Mientras el Ministerio de Hidrocarburos acelera las negociaciones para la compra-venta de acciones de las empresas Chaco S.A., Transredes, Andina, además de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), la estatal petrolera YPFB puso ayer en marcha su nueva estructura organizativa dentro de la cual creó dos súper gerencias nacionales, una de Planificación y otra de Programa de Trabajos y Presupuesto, que tendrán tuición directa y el control de las petroleras, especialmente de las capitalizadas a partir del 1 de mayo, plazo fijado por el propio presidente Evo Morales, para adquirir el 51% de las capitalizadas.
El presidente a.i. de YPFB, Santos Ramírez, que llegó este fin de semana a Santa Cruz, reveló a EL DEBER que el directorio ya aprobó la nueva estructura organizativa mediante la cual la empresa se convierte oficialmente en una corporación administradora de varias unidades de negocios en el país y con proyecciones internacionales.
La idea principal pasa por tener el control de todas las petroleras que operan en el país y además ejercer una efectiva fiscalización en los campos. La súper gerencia de Planificación tiene como primera misión trabajar en un plan estratégico de la empresa desde 2009 a 2020. En este cargo juró Misael Gemio y en la de Trabajo y Presupuesto, José Luis Gutiérrez.
La otra gerencia ejecutiva analizará y revisará los planes de inversión, gastos y desarrollo de todas las petroleras. Estas dos estructuras son las variantes fundamentales en comparación con el anterior organigrama.
A ello se agrega la nueva posesión del gerente de fiscalización Mario Arenas, que trabajará exlusivamente en Santa Cruz, Camiri y Villamontes.
Tras esta nueva política se confirma que en Santa Cruz operará la vicepresidencia de Operaciones a cargo de Guillermo Aruquipa; en Villamontes la vicepresidencia de Fiscalización y Contratos, mientras que la gerencia de ductos queda en Sucre; la de industrialización en Cochabamba; la de Exploración en Camiri y la de Comercialización en La Paz.
Mientras tanto, fuentes gubernamentales y del Ministerio de Hidrocarburos, junto a una comisión técnica de YPFB, avanzan a pasos acelerados en las negociaciones con cuatro grupos técnicos de los accionistas de las empresas Andina, Ashmore (Transredes), British Petroleum (Chaco) además de CLHB, compañías que están de acuerdo con el decreto de nacionalización y que están dispuestas a vender las acciones necesarias a YPFB para que pueda llegar al 50 por ciento más uno.
Según una alta fuente del Poder Ejecutivo, el Gobierno fijó en $us 2 mil millones la compra del paquete accionario de todas las empresas para tener el control del 51% y además poder cambiar la estructura de los actuales directorios. La idea pasa por asumir las presidencias ejecutivas de los directorios, pero el resto del equipo se mantendrá.
“El Gobierno ya compró más del 14% de las acciones de Transredes y apenas falta un 2,5% para cerrar todo el negocio; en el caso de Chaco y Andina hay amplia predisposición y creemos que en una semana más cerraremos trato. Se prevé pagar por cada una de ellas aproximadamente 500 millones de dólares. En lo que respecta a CLHB es algo pequeño y la cifra puede llegar a unos 20 millones de dólares”, dijo la fuente.
Cabe recordar que tras adquirir derechos de la quebrada firma estadounidense Enron y la anglo-holandesa Shell, Ashmore Energy International tiene el 50% y la administración de Transredes, en la que la petrolera estatal boliviana YPFB controla el 34% e inversionistas particulares la participación restante.
En ese sentido, YPFB pretende comprar al menos 17% de acciones de Ashmore, para asumir el control de la compañía que opera la mayor red interna de ductos y controla el tramo boliviano de un gasoducto Bolivia-Brasil; sin embargo, una alta fuente gubernamental confirmó que YPFB ya adelantó la adquisición de un buen paquete y sólo resta un 2,5% para asumir el control.
