los accionistas pedían 30 millones.
Según un comunicado, las firmas Oiltanking (Alemania) y Graña y Montero (Perú), ex propietarias de la CLHB, expresan su “decepción por la actitud brusca” que asumió el presidente de Bolivia, Evo Morales, al nacionalizar la empresa que gerenciaban en el país. Agregan que el Gobierno negocie para determinar el valor justo de las acciones.
La empresa, después de que fue obligada a vender sus acciones y aceptar que el Ejecutivo ponga precio a las mismas, el 9 de mayo fue intervenida por la Superintendencia de Hidrocarburos por supuestas irregularidades que se presentaron al interior de la compañía, que ponían en riesgo el almacenamiento, transporte y distribución de los carburantes.
Un día antes al 9 de mayo, el presidente de YPFB, Santos Ramírez, denunció que en la empresa se estaban presentando una serie de irregularidades, como la de retirar dineros para pagar beneficios a sus trabajadores.
Al respecto, el embajador Rojas dijo que este es un asunto que debe ser resuelto entre la empresa y las autoridades bolivianas.
"Es un tema que corresponde tratar a la empresa, ellos tendrán que decir sus puntos de vista..., es un asunto que corresponde a la empresa. Sobre eso, nosotros no somos a quienes nos corresponde opinar", sostuvo.
El diplomático peruano señaló que su país respeta las decisiones que puedan adoptar las autoridades bolivianas, pero manifestó su esperanza en que se haga una evaluación apropiada para definir la compensación que se le hará a la empresa. “No hay que olvidar que tenemos en vigor un tratado de promoción y, sobre todo, de protección de inversiones entre Perú y Bolivia”, declaró ayer a la red ATB.
La CLHB junto a otras dos petroleras (Transredes y Chaco) fueron obligadas por decreto a pasar sus acciones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a principios de este mes, en el marco de la nacionalización de los hidrocarburos.
La determinación gubernamental se dio después de que no se pudo avanzar en la negociación con los ejecutivos de la CLHB para la compra y venta de acciones. El Estado quería pagar $us 10 millones por ésta, pero los accionistas pedían 30 millones.
Según un comunicado, las firmas Oiltanking (Alemania) y Graña y Montero (Perú), ex propietarias de la CLHB, expresan su “decepción por la actitud brusca” que asumió el presidente de Bolivia, Evo Morales, al nacionalizar la empresa que gerenciaban en el país. Agregan que el Gobierno negocie para determinar el valor justo de las acciones.
La empresa, después de que fue obligada a vender sus acciones y aceptar que el Ejecutivo ponga precio a las mismas, el 9 de mayo fue intervenida por la Superintendencia de Hidrocarburos por supuestas irregularidades que se presentaron al interior de la compañía, que ponían en riesgo el almacenamiento, transporte y distribución de los carburantes.
Un día antes al 9 de mayo, el presidente de YPFB, Santos Ramírez, denunció que en la empresa se estaban presentando una serie de irregularidades, como la de retirar dineros para pagar beneficios a sus trabajadores.
Al respecto, el embajador Rojas dijo que este es un asunto que debe ser resuelto entre la empresa y las autoridades bolivianas.
"Es un tema que corresponde tratar a la empresa, ellos tendrán que decir sus puntos de vista..., es un asunto que corresponde a la empresa. Sobre eso, nosotros no somos a quienes nos corresponde opinar", sostuvo.
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