Sobre el particular, las empresas optaron por no emitir mayores comentarios sobre el negocio y aclararon que todas las gestiones de compra-venta son efectuadas por los accionistas. No obstante, exteriorizaron su satisfacción por llegar a buenos acuerdos.
Un comunicado de Transredes indica que la transportadora continuará brindando un servicio de valor y confianza para el país. “El tema de si hay o no negociaciones está en manos de los accionistas”, sintetiza la nota.
A su vez, la empresa Chaco indicó que las negociaciones están encaminadas con los mayores accionistas, British Petroleum. Mientras, la petrolera Andina tiene prácticamente adelantado un pacto con YPFB.
Un análisis del consultor en Hidrocarburos Boris Gómez sugiere que las prefecturas sean accionistas de las capitalizadas, porque los dineros con los que se las adquirirá para lograr mayoría y control fiscal vienen de las regiones productoras.
Lo que establece el marco legal
1.- El decreto. El decreto supremo instruye a YPFB la compra de acciones en las compañías de exploración y explotación Andina, controlada por la española Repsol-YPF, y Chaco S.A., administrada por la británica British Petróleum, hasta el 31 de abril. La tercera empresa es la transportadora de Hidrocarburos Transredes, que es gestionada por la británica Ashmore. Las tres nacieron del proceso de privatización parcial de YPFB en 1996.
2.- El caso CLHB. A la compra parcial de las acciones de las anteriores empresas capitalizadas se suma una empresa de menor dimensión, la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), de capitales alemanes y peruanos, y que opera poliductos y terminales de almacenamiento compradas el año 2000 al Estado boliviano.
3.- Antecedentes. El cumplimiento del decreto de nacionalización de 2006 ha implicado en su primera fase una renegociación de contratos con las 12 compañías petroleras que operan en el territorio nacional con vistas a obtener más ingresos para el Estado. Ahora, el Poder Ejecutivo va tras la negociación de las acciones de Andina, Chaco, Transredes y CLHB con el objetivo de asumir el control del 51% de esas empresas.
Chaco inició plan de sísmica en Percheles
La empresa petrolera Chaco S.A., cuyo accionista mayoritario es Pan American Energy (PAE), puso en marcha el proyecto de sísmica 3D en el campo Percheles, utilizando como fuente de energía materiales biodegradables y de alta seguridad, empleados por primera vez en Sudamérica, según un comunicado emitido por la compañía.
Con la sísmica 3D, que abarca un área de 250 km2, se busca definir el perfil del reservorio con el fin de optimizar la perforación de los pozos en el desarrollo del campo. La producción que se extraiga en Percheles, ubicado a 50 kilómetros al sur de la capital cruceña, está comprometida para el abastecimiento del mercado interno y la exportación de acuerdo a volúmenes y plazos definidos por YPFB.
El líder del equipo de generación de prospectos G&G de la gerencia de Exploración y Desarrollo, Eloy Martínez, explicó que adicionalmente se espera que el proyecto ayude a definir oportunidades exploratorias remanentes y aún no investigadas en esa estructura. La empresa estima crear 400 nuevos empleos en las comunidades dentro del área de trabajo.
«Las grandes inversiones vendrán a partir de julio»
Santos Ramírez /Presidente A.I. de YPFB
- Hace dos semanas usted citó a las compañías petroleras que operan en el país para ver los avances de sus planes de inversión y futuros proyectos. Tras esas reuniones, ¿cuáles han sido las conclusiones?
- Hemos encontrado, entre una de las dificultades, la parte técnica operativa. Producto de los 43 contratos de operación tenemos la obligación de fiscalizar el campo en boca de pozo, no solamente la certificación de producción o fiscalización de la producción, ante todo el control de la fiscalización de los gastos que se hacen en costos recuperables, esa es nuestra debilidad. Por ello hemos creado la gerencia nacional de Programa de Trabajos y Presupuestos, que tiene que ver con la aprobación de los planes de las diferentes inversiones que efectúen las compañías. En las reuniones con las operadoras hemos podido verificar que hay dificultades, la primera de ellas es que las inversiones durante el primer trimestre no son las más expectables, pero hay un compromiso de las petroleras de que cumplirán con un cronograma de acuerdo con los planes de programa y presupuesto.
- ¿Nos puede ejemplificar algunos casos?
- Sólo para citar el caso de la petrolera BG, entre enero, febrero y marzo debería haber invertido más de 7 millones de dólares, montos que han corrido, pero son mínimas y recién lo fuerte vendrá entre julio y septiembre de este año. Después de la primera reunión estamos haciendo una agenda común para resolver los temas pendientes.
- ¿A qué temas se refiere?
- Hay algunos puntos que tienen que ver con retribuciones, costos recuperables, licencia ambiental, autorizaciones de compra y sobre todo la fiscalización y certificación de producción, etc.
- ¿Eso significa que no hay una real fiscalización y control en los campos petroleros?
- Vamos a empezar realmente la fiscalización en el campo operativo. Una vez que concluyamos este trabajo retomamos el emprendimiento de nuestra empresa, lo que significa que cualquiera que venga de presidente de YPFB debe seguir con el plan estratégico trazado.
- Hasta el momento, ¿qué acciones se han tomado?
- Hemos puesto en marcha la primera sociedad con Pdvsa, donde YPFB tiene un 60% y la empresa venezolana un 40%. Lo que deberíamos hacer hace mucho tiempo recién lo sellamos hace dos días. Lo segundo es que necesitamos caminar rumbo a la industrialización de nuestro gas y petróleo. Por ello hemos licitado para que se haga el estudio de ingeniería básica para la planta de separación de licuables en el Chaco boliviano.
- Por lo que se ve, va a demorar un buen tiempo las inversiones y el desarrollo de nuevos campos, ¿para cuándo se prevé tener un escenario óptimo?
- Yo creo que de aquí a tres años YPFB ingresará a la etapa de exploración, y perforación e industrialización. Con ello estaremos en toda la cadena.
- Tengo entendido que ésta es su primer visita a Santa Cruz y la primera reunión con los trabajadores, ¿usted garantiza la estabilidad laboral?
- Hemos escuchado a los trabajadores del Distrito Comercial Oriente, de la vicepresidencia, de las gerencias y direcciones. Hay buena voluntad y buen ánimo para consolidar la refundación y el proceso de nacionalización. En la medida que logremos esto, todos los trabajadores deben estar seguros de que se respetará sus fuentes laborales.
- En otro tema, desde que su persona asumió el cargo, el presidente de la República, Evo Morales, anunció el relanzamiento de YPFB a través de una decena de decretos, sin embargo, hasta la fecha no hay nada...
- Nosotros tenemos en este momento el emprendimiento con la PetroAndina, con la que vamos a ingresar a áreas no tradicionales y tradicionales. Ahora queremos que el Congreso lo apruebe. Paralelamente, tenemos varios decretos que están siendo validados y revisados minuciosamente para no tener ninguna falla más adelante. El miércoles vamos a presentar la propuesta al gabinete.
- Pero, ¿a qué están referidos los decretos supremos?
- Exactamente a la refundación de la empresa, a una reorganización de las unidades. La segunda parte está referida a la administración de los contratos de operación, es decir, a la reglamentación de los costos recuperables. Sabemos, por ley, que 50% es irrevisable y que eso va a las prefecturas, alcaldías, universidades; el otro 50% es de YPFB y corresponde a la participación en los megacampos. Además hay que resolver algunos temas de procedimiento, de cálculo en cuanto a IDH, regalías y otros impuestos. No es posible que YPFB pague tres meses antes todas las exportaciones cuando nosotros recibimos el pago después de tres meses, lo que afecta al flujo de caja. Eso tenemos que resolverlo. Otra estrategia está orientada a la capacitación de los profesionales. Lo demás tiene que ver con la Aduana y el fisco.
- ¿Significa que YPFB tiene problemas con Impuestos?
- Nos han comunicado que paguemos una deuda de 219 millones de bolivianos que data de la gestión 95-96, esto no puede ser, pero esperamos resolverlo de la mejor manera posible con las autoridades.
El presidente a.i. de YPFB, Santos Ramírez, que llegó este fin de semana a Santa Cruz, reveló a EL DEBER que el directorio ya aprobó la nueva estructura organizativa mediante la cual la empresa se convierte oficialmente en una corporación administradora de varias unidades de negocios en el país y con proyecciones internacionales.
La idea principal pasa por tener el control de todas las petroleras que operan en el país y además ejercer una efectiva fiscalización en los campos. La súper gerencia de Planificación tiene como primera misión trabajar en un plan estratégico de la empresa desde 2009 a 2020. En este cargo juró Misael Gemio y en la de Trabajo y Presupuesto, José Luis Gutiérrez.
La otra gerencia ejecutiva analizará y revisará los planes de inversión, gastos y desarrollo de todas las petroleras. Estas dos estructuras son las variantes fundamentales en comparación con el anterior organigrama.
A ello se agrega la nueva posesión del gerente de fiscalización Mario Arenas, que trabajará exlusivamente en Santa Cruz, Camiri y Villamontes.
Tras esta nueva política se confirma que en Santa Cruz operará la vicepresidencia de Operaciones a cargo de Guillermo Aruquipa; en Villamontes la vicepresidencia de Fiscalización y Contratos, mientras que la gerencia de ductos queda en Sucre; la de industrialización en Cochabamba; la de Exploración en Camiri y la de Comercialización en La Paz.
Mientras tanto, fuentes gubernamentales y del Ministerio de Hidrocarburos, junto a una comisión técnica de YPFB, avanzan a pasos acelerados en las negociaciones con cuatro grupos técnicos de los accionistas de las empresas Andina, Ashmore (Transredes), British Petroleum (Chaco) además de CLHB, compañías que están de acuerdo con el decreto de nacionalización y que están dispuestas a vender las acciones necesarias a YPFB para que pueda llegar al 50 por ciento más uno.
Según una alta fuente del Poder Ejecutivo, el Gobierno fijó en $us 2 mil millones la compra del paquete accionario de todas las empresas para tener el control del 51% y además poder cambiar la estructura de los actuales directorios. La idea pasa por asumir las presidencias ejecutivas de los directorios, pero el resto del equipo se mantendrá.
“El Gobierno ya compró más del 14% de las acciones de Transredes y apenas falta un 2,5% para cerrar todo el negocio; en el caso de Chaco y Andina hay amplia predisposición y creemos que en una semana más cerraremos trato. Se prevé pagar por cada una de ellas aproximadamente 500 millones de dólares. En lo que respecta a CLHB es algo pequeño y la cifra puede llegar a unos 20 millones de dólares”, dijo la fuente.
Cabe recordar que tras adquirir derechos de la quebrada firma estadounidense Enron y la anglo-holandesa Shell, Ashmore Energy International tiene el 50% y la administración de Transredes, en la que la petrolera estatal boliviana YPFB controla el 34% e inversionistas particulares la participación restante.
En ese sentido, YPFB pretende comprar al menos 17% de acciones de Ashmore, para asumir el control de la compañía que opera la mayor red interna de ductos y controla el tramo boliviano de un gasoducto Bolivia-Brasil; sin embargo, una alta fuente gubernamental confirmó que YPFB ya adelantó la adquisición de un buen paquete y sólo resta un 2,5% para asumir el control.
Sobre el particular, las empresas optaron por no emitir mayores comentarios sobre el negocio y aclararon que todas las gestiones de compra-venta son efectuadas por los accionistas. No obstante, exteriorizaron su satisfacción por llegar a buenos acuerdos.
Un comunicado de Transredes indica que la transportadora continuará brindando un servicio de valor y confianza para el país. “El tema de si hay o no negociaciones está en manos de los accionistas”, sintetiza la nota.
A su vez, la empresa Chaco indicó que las negociaciones están encaminadas con los mayores accionistas, British Petroleum. Mientras, la petrolera Andina tiene prácticamente adelantado un pacto con YPFB.
Un análisis del consultor en Hidrocarburos Boris Gómez sugiere que las prefecturas sean accionistas de las capitalizadas, porque los dineros con los que se las adquirirá para lograr mayoría y control fiscal vienen de las regiones productoras.
Lo que establece el marco legal
1.- El decreto. El decreto supremo instruye a YPFB la compra de acciones en las compañías de exploración y explotación Andina, controlada por la española Repsol-YPF, y Chaco S.A., administrada por la británica British Petróleum, hasta el 31 de abril. La tercera empresa es la transportadora de Hidrocarburos Transredes, que es gestionada por la británica Ashmore. Las tres nacieron del proceso de privatización parcial de YPFB en 1996.
2.- El caso CLHB. A la compra parcial de las acciones de las anteriores empresas capitalizadas se suma una empresa de menor dimensión, la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), de capitales alemanes y peruanos, y que opera poliductos y terminales de almacenamiento compradas el año 2000 al Estado boliviano.
3.- Antecedentes. El cumplimiento del decreto de nacionalización de 2006 ha implicado en su primera fase una renegociación de contratos con las 12 compañías petroleras que operan en el territorio nacional con vistas a obtener más ingresos para el Estado. Ahora, el Poder Ejecutivo va tras la negociación de las acciones de Andina, Chaco, Transredes y CLHB con el objetivo de asumir el control del 51% de esas empresas.
Chaco inició plan de sísmica en Percheles
La empresa petrolera Chaco S.A., cuyo accionista mayoritario es Pan American Energy (PAE), puso en marcha el proyecto de sísmica 3D en el campo Percheles, utilizando como fuente de energía materiales biodegradables y de alta seguridad, empleados por primera vez en Sudamérica, según un comunicado emitido por la compañía.
Con la sísmica 3D, que abarca un área de 250 km2, se busca definir el perfil del reservorio con el fin de optimizar la perforación de los pozos en el desarrollo del campo. La producción que se extraiga en Percheles, ubicado a 50 kilómetros al sur de la capital cruceña, está comprometida para el abastecimiento del mercado interno y la exportación de acuerdo a volúmenes y plazos definidos por YPFB.
El líder del equipo de generación de prospectos G&G de la gerencia de Exploración y Desarrollo, Eloy Martínez, explicó que adicionalmente se espera que el proyecto ayude a definir oportunidades exploratorias remanentes y aún no investigadas en esa estructura. La empresa estima crear 400 nuevos empleos en las comunidades dentro del área de trabajo.
«Las grandes inversiones vendrán a partir de julio»
Santos Ramírez /Presidente A.I. de YPFB
- Hace dos semanas usted citó a las compañías petroleras que operan en el país para ver los avances de sus planes de inversión y futuros proyectos. Tras esas reuniones, ¿cuáles han sido las conclusiones?
- Hemos encontrado, entre una de las dificultades, la parte técnica operativa. Producto de los 43 contratos de operación tenemos la obligación de fiscalizar el campo en boca de pozo, no solamente la certificación de producción o fiscalización de la producción, ante todo el control de la fiscalización de los gastos que se hacen en costos recuperables, esa es nuestra debilidad. Por ello hemos creado la gerencia nacional de Programa de Trabajos y Presupuestos, que tiene que ver con la aprobación de los planes de las diferentes inversiones que efectúen las compañías. En las reuniones con las operadoras hemos podido verificar que hay dificultades, la primera de ellas es que las inversiones durante el primer trimestre no son las más expectables, pero hay un compromiso de las petroleras de que cumplirán con un cronograma de acuerdo con los planes de programa y presupuesto.
- ¿Nos puede ejemplificar algunos casos?
- Sólo para citar el caso de la petrolera BG, entre enero, febrero y marzo debería haber invertido más de 7 millones de dólares, montos que han corrido, pero son mínimas y recién lo fuerte vendrá entre julio y septiembre de este año. Después de la primera reunión estamos haciendo una agenda común para resolver los temas pendientes.
- ¿A qué temas se refiere?
- Hay algunos puntos que tienen que ver con retribuciones, costos recuperables, licencia ambiental, autorizaciones de compra y sobre todo la fiscalización y certificación de producción, etc.
- ¿Eso significa que no hay una real fiscalización y control en los campos petroleros?
- Vamos a empezar realmente la fiscalización en el campo operativo. Una vez que concluyamos este trabajo retomamos el emprendimiento de nuestra empresa, lo que significa que cualquiera que venga de presidente de YPFB debe seguir con el plan estratégico trazado.
- Hasta el momento, ¿qué acciones se han tomado?
- Hemos puesto en marcha la primera sociedad con Pdvsa, donde YPFB tiene un 60% y la empresa venezolana un 40%. Lo que deberíamos hacer hace mucho tiempo recién lo sellamos hace dos días. Lo segundo es que necesitamos caminar rumbo a la industrialización de nuestro gas y petróleo. Por ello hemos licitado para que se haga el estudio de ingeniería básica para la planta de separación de licuables en el Chaco boliviano.
- Por lo que se ve, va a demorar un buen tiempo las inversiones y el desarrollo de nuevos campos, ¿para cuándo se prevé tener un escenario óptimo?
- Yo creo que de aquí a tres años YPFB ingresará a la etapa de exploración, y perforación e industrialización. Con ello estaremos en toda la cadena.
- Tengo entendido que ésta es su primer visita a Santa Cruz y la primera reunión con los trabajadores, ¿usted garantiza la estabilidad laboral?
- Hemos escuchado a los trabajadores del Distrito Comercial Oriente, de la vicepresidencia, de las gerencias y direcciones. Hay buena voluntad y buen ánimo para consolidar la refundación y el proceso de nacionalización. En la medida que logremos esto, todos los trabajadores deben estar seguros de que se respetará sus fuentes laborales.
- En otro tema, desde que su persona asumió el cargo, el presidente de la República, Evo Morales, anunció el relanzamiento de YPFB a través de una decena de decretos, sin embargo, hasta la fecha no hay nada...
- Nosotros tenemos en este momento el emprendimiento con la PetroAndina, con la que vamos a ingresar a áreas no tradicionales y tradicionales. Ahora queremos que el Congreso lo apruebe. Paralelamente, tenemos varios decretos que están siendo validados y revisados minuciosamente para no tener ninguna falla más adelante. El miércoles vamos a presentar la propuesta al gabinete.
- Pero, ¿a qué están referidos los decretos supremos?
- Exactamente a la refundación de la empresa, a una reorganización de las unidades. La segunda parte está referida a la administración de los contratos de operación, es decir, a la reglamentación de los costos recuperables. Sabemos, por ley, que 50% es irrevisable y que eso va a las prefecturas, alcaldías, universidades; el otro 50% es de YPFB y corresponde a la participación en los megacampos. Además hay que resolver algunos temas de procedimiento, de cálculo en cuanto a IDH, regalías y otros impuestos. No es posible que YPFB pague tres meses antes todas las exportaciones cuando nosotros recibimos el pago después de tres meses, lo que afecta al flujo de caja. Eso tenemos que resolverlo. Otra estrategia está orientada a la capacitación de los profesionales. Lo demás tiene que ver con la Aduana y el fisco.
- ¿Significa que YPFB tiene problemas con Impuestos?
- Nos han comunicado que paguemos una deuda de 219 millones de bolivianos que data de la gestión 95-96, esto no puede ser, pero esperamos resolverlo de la mejor manera posible con las autoridades.
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